Chile: una nueva etapa

Comienza a quedar atrás un tiempo envejecido en ideas, cargado de sufrimientos, zafiedad y desprecio por la persona, por su dignidad y libertad. Han sido décadas de intentar descoyuntar a Chile de sus raíces morales y culturales, especialmente en este último gobierno, a través de un experimento de ingeniería social caracterizado por una casi inexistente capacidad de gestión e inflamado de ideología.

En este sentido, José Antonio Kast ha definido su futuro gobierno como de emergencia, con tres tareas prioritarias y fundamentales: la seguridad, inmigración y crecimiento. Como toda emergencia, requerirá decisiones rápidas, eficaces, eficientes y consistentes en el tiempo. Focalizadas, constantes y perseverantes con la fortaleza que aquello implica. Cometidos que deberían estar animados por un espíritu portaliano, caracterizado por una austeridad ejemplar, con apego estricto a la constitución y a la ley por parte de todos los responsables del gobierno. Actualizando lo mejor de nuestra tradición republicana, articulando filosofía y política, es decir, el arte del buen gobierno con la administración y la economía, características de una gestión ordenada y responsable.

Pues la última década, hemos pasado de gestiones de excelencia a fiebres ideologizantes, careciendo de buenos gobiernos y de gobiernos buenos.

Sin embargo, no será tarea exclusiva del gobierno superar una etapa oscura de la historia reciente de Chile. Será una responsabilidad en su conjunto, es decir, de todos los chilenos y de sus actores principales, en orden a la recuperación de los bienes humanos fundamentales que configuran y protagonizan la existencia humana: la vida, la salud , la vivienda, la familia, la educación, el trabajo, la economía, la justicia, la cultura y la religión, sostenidos y catalizados por la seguridad y la paz social.

Vencer los males de Chile

Dicha tarea requerirá un tiempo que irá más allá del gobierno republicano, pues implicará vencer algunos males que han sido inoculados por largo tiempo en nuestra sociedad.

El primero de ellos es el odio, convertido en método y lenguaje. Durante años se normalizó la descalificación moral del adversario, la reducción del discrepante a enemigo y la sospecha permanente sobre quien no adhería al relato dominante. Se vio en la justificación de la violencia política, en la funa convertida en pedagogía pública y en la incapacidad de condenar sin ambigüedades el terrorismo o la violencia callejera cuando resultaban funcionales a una causa. Superar este mal exige recuperar la amistad cívica, fuente de vínculos de perfección y de unidad que vigorizan y vitalizan la sociedad, en la que reconoce en el otro a un igual en dignidad, aunque piense distinto.

Sin ese mínimo de benevolencia pública, la sociedad se fragmenta y la política degenera en una confrontación permanente.

El segundo mal es la desconfianza generalizada en las instituciones, fruto tanto de abusos reales como de una estrategia deliberada de demolición simbólica. Se erosionó la credibilidad del Congreso, del Poder Judicial, de las fuerzas de orden y de la administración pública, no para reformarlas responsablemente, sino para debilitarlas y sustituirlas por voluntarismo ideológico.

El resultado ha sido una ciudadanía escéptica, tentada por el repliegue al mundo privado y espectador anónimo de la fractura institucional. Recuperar la confianza supone volver a la probidad, a la competencia técnica, a la responsabilidad en el ejercicio de los cargos, al espíritu de servicio, entendiendo que las instituciones no son un obstáculo para la libertad, sino su condición de posibilidad.

El tercer mal es la descomposición de la justicia. La politización del sistema judicial, el garantismo selectivo y la utilización de ficciones jurídicas han terminado por invertir el sentido mismo del derecho. Víctimas abandonadas, delincuentes reincidentes protegidos por formalismos mal entendidos y una creciente percepción de impunidad han dañado gravemente el tejido social. Superar este deterioro implica restituir el Estado de derecho en su sentido más elemental, donde la ley se aplica con igualdad, la justicia protege al inocente y sanciona al culpable, y los jueces actúan con independencia real.

El cuarto mal es el individualismo utilitarista, que ha reducido las relaciones humanas a cálculo, beneficio inmediato y reivindicación sin deberes. Se expresó en la lógica de derechos sin comunidad, en la negación del sacrificio compartido y en la dificultad para sostener proyectos comunes de largo plazo. Frente a ello, la sociedad necesita redescubrir la generosidad y la gratitud como virtudes públicas. Ninguna comunidad política se sostiene solo sobre contratos y exigencias; requiere también reconocimiento de lo recibido, disposición al servicio y sentido de corresponsabilidad.

El quinto mal, y quizá el más grave por su capacidad de contagio, es la demagogia. Durante la última década se prometió lo imposible, se gobernó desde la consigna antes que desde la realidad. La política fue reemplazada por el espectáculo moralizante y el eslogan, con consecuencias visibles en la frustración social. Superar la demagogia exige devolver a la política su dignidad propia, entendida como el arte prudencial de ordenar la convivencia según el bien común, aceptando límites, costos y responsabilidades.

En la medida en que estos males sean enfrentados con realismo, fortaleza institucional y sentido del bien común, la nueva etapa que se abre para Chile podrá ser de verdadera esperanza, capaz de aprender de sus errores, corregir su rumbo y proyectar un futuro más humano, más justo, más libre, más seguro y pacífico.

FUENTE: Con información de Juan Carlos Aguilera