Fiscales federales y el FBI investigan con decenas de arrestos varios planes en Minnesota para robar más de 1.000 millones de dólares de los contribuyentes, mientras fraudes con el Obamacare completan los dos recientes escándalos
Oficina de gestión del seguro de salud conocido como Obamacare.
AFP. Tim Walz el gobernador de Minnesota y excandidato a vicepresidente del país junto a Kamala Harris.
ANNA MONEYMAKER / AFP
La representante federal por Minnesota, la demócrata radical musulmana, Ilhan Omar.
JEMAL COUNTESS/ AFPDos nuevos escándalos sacuden otra vez a los demócratas del Congreso en Washington y al Partido Demócrata en general. Se trata de dos fraudes masivos: uno sobre el desvío y robo de fondos federales en Minnesota, cuyo gobernador es el excandidato demócrata a la vicepresidencia, Tim Walz; y el otro dentro del cuestionado programa de seguro de salud Obamacare.
Walz también se encuentra bajo una exhaustiva investigación federal por la malversación de dinero federal destinado a programas para niños necesitados que “terminó” en servicios sociales inexistentes, en gran parte mediante la facturación falsa de estadounidenses de origen somalí.
Fiscales federales investigan varios planes en Minnesota para robar más de 1.000 millones de dólares en total de los contribuyentes, incluyendo grupos que afirmaron de forma falsa estar alimentando a niños durante la pandemia de COVID-19.
Entre el gigantesco esquema de fraude en Minnesota se cita el desvío de más de 250 millones de dólares del programa federal de comidas infantiles.
El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, informó que ya se han realizado 78 arrestos de personas y líderes que operaban bajo Feeding Our Future, la organización señalada como el epicentro del fraude.
Patel agregó que la investigación está activa y que se esperan más revelaciones sobre las empresas fachada, facturas falsas y dinero público destinado a alimentar a niños vulnerables que terminó financiando lujos, propiedades y lavado de activos federales.
Los implicados crearon decenas de restaurantes, fundaciones, centros de alimentación y sitios educativos, la mayoría sin infraestructura real.
Mediante cifras infladas e informes falsos, reclamaban fondos ante el programa federal de nutrición infantil, destinado a cubrir costos de alimentos para niños de familias de bajos ingresos.
El dinero se destinó a la compra de autos y productos lujosos, propiedades en Estados Unidos y en el extranjero, viajes e innumerables gastos individuales, junto a una estructura de sobornos y consultorías ficticias que permitió lavar dinero mediante las empresas de fallada.
Minnesota, un estado históricamente demócrata, con tradición de aceptar refugiados, ahora cuenta con la mayor comunidad de somalíes del país.
En Somalia el 70% de la población vive en la "extrema pobreza", según la Organización de Naciones Unidas. El país africano se sumió en una guerra civil en la década de 1990 que llevó al colapso del Estado y al surgimiento de bandas criminales organizadas por mar y tierra.
En los últimos 10 años, arrecieron los ataques y secuestros en alta mar de buques mercantes para pedir recompensas o atracarlos, hasta que varios gobiernos, entre ellos, EEUU emprendieron una ofensiva para terminar con los llamados piratas somalíes.
El gobierno de Barack Obama y luego Joe Biden abrieron las puertas para los refugiados somalíes mediante programas de inmigración que incluían ayudas financieras y de todo tipo con el dinero de los contribuyentes estadounidenses.
Durante la administración Biden y la llegada al Congreso en Washington de la primera representante radical somalí, Ilhan Omar, grupos de activistas de esta comunidad han ejecutado acciones y protestas antiamericanas que demuestran su verdadero objetivo dentro de EEUU: imponer su cultura antioccidental y desestabilizar los gobiernos conservadores en la Casa Blanca.
Omar, quien representa a Minnesota desde el 2019 en Washington y enfrenta acusaciones de haberse casado con su hermano para obtener la ciudadanía estadounidense, llegó a EEUU en1995 como refugiada afro-musulmana.
En estos momentos, se encuentra bajo el lente del presidente Trump y del Departamento de Justicia por diversos motivos, entre ellos, la incitación al odio contra EEUU y la crítica despiadada contra el capitalismo occidental.
En febrero, en su última declaración financiera, Ilhan Omar expuso un patrimonio de 30 millones de dólares con su esposo.
Omar dijo que era ridículo llamarla millonaria, que “tenía deudas y que era una madre trabajadora como cualquier otra mujer en EEUU”.
Según el documento revelado por el diario New York Post, en sólo un año su riqueza creció 3.500%.
Tim Mynett, esposo de la congresista musulmana, tiene una bodega de vinos en California y una firma de capital de riesgo en Washington D.C.
Y aquí surge lo mejor. La bodega y viñedo de Mynett en California , donde miles de vinicultores y viticultores atraviesan una crisis sin precedentes en ese estado, pasó de menos de 50.000 dólares de valor hasta los 5 millones de dólares, mientras la firma de capital de riesgo de un valor inicial de 10.000 dólares en 2023 a casi 25 millones de dólares en 2024.
