La administración Trump se acerca a su objetivo de registrar una migración neta negativa por primera vez en cinco décadas, mientras cumple agenda de deportaciones e impone multas millonarias a personas indocumentadas
Inmigrantes en la frontera.
(FREEPIK/CANVAS)MIAMI.—Después de haber encontrado el amor, María no está dispuesta a dejarlo ir ni mucho menos a que se lo arrebaten. Es su amor el que la lleva a montarse en un bus que cubre la ruta Tampa-Miami, un miércoles de agosto bajo casi 100 grados Fahrenheit, para estar a primera hora del jueves frente al abogado de inmigración Wilfredo (Willy) Allen.
María espera que Allen, quien a sus más de 70 años pensaba retirarse pero ha decidido quedarse para pelear por los inmigrantes en la era Trump, pueda asesorarla sobre el caso de su esposo José, un cubano de 40 años al que le ha sido imputada una deuda de más de medio millón de dólares.
Fue una notificación oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) la que le reveló la escandalosa suma: 534 mil 928 dólares, reclamados bajo el argumento de una “violación de la Ley de Inmigración y Nacionalidad” (INA).
El 1 de febrero de 2024, un juez de inmigración de Orlando, Florida, ordenó la expulsión de José. Al no presentarse en la fecha y lugar requeridos para su “salida voluntaria”, el cubano quedó sujeto, desde el 22 de julio de 2025, a una sanción civil conforme a la Sección 274D del Título 8 del Código de los Estados Unidos, que permite al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) imponer multas económicas a personas que incumplen órdenes finales de remoción.
La deuda de José, el mayor de tres hermanos nacidos en el municipio de Campechuela, en el oriente de Cuba, surge tras su ingreso a Estados Unidos mediante la llamada “ruta de los volcanes”, que atraviesa Nicaragua, Honduras, Guatemala y México, una ruta común entre quienes huyen del régimen cubano en busca de libertades políticas, económicas e individuales.
Radicado en Tampa desde marzo de 2022, José no ha cometido ningún crimen. Se considera a sí mismo un hombre trabajador que en su país natal laboraba por cuenta propia en el sector de la pesca y en Estados Unidos se ha dedicado a instalar pisos como ayudante de una compañía de construcción.
Como miles de cubanos, cruzó fronteras, ríos y caminos angostos hasta pisar suelo estadounidense en busca de protección. Al llegar, las autoridades migratorias le entregaron un Notice to Appear (NTA), y luego lo dejaron en libertad bajo palabra de manera condicional, mediante el documento I-220A.
Debió presentarse ante un juez de Inmigración en Orlando, Fl, pero el desconocimiento y la falta de un correcto asesoramiento legal, jugaron en su contra y, al no haber llegado a tiempo al sitio donde se le citó para su audiencia preliminar, ubicado a 84 millas de distancia de su domicilio (dos horas en automóvil), recibió una orden de deportación en ausencia.
La petición para reabrir el caso, realizada por un bufete de abogados al que José y María contrataron no fructificó. El 5 de agosto de 2024, todavía bajo el gobierno de Joe Biden, fue denegada, lo que lo hizo elegible para un proceso de deportación expedita, que podía ser activado en cualquier momento.
Lo que no se esperaba era que, además, el gobierno estadounidense le impusiera una multa (sanción administrativa), como ha empezado a hacer, amparado en una regla federal del DHS, acordada junto al Departamento de Justicia, que permite que imponer multas a migrantes indocumentados sea "más fácil y eficaz".
La nueva regla elimina el periodo de aviso previo –de 30 días de antelación a los migrantes– antes de emitir la sanción y autoriza a los agentes migratorios a enviar las multas por correo ordinario, acortando además el proceso para recurrir la sanción.
“Debe presentar este Aviso de Apelación dentro de los 15 días hábiles. Puede adjuntar defensa por escrito o pruebas documentales que expliquen por qué no debería imponerse la multa. La apelación inicial se presenta en el lugar indicado y se mantiene vigente hasta que se tome una decisión final”, se lee en la carta enviada por el DHS a José.
