Agentes antomotines cargan contra manifestantes antigubernamentales llegados desde todo el país para protestar contra la presidenta, Dina Boluarte, en Lima, Perú.
AP/MARTIN MEJIAMIAMI.- Un grupo de demócratas de la Cámara de Representantes exhortó al gobierno del presidente Joe Biden a suspender toda la asistencia de seguridad federal a Perú debido a un “patrón de represión” contra las protestas antigubernamentales que ha derivado en la muerte de más de 50 civiles.
Estados Unidos entrega más de 40 millones de dólares al año a Perú en asistencia para la seguridad, según la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos. La gran mayoría son para ayudar al país sudamericano a combatir el narcotráfico.
En ese sentido, la veintena de demócratas que firman la carta piden al presidente Biden que denuncie públicamente "las continuas violaciones contra los Derechos Humanos" y presione al Gobierno de Perú para que respete el derecho a la legítima protesta pacífica y al debido proceso.
Los manifestantes exigen la renuncia de Boluarte y del Congreso y que se organicen elecciones este año. Los legisladores rechazaron esa petición el viernes, pero después de que muriera otro manifestante y la actual mandataria les exhortara reconsiderar, el Congreso acordó el lunes por estrecho margen debatir una propuesta para que haya elecciones en octubre.
Mientras tanto, al extenderse las protestas a su segundo mes, las asediadas fuerzas de seguridad han hecho más uso de la fuerza.
Entre los incidentes mencionados en la carta organizada por la representante Susan Wild está la redada de la policía nacional a un dormitorio de estudiantes de la Universidad San Marcos en Lima, que incluyó el arresto masivo de casi 200 personas. El incidente generó indignación entre los peruanos porque, desde hace mucho tiempo, los campus han estado fuera del alcance de las fuerzas de seguridad, excepto cuando se cometen crímenes.
La invasión a la universidad provocó una dura condena de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dijo haber reunido testimonios de grupos de la sociedad civil que dicen que policías invadieron los dormitorios de líderes estudiantiles, hicieron comentarios racistas a activistas indígenas y obligaron a mujeres a desnudarse y hacer sentadillas.
Funcionarios de las Naciones Unidas y la Unión Europea han condenado enfáticamente lo que consideran el uso desproporcionado de la fuerza. El gobierno de Biden ha sido más moderado, al pedir investigaciones imparciales sobre los abusos y al mismo tiempo expresar su apoyo a los esfuerzos de Boluarte para restaurar la calma y encontrar una solución política.
En medio de la agitación, la embajadora estadounidense saliente Lisa Kenna anunció 8 millones de dólares adicionales en respaldo de Estados Unidos para las labores de erradicación de la coca en el alejado valle del Alto Huallaga. Ella también se ha reunido con el ministro de defensa y otros miembros del gabinete.
Ese tipo de acciones envían un “mensaje ambiguo”, señala la carta, la cual también fue firmada por la representante Alexandria Ocasio-Cortez, la representante Pramila Jayapal y el representante Jim McGovern, que desde hace tiempo ha expresado su apoyo a la defensa de los derechos humanos en Latinoamérica.
“El gobierno estadounidense puede y debe hacer más”, escribieron. “Creemos que nuestras acciones propuestas enviarían una poderosa señal en apoyo de derechos fundamentales y ayudarán a promover una participación efectiva para alcanzar una solución política”.
Una copia de la misiva también fue enviada al secretario de Estado Antony Blinken y al secretario de Defensa Lloyd Austin.
FUENTE: Con información de AP y Europa Press
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