MIAMI.- Negligencia criminal en la iniciación, tramitación y resolución de más de 120 denuncias contra el régimen de Nicolás Maduro, es el argumento de un grupo de prominentes abogados y políticos venezolanos que anunciaron poner en práctica una serie de “acciones legales”, amparadas en el Estatuto de Roma, contra la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).

Presuntas irregularidades cometidas por esa institución, con relación a las denuncias interpuestas en contra de quien encabeza la cúpula que usurpa el poder en esa nación sudamericana, constituyen la denuncia presentada este viernes, bajo la tutela de tres organizaciones multinacionales.

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Las tareas acordadas están descritas en una declaración que se produjo tras un simposio en línea, realizado el jueves 25 de junio, promovido por Venamérica, Plataforma Democrática Venezolanos en Madrid y Fundación El Amparo, que tuvo como ponentes a Walter Márquez Rondón y William Cárdenas Rubio, y en calidad de moderadores a Paciano Padrón y Omar Estacio.

En el primer punto de la proclamación se asegura que “la fiscal [de la Corte Penal Internacional] Fatou Bensouda es responsable de esas negligencias, según lo estipulado en el artículo 15 del Estatuto de Roma, y en una denuncia hecha por seis (6) Estados Parte, en base al artículo 14 del mismo Estatuto”.

Por tanto, un “comité de seguimiento” creado para estos fines tendrá a su cargo “intentar las acciones que correspondan dentro del Estatuto de Roma y las Reglas de Procedimiento y Prueba contra la Fiscal Jefe de la Corte Penal Internacional, quien está incursa en retrasos injustificados y dilaciones arbitrarias y lesivas al legítimo derecho del pueblo venezolano, de obtener justicia en los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Venezuela”.

Al respecto, el exembajador venezolano en India, Walter Márquez Rondón, anunció en enero de 2019 una investigación interna en contra de la fiscal Bensouda, por “retrasos y negligencia al no procesar acusaciones hechas por organismos venezolanos y extranjeros como particulares contra Nicolás Maduro”.

El exdiplomático pidió entonces que Bensouda fuera “separada del cargo” por sus señalados vínculos con Haifa El Aissami, representante de Venezuela ante la Corte Penal Internacional y hermana del exvicepresidente venezolano Tareck El Aissami.

En la declaración de este viernes también se anuncia que se pondrá en “conocimiento general y de todos los entes públicos o privados, multilaterales, regionales o nacionales vinculados con la tutela de derechos humanos”, las supuestas irregularidades “constatadas en los procesos sustanciados por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional”.

Según el documento, las presuntas anomalías de la fiscal Bensouda estarían relacionadas con los “crímenes de lesa humanidad perpetrados en Venezuela, a partir de la vigencia del Estatuto de Roma”.

La fiscal Bensouda fue sancionada el año pasado por el Gobierno de los Estados Unidos, que le retiró su visado de ingreso a este país, por investigar supuestos crímenes de guerra cometidos por tropas estadounidenses en Afganistán entre 2003 y 2004.

Bensouda acogió una denuncia presentada por el canciller del régimen venezolano, Jorge Arreaza, en contra de los Estados Unidos, por las sanciones adoptadas por este país en contra las empresas PDVSA, Minerven y Conviasa que, a su entender, habrían causado crímenes de lesa humanidad en la población venezolana.

Las acciones legales del recién creado comité —según la proclamación— serán asumidas por Walter Márquez, William Cárdenas, Omar Estacio, Paciano Padrón, Adolfo Salgueiro, José Oropeza, Pedro Troconis y Luis Corona. También se decidió crear un “Comité de Víctimas del régimen venezolano por hechos o crímenes a partir de la entrada en vigor del Estatuto de Roma”.

Asimismo, el grupo integrado por abogados, magistrados, especialistas en derechos humanos, historiadores y diplomáticos residenciados en diferentes países de Las Américas y Europa impulsará una campaña para “alertar” a embajadores, gobiernos y parlamentos de los Estados parte, comenzando por los del Grupo de Lima y los de la Unión Europea, sobre la “lenidad” de la Corte Penal Internacional.

“La Fiscalía [de la CPI] obstruye la justicia y cubre con manto de impunidad los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Venezuela”, se puede leer en en el pronunciamiento suscrito en Miami, Estados Unidos; Madrid, España y San Cristóbal, Venezuela.

Hace un par de semanas, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que “autoriza la imposición de sanciones contra autoridades de la Corte Penal Internacional involucrados de forma directa con la investigación de personal militar de EEUU” y permite la “extensión de restricciones a visados” contra miembros de la CPI y sus familiares.

Por su parte, el fiscal general de EEUU, William Barr, afirmó que “el Gobierno de EEUU tiene razones para dudar de la honestidad de la CPI”, a lo que añadió: “El Departamento de Justicia ha recibido informaciones sustanciales y creíbles que levantan preocupaciones serias sobre una larga historia de corrupción financiera y malas prácticas en la oficina de su fiscalía”.

La Corte Penal Internacional (CPI) entró en funcionamiento el 1ero. de julio de 2002, y desde entonces ha recibido un cúmulo de denuncias relacionadas con arbitrariedades cometidas por la dictadura chavista, sin que hasta el momento se conozca un fallo por esas quejas.

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