Omar ha reiterado que representa al Corán, al tiempo que ha llamado a enfrentarse a las deportaciones de ICE, a las autoridades federales, a las leyes y contra el gobierno actual en la Oficina Oval mediante discursos de exhortación y odio.
Este reciente escándalo en Minnesota pone de manifiesto que en ese estado organizaciones no gubernamentales o movimientos, parte de ellos dirigidos por refugiados somalíes, están vinculados de forma directa e indirecta con acciones para dilapidar el dinero de los contribuyentes americanos mediante fraudes. Eso es lo que trata de demostrar la investigación federal en curso para la posterior presentación de múltiples cargos criminales contra individuos y organizaciones dedicadas a estafar.
Y mientras esto ocurre en Minnesota, un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) -publicado el 3 de diciembre- daba cuenta de otro gran fraude, luego de una pesquisa a la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible (PPACA), conocida como Obamacare.
Bajo este programa, el gobierno federal paga créditos a las compañías de seguros médicos, llamados Crédito Fiscal Anticipado para Primas (APTC), en nombre de las personas elegibles en el Obamacare para reducir supuestamente sus pagos mensuales de primas. Pero ha ocurrido todo lo contrario.
Se estima que en el año fiscal 2024 se pagaron casi 124,000 millones de dólares en dichos créditos a las compañías de seguros, alrededor de 19.5 millones de afiliados al programa.
El informe de la GAO identificó miles de casos de robo de identidad y otras prácticas fraudulentas mediante los números del Seguro Social (SNN, por sus siglas en inglés).
El análisis reveló más de 29,000 números de Seguro Social (SSN) utilizados para dar cobertura de seguro médico Obamacare por más de 26.000 días (más de 71 años de cobertura) en más de 125 pólizas de seguro.
En el año del plan 2024, la GAO identificó casi 66,000 números de Seguro Social con más de 366 días de cobertura.
“Este uso excesivo puede deberse al robo de identidad y al fraude de identidad en tarjetas, así como posibles errores de ingreso de datos”, indicó el informe.
El estudio de 26,000 de los 58,000 números de Seguro Social de personas fallecidas reveló que los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CSM) pagaron más de $94 millones en créditos del Obamacare. Es decir, casi 100 millones de dólares en pagos a compañías de seguros por personas fallecidas.
Se destacó además que en 2023 se pagaron 21.000 millones de dólares en subsidios sin ninguna evidencia de conciliación fiscal, lo que representa un tercio de todos los créditos anticipados por primas pagados en nombre de titulares de números de seguro social identificables.
“El preocupante informe de la GAO es la prueba irrefutable de cómo este sistema fallido, amparado por políticas demócratas, ha llevado al gobierno federal a desviar decenas de miles de millones de dólares de impuestos a las compañías de seguros mediante fraude de identidad, lo que ha provocado que los costos de la atención médica se disparen para todos los estadounidenses”, declaró el congresista federal republicano por Missouri, Jason Smith.
“Los pacientes están sufriendo. Se enfrentan a mayores costos de atención médica y a reclamos denegados o atención retrasada cuando sus proveedores tienen dificultades para verificar qué seguro es válido debido a estos esquemas de fraude. En lugar de simplemente aprobar automáticamente más gastos indebidos y políticas fallidas, debemos tomar medidas para prevenir mayores daños”, recalcó Smith.
Funcionarios de GAO examinaron la eficacia de los controles de inscripción del programa Obamacare para abordar los riesgos de fraude.
Los investigadores crearon 20 identidades ficticias y presentaron solicitudes falsas de cobertura médica individual a través del mercado federal de seguros, donde se pueden adquirir planes de seguro bajo la ley PPACA (Obamacare).
Se enviaron las solicitudes para cuatro de estas identidades ficticias en octubre de 2024.
“El Mercado federal aprobó una cobertura de seguro totalmente subsidiada para nuestros cuatro solicitantes ficticios entre noviembre y diciembre de 2024. El monto total combinado de APTC pagado a las compañías de seguros por los cuatro afiliados ficticios fue de aproximadamente $2,350 al mes”, según el informe.
De las cuatro solicitudes, dos se enviaron a través del sitio web CuidadoDeSalud.gov. Aunque inicialmente no pasaron la verificación de identidad en internet, se les autorizó a continuar tras la presentación de documentos de identificación ficticios.
Las dos solicitudes restantes fueron presentadas por intermediarios, quienes trabajaron con el centro de llamadas del mercado federal para enviarlas con éxito a pesar de que el número de Seguro Social proporcionado por los investigadores de GAO era inválido, destaca el informe.
Para el plan de 2025, los participantes en la pesquisa habían solicitado cobertura médica para las 20 identidades ficticias. El mercado aprobó inicialmente la cobertura para 19. Hasta septiembre de 2025, la cobertura de 18 solicitudes seguía activa.
