CIUDAD DE MÉXICO.- El caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado de narcotráfico por Estados Unidos, es el eslabón más visible de la intervención del crimen organizado en la política de México.
El historiador Omar Sixto dice que EEUU no tiene por qué enviar pruebas contra el gobernador de Sinaloa. Refiere el envío de dinero desde México hasta Cuba
CIUDAD DE MÉXICO.- El caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado de narcotráfico por Estados Unidos, es el eslabón más visible de la intervención del crimen organizado en la política de México.
En abril de este año, el Departamento de Justicia de EEUU acusó a Rocha Moya, de 77 años y quien pertenece al oficialista partido Morena, y a otros nueve funcionarios de delitos de tráfico de drogas y armas. El caso fue presentado ante el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York y se asignó a la jueza Katherine Polk Failla.
"Se les acusa de haberse asociado con el Cartel de Sinaloa para distribuir cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos", anunció el Departamento de Justicia.
El político y los otros señalados fueron vinculados con "Los Chapitos", la facción del Cartel de Sinaloa dirigida por los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán.
EEUU solicitó a México la captura y extradición del gobernador, tras lo cual se ha desatado una cadena de episodios que agravan el entramado alrededor del caso.
"Como pone de manifiesto la acusación, el Cartel de Sinaloa, y otras organizaciones de tráfico de drogas similares, no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios de las fuerzas del orden corruptos a sueldo", puntualizó el Departamento de Justicia.
Rocha Mocha y los otros acusados son señalados de los delitos de conspiración para importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, así como protección a líderes del cartel y filtración de información confidencial al crimen organizado.
El 24 de agosto, el gobernador de Sinaloa volvió a pedir licencia para separarse de sus funciones, tras la lluvia de cuestionamientos por regresar a su cargo el 21 de este mes en medio de las investigaciones en su contra.
"No estoy de acuerdo con lo que hizo de regresar al gobierno, lo manifesté, me pareció (por) lo menos, imprudente", señaló la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante una conferencia de prensa.
La mandataria sostuvo también que Rocha Moya "tomó la decisión personal de regresar, también fue una decisión personal de retirarse".
“Ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses del pueblo y de México”, escribió Sheinbaum en su cuenta de X.
El historiador Omar Sixto señala al DIARIO LAS AMÉRICAS que la incursión del narcotráfico en la política en México comenzó mucho antes. Señala que el narcotráfico se expandió desde antes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), también del partido Morena y quien dirigió el país desde 2018 hasta 2024, pero estaba centrado en algunos estados como Michoacán y Sinaloa.
“Después de López Obrador, se hizo mucho más evidente la colusión, incluso en las elecciones intermedias durante su gobierno. En esas intermedias en el estado de Sinaloa o secuestraron o hicieron renunciar a muchos de los candidatos de la oposición y los desaparecieron. Incluso cambiaron urnas, cambiaron todo y por eso ganó Rubén Rocha Moya”, indica Sixto.
Añade que, posteriormente, el huachicol “se convirtió en el principal negocio de los narcos políticos, incluyendo hasta los hijos del presidente, utilizando la Armada, utilizando la Marina de México, utilizando el Ejército”. El huachicol es una palabra empleada para referirse al combustible robado (gasolina o diésel) o adulterado.
En ese contexto, Sixto puntualiza que el problema es que el aparato estatal de México “se descompuso de manera exponencial en un periodo de seis años y lo sigue haciendo hasta ahora”.
De acuerdo con el historiador, la presidenta Sheinbaum, pupila de AMLO, “está aún más ideologizada que su maestro y, pese a las presiones de la administración Trump, mantiene su protección a políticos de su partido, Morena, acusados por Estados Unidos de estar coludidos o ser parte de los carteles del crimen organizado”.
La mandataria mexicana no defiende públicamente al gobernador de Sinaloa, pero solicita pruebas a Estados Unidos de los delitos que señala.
“Estados Unidos no tiene porqué entregar las pruebas a México porque hay un Tratado de Extradición, primero se extradita. La liberación del general Salvador Cienfuegos, apresado en EEUU durante el Gobierno de López Obrador, se hizo bajo la premisa de que AMLO iba a ayudar a Trump con el problema migratorio y que iba hacer el juicio en México, pero a los cuatros días le dieron el perdón”, relata Omar Sixto.
El 21 de agosto, la Secretaría de Gobernación de México reiteró que la Fiscalía General de la República mantiene abiertas las carpetas de investigación relacionadas contra las 10 personas señaladas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Indicó que es competencia de la Fiscalía informar sobre el avance de las investigaciones.
Según la Secretaría, "ha solicitado de manera reiterada" al Departamento de Justicia estadounidense presentar las pruebas que respaldan las acusaciones.
Sixto refiere que el escándalo de Rubén Rocha Moya explota tras el secuestro del narcotraficante Ismael “Mayo” Zambada, cofundador del Cartel de Sinaloa.
“El Cartel de Sinaloa eran dos facciones principales, la facción de los Mayos y la facción llamada de Los Chapitos, que son los hijos del Chapo Guzmán. Estaban en tensa convivencia, porque Mayo es mucho mayor que ellos, hasta que sucede que Rubén Rocha Moya y otro señor, Héctor Cuén, que era de otro grupo político, estaban en disputas por ver quién controlaba la Universidad de Sinaloa. Y coordinan una reunión bajo el manto de protegidos por uno de los hijos del Chapo. Rocha nunca apareció, Cuén fue asesinado allí y después secuestraron al Mayo y se lo llevaron para Estados Unidos”, indica.
Añade que, a partir de eso, el Mayo dijo a sus abogados que fue secuestrado por Rocha Moya y Los Chapitos.
