Dentro del grupo se encuentra Filipe Martins, quien fuese asesor presidencial para Asuntos Exteriores, y que está bajo arresto domiciliario desde hace un año en Ponta Grossa, Paraná.
Antes de eso, Martins fue sometido a prisión preventiva en febrero de 2024. De acuerdo con el magistrado Alexander de Moraes, ponente del caso y recientemente sancionado por Estados Unidos, el objetivo de la medida fue impedir que se destruyeran deliberadamente “pruebas capaces de esclarecer las circunstancias de los hechos investigados”.El pasado 22 de abril, el Tribunal Supremo Federal de Brasil aceptó los cargos contra Martins; el general retirado, Mario Fernandes; el exdirector de la Policía Federal de Carreteras, Silvinei Vasques; el coronel Marcelo Câmara, exasistente presidencial; además de Fernando Oliveira y Marilia Alencar, oficiales de la Policía Federal.
Según el procurador general Paulo Gonet, estos funcionarios habrían coordinado las acciones planificadas por el grupo central.Dentro de estas actividades estarían la movilización de efectivos policiales para apoyar el presunto golpe, el monitoreo de las autoridades, así como la redacción de un documento para justificar el establecimiento de un estado de excepción en Brasil.
En la acusación se insiste en que Bolsonaro lideró la conspiración para mantenerse en el poder tras su derrota electoral, en octubre de 2022, ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.Sobre el exasesor Martins pesan varias medidas que su defensa denuncia como violatorias de los principios democráticos y cuyo objetivo, señalan, es censurar cualquier expresión de defensa.En entrevista con el DIARIO LAS AMÉRICAS, Ricardo Scheffer, abogado de Filipe Martins, no duda en afirmar que esta causa es política y no jurídica. Martins fue identificado por el Tribunal Supremo como uno de los miembros de la comitiva de Bolsonaro que viajó a Orlando, Florida, el 30 de diciembre de 2022.
“Todo este caso es basado en una mentira que la Policía Federal ha contado sobre el señor Martins, de que él habría salido de Brasil sin pasar por los controles migratorios y que por esta razón habría usado otros medios para salir”, señala Scheffer.
La defensa de Filipe Martins presentó pruebas de que el exasesor de Bolsonaro estaba en Brasil en la fecha del presunto viaje a Estados Unidos. De acuerdo con un documento del Departamento de Seguridad Interna de EEUU, la entrada más reciente de Martins “fue en septiembre de 2022” y así lo refirió el periódico Brasil Sem Medo.Por otra parte, los abogados han dicho que los registros de Uber y facturas de tarjetas de crédito constatan la presencia de Martins, entre el 30 y el 31 de diciembre de 2022, en las ciudades deBrasilia y Curitiba.
Sin pruebas
Sobre la redacción de un documento para sustentar el supuesto intento golpista de Jair Bolsonaro, mediante un decreto, no existe registro creíble, acota el abogado Ricardo Scheffer.“Toda la acusación se basa en las palabras del teniente coronel Mauro Cid, que fue el asistente del expresidente Bolsonaro. Él, como un delator, ha acusado al señor Martins, pero dice que no tiene pruebas. No hay pruebas oficiales, todas las informaciones son contrarias a la acusación formal”, asevera.
El magistrado Alexander de Moraes señaló que Filipe Martins, "ocupó una posición destacada en las negociaciones legales, mediante la mediación con personas dispuestas a redactar documentos que favorecían los intereses del grupo más radical".Según el relato presentado como parte de la acusación, el entonces presidente Bolsonaro, supuestamente, solicitó cambios al documento.
La nueva versión presentada por Filipe Martins habría sido aprobada y posteriormente presentada a los comandantes del Ejército, la Marina y el ministro de Defensa, el 7 de diciembre de 2022.De acuerdo con una nota de CNN Brasil, en su testimonio ante el Tribunal Federal, Martins aseguró que nunca tuvo contacto con el plan golpista ni se reunió con los comandantes de las Fuerzas Armadas. También acusó al militar Mauro Cid de mentir como informante."No tuve ningún contacto", dijo Martins, el 24 de julio, al ser increpado sobre el documento descrito por Cid.