“Un oficial supervisor de inmigración revisará su caso. Puede requerir documentos adicionales en un plazo de 15 días si lo considera necesario. Se incluirán todos los documentos del expediente, cualquier prueba escrita y cualquier evidencia relevante presentada por usted. La decisión del oficial supervisor constituye una acción final de la agencia”, detalla.
“Las leyes no se hacen cumplir a sí mismas, debe haber consecuencias por desobedecerlas”, valoró la secretaria adjunta de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, en un comunicado sobre este tema publicado en la web del DHS. En su opinión, estas "penalidades financieras son solo una razón más” por las que los migrantes indocumentados “deberían usar” la app CBP Home “para autodeportarse ahora antes de que sea demasiado tarde”.
Aunque el gobierno considera pertinente cada multa como el costo administrativo por haber ingresado al país sin visa y “sin haber sido inspeccionado por un oficial de inmigración”, estas acciones buscan una respuesta desesperada por parte de inmigrantes que al día de hoy viven aterrorizados. Muchos temen ser localizados por ICE y enviado a centros de detención como el Baker County o Krome, o el más lejano y temido Aligator Alcatraz (Alcatraz de los caimanes).
La deuda no es solo contable. El costo de las políticas migratorias es emocional, es político. Es como si fuera un precio que tienen que pagar los inmigrantes por haber querido ser libres, lamenta María, quien también se encuentra en situación irregular, con estatus I-220A. De modo que José no tiene opciones de ajuste migratorio a través de una petición familiar de esposa. Con asilo politico presentado y un permiso de trabajo por cinco años cuya validez ahora está en entredicho, pone su esperanza en el Dr. Allen.
Desde Cuba, la madre del joven hace llamadas desesperadas. Consulta con contactos, abogados, activistas. Sabe que cada día que pasa podría ser el último antes de que su hijo desaparezca en el entramado de centros de detención del ICE, de donde no siempre hay un camino de regreso a la libertad. “Yo estoy sola aquí en Cuba, reclamada desde 2015 y no me ha llegado nada. Estoy desesperada sin poder hacer nada desde aquí —dice la madre—, pero no me resigno a no intentarlo”.
Este joven forma parte de un creciente grupo de migrantes que enfrentan consecuencias legales y financieras por presuntas violaciones a la INA, sin haber cometido delitos penales. La imposición de deudas está generando una nueva clase de exclusión migratoria: personas que no pueden ajustar estatus, no pueden trabajar legalmente, no tienen alivio inmediato y, sin embargo, en algunos casos tampoco son deportadas con rapidez.
El caso de este cubano —acusado de violar la Ley de Inmigración y Nacionalidad y sancionado con una multa de más de medio millón de dólares— se produce en un contexto legal particularmente incierto. Aunque enfrenta una orden final de deportación desde el 1 de febrero de 2024 y ha sido notificado de una sanción monetaria conforme a la sección 274D del Título 8 del Código de los Estados Unidos por no cumplir con su salida obligatoria, recientes acontecimientos judiciales han introducido nuevas variables en la interpretación y ejecución de las deportaciones.
Una jueza federal en Washington D.C., Jia Cobb, emitió una orden que bloquea temporalmente la expansión de las deportaciones expeditas, un proceso que permite al gobierno federal deportar a ciertos inmigrantes sin que comparezcan ante un juez de inmigración.
Este reciente fallo, que afecta especialmente a personas bajo estatus humanitarios temporales como el parole, representa un respiro legal para cientos de miles de migrantes, al menos de forma temporal. Así, mientras se intensifican las políticas de remoción, también crecen las resistencias judiciales que cuestionan su legalidad y humanidad.
La decisión no cambia el hecho de que José enfrenta una deuda desproporcionada y la amenaza de deportación, pero coloca su caso en el centro de un debate nacional más amplio, en un país donde el debido proceso es un principio fundamental: ¿puede el deseo de libertad convertirse en un delito con factura incluida?
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