Los magistrados del Tribunal Supremo de Brasil piden al Estado tomar medidas, tanto a nivel federal como estatal
Gente busca información sobre familiares presos en la cárcel de Altamira, Brasil, donde se produjo un motín que dejó al menos 62 muertos.
AP/Wilson SoaresBRASILIA.- El Tribunal Supremo de Brasil declaró que existe un "estado inconstitucional" en el sistema penitenciario del país y reconoció que se produce una "violación sistemática y masiva" de los derechos de los presos en las cárceles, motivado por causas de diversa índole.
La mayoría de los magistrados votó a favor de sacar adelante esta declaración, que pide al Estado tomar medidas al respecto, tanto a nivel federal como estatal. El magistrado y presidente de la corte, Luis Roberto Barroso, sugirió establecer plazos más largos para sacar adelante estas medidas, al tiempo que abogó por contar con la participación del Consejo Nacional de Justicia en la elaboración de una propuesta al respecto.
Una vez se apruebe un calendario nacional, los gobiernos estatales tendrán un plazo de seis meses para adoptar las medidas pertinentes, tal y como recoge la propuesta. Posteriormente, se estima que las medidas se apliquen a nivel nacional en un plazo máximo de tres años, según informaciones de la cadena de televisión G1.
Los magistrados señalaron que estos planes deben incluir medidas, como el control del hacinamiento en las prisiones mediante esfuerzos conjuntos que examinen los procesos de ejecución de sentencias.
Barroso alertó que entre 2009 y 2019 se ha registrado un aumento de casi el 60 % de la población carcelaria a medida que se reduce el espacio en las prisiones. "El país viene experimentando un crecimiento exponencial en sus tasas de encarcelamiento", afirmó antes de recalcar que "el hacinamiento compromete el funcionamiento de todos los demás servicios prestados a los presos".
Además, destacó la necesidad de que se respeten los derechos de los detenidos. "A pesar de la gravedad de la situación narrada, las demandas de mejores condiciones en las cárceles son extremadamente impopulares entre la opinión pública. Hay cierta resistencia a la idea de que un país con recursos escasos e infinitas demandas sociales destine parte de esos recursos a personas que han entrado en conflicto con la ley, en detrimento de otros grupos vulnerables", afirmó.
Sin embargo, dijo que "hay dos razones esenciales para prestar atención a los derechos de los presos: la primera, vinculada al respeto de los derechos fundamentales protegidos por la Constitución y otros títulos". "El segundo, relacionado con el impacto que tiene el sistema penitenciario en la sociedad en general", añadió.
Barroso aclaró que el tribunal busca garantizar la aplicación de la Constitución y las leyes brasileñas. "Es necesario dejar claro que actuamos aquí respetando la Constitución, las leyes internacionales vinculantes para Brasil y la legislación interna brasileña. Por lo tanto, no estamos ante una cuestión política, no estamos ante una cuestión de discrecionalidad administrativa. Estamos ante una cuestión esencialmente jurídica", subrayó.
FUENTE: Con información de Europa Press
Descarga LA APP