CARACAS.- Las cifras actualizadas de la organización no gubernamental Foro Penal reportan que en Venezuela hay 1,958 presos políticos, de los cuales 1,828 de los casos ocurrieron después del 29 de julio.
A diario, familiares y activistas de derechos humanos dan cuenta de casos que revelan la represión de un régimen que atenta contra personas inocentes que solo protestaron el resultado fraudulento del Consejo Nacional Electoral (CNE) dando como ganador a Nicolás Maduro, cuando en realidad ganó Edmundo González Urritia, de acuerdo a las actas en poder de la oposición y de la observación internacional.
Otras personas simplemente tuvieron la mala suerte de encontrarse en su camino a los órganos represivos del Estado, durante esos días de turbulencia política, quienes sin mediar palabras los detuvieron y ahora acusados de “terroristas”.
La cruel represión se afianzó a partir del 29 de julio contra dirigentes de la coalición opositora, especialmente los más allegados a la líder María Corina Machado. Tanto dirigentes como ciudadanos “de a pie” viven la arremetida del régimen.
Venezuela tiene, hasta el 28 de octubre, 1,958 presos superando al régimen cubano que en la actualidad tiene 1,110 privados de libertad por causas políticas, según la ONG Prisioners Defenders .
Liberen a Nélida
La ONG de Venezuela Súmate, dedicada a temas electorales, pidió la liberación de su coordinadora nacional de Formación, Nélida Sánchez, tras haber sido “detenida injustamente” hace 70 días.
A Sánchez, como al resto de los detenidos en la etapa poselectoral, se le acusa de terrorismo, incitación al odio, conspiración, traición a la patria y asociación para delinquir. “Ella es inocente” reitera el ente no gubernamental.
Ha dedicado su vida a la promoción de los derechos humanos y hoy está separada de su familia. Sánchez fue apresada “sin citación previa ni orden de captura”.
El pasado 6 de octubre, Súmate pidió al Estado garantizar “un juicio justo” y el “derecho a la defensa” para Sánchez, detenida el pasado 26 de agosto por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), según la ONG.
La detención de la coordinadora de la ONG se produjo en un contexto de crisis política tras la controvertida reelección de Nicolás Maduro en las presidenciales del 28 de julio, un período en el que la mayor coalición opositora, que denuncia "fraude" electoral, ha alertado sobre el aumento de la "persecución" y "represión" por parte del Gobierno.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA otorgó medidas cautelares a favor de Sánchez, al considerar que se «encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Venezuela».
Un joven de 18 años
Diego Pumar alquilaba lavadoras en el estado Barinas, suroccidente del país hasta el 29 de julio, ahora es un preso político
Al cumplirse 96 días de su presidio su familia salió a la calle, con un cartel que tenía su foto y nombre, para exigir que lo pongan en libertad, durante una protesta pacífica realizada en Alto Barinas, el sábado 2 de noviembre. Para Diego no ha sido fácil estar preso, dicen sus familiares
El 29 de julio de este año, un día después de la elección presidencial en Venezuela, Diego Pumar Farfán había salido de su casa a continuar con su rutina de alquilar de lavadoras en la ciudad de Barinas, pero fue interceptado por funcionarios de la policía que sin mediar palabras lo trasladaron hasta la sede de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), donde fue imputado por terrorismo tras una audiencia por telemática y actualmente está recluido el Tocorón.
Para Diego no ha sido fácil estar preso, dicen sus familiares. Con 18 años de edad, su vida se había desarrollado entre aulas de clases, libros y cuadernos, y, más recientemente, en un emprendimiento con sus seres queridos de alquiler de lavadoras, pero nunca en la cárcel.
Como familia, los Pumar Farfán estaban conscientes de la crítica situación del país, sin que nunca llegaran a imaginar que el deterioro que veían a su alrededor, entre lo económico, social e institucional, les iba a cobrar en uno de sus miembros un delito de terrorismo, pese a ser inocente.
La mamá de Diego no lleva cuenta de las veces que ha viajado desde Barinas a Maracay, en el centro del país, donde se encuentra el Centro Penitenciario de Aragua (cárcel de Tocoron), por lo que tampoco se cansará de afirmar que su hijo “no es terrorista”.
FUENTE: LA PATILLA / TNT24/ NOTICIAS DE BARINAS / CONFIRMADO / REDES / DIARIO LAS AMÉRICAS