“El APTC combinado pagado a las compañías de seguros por estos 18 afiliados supera los $10,000 mensuales”, dice el informe.
“Si bien estos afiliados ficticios no son generalizables dentro del universo de afiliados, señalan con claridad graves deficiencias en los controles de inscripción”.
La investigación de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental se publicó en un momento en que los demócratas, con una agenda de extrema izquierda, presionan para extender los créditos fiscales de Obamacare antes de que expiren a finales de diciembre.
“Decenas de millones de estadounidenses están a punto de experimentar un aumento drástico en los costos de la atención médica” si el Congreso no actúa, declaró el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries (demócrata por Nueva York), durante una conferencia de prensa el 1ro de diciembre, y agregó que los demócratas respaldan una extensión de tres años de los subsidios.
Sin embargo, a ningún congresista demócrata le han preocupado las posibles fallas graves en el programa de salud; por el contrario, piden más dinero en subsidios sin detenerse a verificar que los pacientes y los más necesitados reciben beneficios concretos o son las grandes compañías de seguros quienes se llevan la gran tajada del dinero de los contribuyentes.
Desde el 2010, año en que se aprobó la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio o también descrita como Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible (Obamacare), las personas elegibles y destinadas a recibir atención de calidad a un costo menor por sus bajos ingresos han experimentado lo opuesto. Primas que aumentan cada año de forma exagerada con menos cobertura médica y de otros servicios como exámenes de laboratorios, radiografías, etc.
En una carta dirigida a los legisladores ese mismo día (1ro de diciembre), Jeffries culpó a los republicanos por negarse a "extender los créditos fiscales de la Ley de Cuidado de Salud Asequible" y, por lo tanto, crear una inminente crisis sanitaria.
En una publicación del 8 de noviembre en Truth Social, el presidente Donald Trump planteó la idea de otorgar a los estadounidenses de ingresos bajos y medios un pago directo de $2,000 en lugar de subsidiar a las aseguradoras, lo que permitiría que las personas contrataran su propio seguro de salud.
"En otras palabras, quitarle a las GRANDES y MALAS aseguradoras, dárselo a la gente y eliminar, por cada dólar gastado, la peor atención médica del mundo: el Obamacare", escribió Trump.
Tras el escándalo y las denuncias de la Casa Blanca, los senadores republicanos acordaron un plan para abordar el vencimiento de los subsidios del Obamacare y contrarrestar a los demócratas.
El líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano por Dakota del Sur, anunció el martes 9 de diciembre que los republicanos se habían unido en torno a una propuesta de los senadores Bill Cassidy, republicano por Louisiana, quien preside el panel de salud del Senado, y Mike Crapo, republicano por Idaho, quien preside el Comité de Finanzas del Senado, para contrarrestar la legislación demócrata.
El Senado votó el jueves 11 de diciembre sobre las propuestas enfrentadas. Ninguna recibió los 60 votos necesarios en el Senado para pasarlas a la Cámara de Representantes.
De acuerdo con Thune, el plan de Cassidy y Crapo recibió el visto bueno de la mayoría de los republicanos durante la reunión a puerta cerrada.
La propuesta, que lleva semanas de preparación, abandonaría los subsidios a las primas en favor de las cuentas de ahorro para la salud (HSA), canalizando a los consumidores el dinero que ha ido hasta ahora directo a las arcas de las aseguradoras a través del Obamacare.
Thune argumentó que el plan de los demócratas del Senado, expuesto por el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, y que extendería los subsidios por tres años, no contribuiría a reducir el costo de la atención médica en el país y, en cambio, beneficiaría a los estadounidenses adinerados y a las compañías de seguros.
El plan de Cassidy y Crapo asignaría 1.000 dólares a las HSA para personas de 18 a 49 años y 1,500 dólares para las de 50 a 65 años, con ingresos bajos o medios.
El proyecto de ley también incluye la reducción de la financiación federal de Medicaid a los estados que protegen a inmigrantes ilegales mediante las llamadas Ciudades y Estados Santuario.
Los republicanos exigen que los estados verifiquen la ciudadanía o la condición migratoria elegible antes de que una persona pueda acceder a Medicaid, prohíben la financiación federal de Medicaid para servicios de transición de género y excluyen estos servicios de los "beneficios esenciales de salud", así como suma disposiciones de la Enmienda Hyde para evitar que el dinero de los contribuyentes financie abortos a través de las nuevas Cuentas de Ahorros para la Salud (HSA).
Queda por ver si la propuesta conservadora recibe finalmente el respaldo de algunos demócratas del Senado para ser aprobada y luego enviada a la Cámara de Representantes donde es más probable su respaldo, mientras los demócratas siguen bajo el escrutinio público por escándalos de fraude y corrupción a gran escala.
FUENTE: Con información de AFP, Europa Press, The Wall Street Journal, Yahoo News, cadenas Fox News y CBS News.
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