LA PAZ.- El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Joel Hernández, y cinco expertos más llegarán a Bolivia el 23 de noviembre para investigar las muertes ocurridas en las protestas generadas tras las anuladas elecciones de octubre del 2019, informó este domingo el ministro de Justicia, Iván Lima.

La delegación tiene la misión de “investigar todo lo ocurrido en el país”, informó Lima en rueda de prensa, aunque el alto funcionario solo se refirió a las muertes de 19 personas en Senkata, un barrio en la vecina ciudad de El Alto y Sacaba, en la región central de Cochabamba.

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El presidente Luis Arce, quien fue ministro de Economía en la administración de Evo Morales- ha propugnado por una “independencia de poderes” y quiere que un organismo internacional “imparcial” investigue lo ocurrido, explicó el ministro.

Agregó que se abrirá "las puertas, no solamente de los fiscales, (también) de los jueces y expedientes de la policía y las Fuerzas Armadas a esta investigación internacional”.

En diciembre, la excanciller Karen Longaric informó que el gobierno interino de Jeanine Áñez acordó la investigación de los 36 fallecidos que fueron reportados por la Defensoría del Pueblo.

Esas 36 muertes se dieron antes y después de la renuncia de Morales a raíz de las fallidas elecciones del 20 de octubre, en las que el exmandatario se declaró ganador.

Longaric había dicho que el pasado gobierno interino invitó a la CIDH para que investigara lo sucedido en Bolivia entre septiembre y diciembre, es decir, un mes antes y uno después de las frustradas elecciones.

En un informe preliminar, la CIDH calificó de “masacre” lo ocurrido en Sacaba y Senkata, donde enfrentamientos en las calles dejaron 19 muertos, al parecer seguidores de Morales que habrían recibido disparos de armas de fuego durante una incursión de las fuerzas del orden. Los cortes en las carreteras y las protestas habrían sido incentivadas por Evo Morales, tras huir del país.

La entonces Asamblea Legislativa dominada por el partido de Morales pidió que Áñez y 11 de sus ministros fueran enjuiciados por esas muertes.

Aunque Lima subrayó que el nuevo gobierno busca una independencia de poderes y que se garantice un proceso judicial “justo”, sectores de la oposición denuncian persecución política el nuevo gobierno de Arce.

FUENTE: Con información de AP

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