BUENOS AIRES.- La justicia de Argentina, que conduce la controvertida investigación sobre el avión de una línea filial de Conviasa, de Venezuela, que fue retenido en ese país, en 2022, puso el caso a la orden de la jurisdicción estadounidense, pero no esclareció las sospechas sobre los 19 ocupantes venezolanos e iraníes.
El juez federal de Argentina, Federico Villena, informó recientemente que la aeronave Boeing 747-300 está a la orden de la justicia estadounidense, lo cual habría sido confirmado por un juez federal del Distrito de Columbia que autorizó el decomiso y traslado de la aeronave a Estados Unidos, indican reportes periodísticos.
No obstante, Villena habría desestimado el caso de los tripulantes y pasajeros, de los cuales a 12, en su mayoría venezolanos, se les permitió la salida de la capital de Argentina, desde septiembre de 2022.
En más de 60 días, no se han conocido nuevas actuaciones del caso próximo a cumplir un año y dos meses.
Sospechoso plan de vuelo
El 8 de junio de 2022, un avión Boeing 747-300 de la aerolínea Emtrasur, filial de la venezolana Conviasa, fue retenido por autoridades de Argentina, luego de permanecer varado, durante dos días, en el aeropuerto Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Quedó sin combustible a su regreso de un frustrado vuelo a Uruguay, según reportes.
La presencia del avión levantó serias sospechas, por lo que los 14 venezolanos y cinco iraníes que viajaban en el aparato, fueron conducidos a un hotel, bajo investigación.
Desde el 7 de febrero de ese año, sobre Conviasa y sus aeronaves pesaban sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Además, se encontraba bloqueada desde el 5 de agosto de 2019, informó un comunicado de la Oficina.
“El régimen ilegítimo de (Nicolás) Maduro usa la aerolínea estatal venezolana Conviasa para transportar a funcionarios corruptos del régimen por el mundo con el objeto de promover apoyos para sus esfuerzos antidemocráticos”, explicó el texto del Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.
Pero el gobierno de del presidente Alberto Fernández, con tres años en el poder, dijo no estar enterado. Aníbal Fernández, ministro de Seguridad, alegó que al momento de arribar el avión de la filial Conviasa a Argentina no existían alertas rojas, pero que luego el gobierno recibió advertencias de organismos internacionales de "la pertenencia de parte de la tripulación a empresas relacionadas con las Fuerzas Quds", reseñaron medios internacionales.
Las Fuerzas Quds es un brazo paramilitar de élite del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán que opera de forma encubierta en muchos países.
La retención del avión por parte de Argentina ocasionó una turbulencia regional y desató reacciones de regímenes aliados al de Venezuela para que se devolviera el aparato de Emtrasur
La fiscal federal Cecilia Incardona, quien actuó en el caso, imputó formalmente a los sospechosos ante el juzgado por presuntas relaciones con el terrorismo internacional, mientras el juez procuraba imprimir celeridad. Había elementos contundentes, según informaciones de prensa.
Uno de los más llamativos fue un informe del FBI de Estados Unidos que señala al piloto como miembro de la administración de Qeshm Fars Air. También en el teléfono del piloto se hallaron viejas fotografías de jóvenes recibiendo instrucción militar en Irán y de los llamados mártires de la Guardia Revolucionaria Islámica y consignas contra Israel. Por si fuera poco, se incautó en el avión un plan de vuelo que no se encontraría a nombre de la aerolínea venezolana Emtrasur, sino de la iraní Qeshm Fars Air, sancionada por Estados Unidos por su supuesta vinculación con la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y presunta colaboración con el terrorismo internacional.
Sin embargo, las autoridades judiciales argentinas no pudieron establecer que los imputados hubiesen cometido delitos en el país, se informó.
En fecha reciente, se informó que el juez Randolph Moss otorgó todos los derechos de la aeronave a Estados Unidos, debido a que Emtrasur-Conviasa no presentó documentación para reclamar el avión, en el plazo legal.