Censura y silencio
Sobre Filipe Martins pesan medidas cautelares, denunciadas por la defensa “como inconstitucionales y desproporcionadas”.Dentro de las medidas, se le impide conceder entrevistas a los medios de comunicación o hacer publicaciones en las redes sociales; debe usar un brazalete electrónico en el tobillo; fue obligado a entregar su pasaporte, tiene prohibición de salida del país y debe abstenerse de hablar con el resto de los sospechosos del caso.
Cualquier requerimiento de entrevista periodística del acusado debe hacerse ante el Tribunal Supremo de Brasil. El tribunal prohíbe la difusión de imágenes del exasesor, a menos que se trate de publicaciones anteriores a la causa que se le sigue.Si hay alguna publicación en redes, dijo el abogado, se corre el riesgo de una multa de 20 mil reales, equivalentes a 5.000 dólares
.“Queremos dejar absolutamente claro que no existe en la legislación brasileña ninguna base legal que justifique tales restricciones. Estas medidas no están amparadas por la Constitución ni por la ley; se trata de decisiones arbitrarias del ministro Alexandre de Moraes, que configuran un claro acto de censura”, puntualiza el abogado Ricardo Scheffer.
Insiste en que las actuaciones de la corte suprema brasileña son contrarias a los principios democráticos y el objetivo es callar, silenciar, a Filipe Martins “para que no pueda defenderse, expresar sus argumentos, ni hablar con nadie”.
Asimismo, Schefffer sostiene que en las acusaciones contra el exasesor no hay ninguna jurisprudencia ni sustento. Llama la atención sobre el hecho de que, en sus exposiciones, el magistrado de Moraes “se cita a sí mismo, es una autoreferencia”.“
El caso de Martins expone la alineación política del sistema judicial brasileño, donde las garantías constitucionales parecen estar subordinadas a intereses políticos e ideológicos”, señaló el periodista e internacionalista Lucas Ribeiro en 2024.
Esta semana, durante un debate en NTN24, Ribeiro denunció que, en Brasil, es cada vez más visible que hay "una dictadura judicial". Aseveró que Alexandre de Moraes no funciona como un juez.
"Es un Brasil cada vez mucho más parecido con lo que parece que pasa en Venezuela. Se distancia de la democracia, se acerca cada vez más a regímenes autoritarios como Irán, como Rusia, China, Venezuela, y Cuba", sostuvo.
A juicio de Ribeiro, el juez de Moraes se aleja del Estado de derecho para perseguir a periodistas y opositores.
Amenaza democrática
El pasado 3 de agosto, miles de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro salieron a las calles en varias ciudades brasileñas luego del anuncio de Estados Unidos de imponer aranceles al país y sancionar al juez Alexander de Moraes.Las manifestaciones se realizaron en Sao Paulo, Brasilia y Río de Janeiro, donde agradecieron al presidente Donald Trump las medidas adoptadas.
El 4 de agosto, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental acusó al juez Alexandre de Moraes de emplear el aparato judicial para silenciar a la oposición brasileña. Estados Unidos fustigó la decisión del magistrado de imponer prisión domiciliaria a Bolsonaro.
“El ministro Alexandre de Moraes, ya sancionado por los Estados Unidos por violaciones de derechos humanos, continúa usando las instituciones brasileñas para silenciar a la oposición y amenazar la democracia. Imponer aún más restricciones a la capacidad de Jair Bolsonaro de defenderse públicamente no es un servicio público. ¡Dejen a Bolsonaro hablar!”, señaló la oficina en su cuenta en las redes sociales.
FUENTE: Con información de DIARIO LAS AMÉRICAS, CNN Brasil, NTN24, AFP, Europa Press