Según registró Infobae, la Universidad de Sinaloa administra un presupuesto anual de 8,000 millones de pesos. Ese dinero, de acuerdo con el periodista Ismael Bojórquez, fue el centro de la disputa. Ocho de cada 10 consejeros universitarios eran militantes del Partido Sinaloense (PAS), el partido fundado por Cuén.
Dos años después de su captura, el pasado 20 de julio, Ismael "El Mayo" Zambada fue condenado por un tribunal de Nueva York a cadena perpetua y confiscación de bienes por 15,000 millones de dólares, por haber codirigido el Cártel de Sinaloa.
“El gobernador Rubén Rocha Moya es la punta del iceberg. Estuvo protegido por el Ejército y hace pocos días le dio por salir y tratar de hacer una jugada como darse un autogolpe, sin autorización ni la buena vista de la presidenta Sheinbaum”, subraya.
Añade que el partido Morena “nunca va a investigar ni lo ha hecho”. Señala que el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, está haciendo un buen trabajo, pero no puede tocar a miembros del oficialismo.
“Por eso, Estados Unidos está con la presión sobre los políticos”, indica.
Omar Sixto asegura que el Gobierno de Sheinbaum está en una cuerda floja: “Está entre Andrés Manuel López Obrador y los duros de su movimiento, que son gente bastante extremista, que le gustaría hasta romper relaciones con Estados Unidos e integrarse más a Cuba y a Rusia y todo ese rollo. Y está el otro grupo, que es la empresa privada, el poder del dinero y la gente más sensata”.
El historiador asevera que lo narco-político en México está impactando en primer lugar a la inversión, que está paralizada.
“La autocracia empezó en septiembre del 2025 cuando el Poder Judicial fue cooptado por Morena, por el Poder Ejecutivo que ya tenía adoptado el Poder Legislativo. México ha ido convirtiéndose de una democracia imperfecta que estaba en 2018, con alternancia de poder, división de poderes y organismos autónomos, ha ido desapareciendo para llegar a lo que es hoy”, afirma.
El analista enfatiza: “En cualquier operación que tú hagas en México vas a tropezarte siempre con el narco”.
Agrega que, desde el lado político, México se ha puesto al lado de todas las causas antidemocracia, anti libertad y anti EEUU del mundo.
Por otra parte, se refiere al tema de la violencia en tres sentidos: la violencia contra los narcos, la violencia del crimen organizado contra los productores y la violencia de la seguridad pública con el alto nivel de impunidad.
El historiador señala que entre México y Cuba “está sucediendo una triangulación de recursos”.
“Están saliendo, y esto quedó sepultado en las noticias de México, aviones ejecutivos desde el aeropuerto de Toluca, que es el segundo estado más poblado de México y donde la gobernadora es de Morena (Delfina Gómez), aviones cargados de efectivo hacia La Habana. Lo más probable es que no sea que se lo están sacando al presupuesto del Estado porque es más difícil robar ese efectivo. Tiene una buena parte de probabilidad que el dinero venga del huachicol y de operaciones y el huachicol ya está hoy metido en narcotráfico”, expresa.
Sixto increpa: ¿qué hace ese dinero en La Habana? Nosotros no sabemos si va para que se lo guarden. Yo no creo que La Habana sea un buen banco para guardar. La Habana ha timado a todo el mundo al que ha guardado dinero”.
Indica que puede ser que ese dinero sea empleado para mantener a las compras de las pequeñas y medianas empresas que el régimen cubano autoriza, “que son ellos mismos al final”, para comprar combustible y otras cosas en Estados Unidos.
“Mi teoría es que dinero en narcotráfico está saliendo, llega a La Habana y en La Habana compran en Estados Unidos y el dinero queda automáticamente lavado”.
El analista señala, por otra parte, que Cancún (Quintana Roo) es una plataforma de operaciones de la inteligencia cubana, igual que Panamá. “Con esto de la droga, no hay pruebas exactas todavía de que esté pasando por Cuba” como en la década de los 80, agrega.
“La mafia que está en Cancún es una mafia no solo cubana, es rumana también y de varios países, que operan, controlan todo el tráfico de personas, controlan el tráfico y comercialización de droga”, señala.
Cuando regresó por pocos días a su cargo, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, insistió en su inocencia. “Soy ajeno e inocente de las patrañas que se han urdido en mi contra por personeros de la ultraderecha para dañar, como hoy se sabe a plenitud, al movimiento político de izquierda en el que milito.
Rocha Moya también está sobre la mira al ser sospechoso de ganar las elecciones de 2021 con ayuda de Los Chapitos, según la Administración de Control de Drogas (DEA).
El 25 de agosto, el Congreso del Estado de Sinaloa definió a Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina después de que Rubén Rocha Moya solicitó una nueva licencia con carácter indefinido.
Además del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el Departamento de Justicia de EEUU vincula con delitos de narcotráfico a nueve personas.
Se trata de Enrique Inzuza Cázarez, senador y exsecretario general de Sinaloa; Dámaso Castro Zaavedra, quien era el vicefiscal estatal de Rocha Moya; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde con licencia de Culiacán, Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública; Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa, Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”, exjefe de la
Policía de Investigación de la FGE Sinaloa; José Antonio Dionisio Hipólito, exsubdirector de la Policía Estatal, y Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, exmando en la Policía Municipal de Culiacán.
Mérida Sánchez se entregó a las autoridades de EEUU en Arizona y fue trasladado a Nueva York. Dejó de aparecer bajo custodia de la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos (BOP) desde el pasado 11 de agosto.
Se presume que Enrique Díaz Vega se entregó en Nueva York el pasado 15 de mayo. Hasta ahora sin confirmación.
FUENTE: Con información del DIARIO LAS AMÉRICAS/AFP/Infobae

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