El exministro de Petróleo venezolano, Tareck El Aissami, a su llegada al museo militar 4F donde está enterrado el expresidente Hugo Chávez, dentro de las actividades por el décimo aniversario de la muerte de Chávez, en Caracas, Venezuela, el miércoles 15 de marzo de 2023.
APCARACAS.- La ONG Transparencia Venezuela aseguró en un informe que cerca del 60% de los flujos petroleros de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) entre 2020 y 2023 están impagos como consecuencia de la trama de corrupción que se tejió en la petrolera venezolana, mediante operaciones ilegales de venta de crudo a través de intermediarios.
Transparencia Venezuela y la firma consultora Ecoanalítica presentaron el informe "Trama PDVSA-Cripto, una investigación que sorprendió al país", que ahonda información sobre el entramado corrupto dentro de la petrolera del Estado venezolano y en la que está involucrada la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), cuyo anterior presidente, Joselit Ramírez, hombre de confianza del exministro de Petróleo Tareck El Aissami, fue uno de los primeros detenidos.
De acuerdo a la investigación los flujos petroleros sin pagar equivalen a unos $16.600 millones entre 2020 y el primer trimestre de 2023. Si se toma en cuenta el volumen de las exportaciones y los precios del crudo durante ese periodo, debieron entrar a las arcas del Estado unos $27.650 millones, pero solo están registrados $11.050 millones en la tesorería de PDVSA.
"Cerca del 60% de los flujos petroleros (unos 16.600 millones de dólares) permanecen impagos durante estos tres años y solo fueron recibidos unos 11.050 millones de dólares en las arcas del Estado”, indicó el informe, que señala que en PDVSA se "configuró una estructura que impone la opacidad, anula la transparencia y los sistema de control".
Y explicó que "las operaciones ilegales consistieron en la asignación de cargas de crudo a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) y a particulares, incumpliendo normativas de contratación, sin ningún control administrativo ni garantías. Una vez comercializado el petróleo adjudicado ilegalmente, se incumplía con los pagos pendientes a PDVSA".
Según el informe, el 13% de los flujos petroleros comprometidos en la trama PDVSA Cripto, correspondientes a $3.600 millones, son "potencialmente incobrables", debido a que fueron negociados con intermediarios que se fueron de Venezuela sin dejar pago adelantado por los cargamentos, a pesar de que inicialmente se habían comprometido a hacerlo.
Además, está el agravante de que una parte de los negocios se hicieron con intermediarios "con poco background en el mercado petrolero", lo que hace difícil hacerle seguimiento a dichas operaciones.
La investigación de Transparencia Venezuela también hizo el reporte de otros $13.000 millones de dólares que están en cuentas por cobrar, representando cerca de 47 % de los ingresos petroleros de PDVSA entre el primer trimestre de 2021 y el primer trimestre de 2023.
El informe explicó que para sortear las sanciones de EEUU a la industria petrolera venezolana, PDVSA limitó las relaciones comerciales que tenía con la rusa Rosneft y con intermediarios que le facilitaban la exportación de la producción entre 2019 y principios de 2020. Esas relaciones fueron sustituidas por otras con lo que el reporte calificó de "intermediarios petroleros de escasa reputación y bajo nivel de información".
En ese contexto, el informe señaló que El Aissami "fue uno de los artífices de la estrategia de vender petróleo venezolano incrementando el uso de una red de intermediarios”.
Cuando se destapó el escándalo, Transparencia Venezuela reclamó la "escasa información pública" que se difundió al respecto por parte de las autoridades del régimen de Nicolás Maduro, en especial, las cantidades de dinero malversadas.
FUENTE: Nota de Prensa / Transparencia Venezuela
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