sábado 14  de  enero 2023
POLÍTICA

Autogolpe de Pedro Castillo se revierte en su contra

La política peruana demostró este miércoles, una vez más, su capacidad para los giros de guion más inesperados y para resolver velozmente en apenas cuatro horas —en apariencia— procesos de crisis que en otros países tomarían cuando menos semanas

Por ERNESTO TOVAR

LIMA.- Casi al mediodía del miércoles 7 de diciembre el ahora detenido expresidente Pedro Castillo anunció la disolución del Congreso, el establecimiento de un gobierno de emergencia que gobernaría por decreto, la “reorganización” (un eufemismo para suspensión) de los poderes públicos, y un llamado a elecciones para un Legislativo con capacidades constituyentes.

La decisión desató una oleada política institucional de rechazo al intento de autogolpe de Estado por parte del Ejecutivo, que llevó a que el Parlamento lo destituyera en una votación con 101 votos a favor, 6 en contra y 10 abstenciones; y que luego el propio Congreso juramentara a la vicepresidenta Dina Boluarte como la primera presidenta del país andino.

Y Castillo, que empezó el día ocupando el llamado “Sillón de Pizarro” —por el conquistador español Francisco Pizarro— en el Palacio de Gobierno en Lima, terminó el día detenido en un cuartel policial en las afueras de la capital peruana, acusado de rebelión por parte de la Fiscalía.

Salto al vacío

Castillo debía enfrentar este mismo miércoles la tercera moción de destitución por parte del Congreso en sus 16 meses de gobierno, pero muy probablemente la superaría, puesto que el bloque de izquierda seguía soportando con sus votos al mandatario, pese a los intentos de la oposición de centroderecha de removerlo del cargo por esta vía.

Pero este miércoles al mediodía, pocas horas antes del debate parlamentario, Castillo anunció “decidimos establecer un gobierno de excepción”, que contemplaba disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional”.

El rechazo fue casi inmediato desde el Congreso, el Poder Judicial, la Fiscalía y varios de los propios ministros de Castillo.

El presidente del Congreso, José Williams, dijo que “nadie debe obediencia al gobierno usurpador”, la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, indicó que “condenamos todas las acciones que quiebren el orden constitucional”, y la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, afirmó su “rechazo enfático” al golpe intentado por Castillo.

Entre los ministros lo rechazaron algunos de los más prominentes, como el canciller César Landa, quien expresó “renunciar irrevocablemente (...) ante la decisión del presidente Castillo de cerrar el Congreso de la República, violando la Constitución”. Incluso Landa invocó “a la comunidad internacional a ayudar al reencauzamiento democrático en Perú”.

El ministro de Economía Kurt Burneo dijo que “habiéndose vulnerado el Estado de Derecho y en la línea con mis principios democráticos, presento mi renuncia irrevocable al cargo de ministro de Economía y Finanzas”, mientras que el titular de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, manifestó que “ante el anuncio del cierre del Congreso y la conformación de un gobierno de emergencia nacional, renuncio irrevocablemente a mi cargo”.

El exmandatario inclusive perdió el apoyo de su abogado en los seis procesos judiciales que le sigue la Fiscalía por presunta corrupción, Benji Espinoza, quien indicó que “al haberse producido una ruptura del orden constitucional, me veo en la obligación de renunciar irrevocablemente a la defensa del ciudadano Pedro Castillo”.

Críticas y reemplazo

La Organización de Estados Americanos (OEA), a la que Castillo recurrió pidiendo aplicar la Carta Democrática Interamericana alegando una conspiración y golpe de estado desde el Parlamento, también criticó la deriva dictatorial del expresidente.

“Lo ocurrido hoy (el miércoles 7 de diciembre) en Perú al disolver el Congreso sin base constitucional, constituye una alteración del orden constitucional en el país (...) la disolución del Congreso es condenable, repudiable desde todo punto de vista”, afirmó el secretario general de la OEA, Luis Almagro.

Castillo no logró apoyos ni políticos, ni militares. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional expresaron que “cualquier acto contrario al orden constitucional establecido” no sería acatado por ambos cuerpos.

Con esta puntilla en el mandato de Castillo, el Congreso, sin debate, reunió a su pleno para votar la posible destitución, que fue aprobada abrumadoramente y concretada entre aplausos y vítores por la democracia peruana.

Y de inmediato se anunció que en cumplimiento de la sucesión constitucional la vicepresidenta Boluarte sería investida como presidenta.

Boluarte, una abogada de 60 años oriunda de la provincia sureña de Apurimac, fue elegida compañera de Castillo en las elecciones de julio de 2021. Y apenas esta misma semana superó una posible destitución desde el Parlamento, que decidió archivar una investigación en su contra por posibles ilícitos administrativos en su cargo como ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

“Defenderé la soberanía nacional, la integridad física y moral de la república y la independencia de las instituciones democráticas” dijo la nueva presidenta en su juramento en el Congreso peruano.

Y luego, en su primer discurso al Parlamento, dijo que “se ha producido un intento de golpe de Estado, una impronta promovida por el señor Pedro Castillo, que no ha encontrado eco en las instituciones democráticas y en la calle”.

Boluarte, conocedora del enfrentamiento de varios años entre el Legislativo y el Ejecutivo, hizo un llamado al Congreso para “una tregua política para instalar un gobierno de unidad nacional”.

La nueva presidenta deberá designar un jefe de gabinete y designar un consejo de ministros, que debe ser refrendado por el Parlamento.

Detención y proceso judicial

Castillo fue detenido durante la tarde del 7 de diciembre tras salir del Palacio de Gobierno. Según un acta policial divulgada por el Canal N local, se dirigía a la embajada de México en Lima, donde incluso hubo grupos de personas que intentaban impedir el eventual paso del presidente para un refugio.

Al respecto el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, dijo incluso que “si Pedro Castillo pide asilo político, se lo damos". Sin embargo, Castillo no llegó a la sede diplomática pues fue interceptado por la policía, estando bajo custodia luego de su decreto golpista.

En imágenes divulgadas por el sistema de justicia se le observó acompañado por Anibal Torres, quien fuera su jefe de Gabinete hasta hace un par de semanas y uno de sus más cercanos aliados, mientras un equipo de fiscales encabezado por la propia fiscal de la Nación, Patricia Benavides, cumplían el protocolo judicial para cualquier detenido.

Luego, tarde en la noche, el exmandatario fue trasladado a una base policial, la misma donde se encuentra detenido el expresidente Alberto Fujimori, condenado por corrupción.

Por su parte el Ministerio Público anunció que cumple las diligencias correspondientes para la acusación de Castillo, mientras realiza pesquisas y allanamientos en el Palacio de Gobierno y en la sede del ministerio de Vivienda.

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Te puede interesar