MIAMI - Los focos de atención recaen sobre la Corte Penal Internacional en las próximas semanas debido a la expectativa de una posible decisión sobre si abre una investigación por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro.
La Corte Penal Internacional tiene como plazo hasta el próximo 23 de julio para emitir una decisión sobre si admite o no la investigación de posibles crímenes de lesa humanidad.
La decisión estará a cargo de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, según un reporte del portal Red Digital de Noticias.
La decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares (Sala I) de la Corte fue emitida el 2 de julio de 2021 y fue suscrita por los jueces Peter Kovács, Reine Alapini-Gansou y María del Socorro Flores Liera.
La Sala también desestimó la solicitud de “control judicial” que había presentado el régimen de Venezuela por ser improcedente y extemporánea.
La decisión obliga a publicar las versiones editadas (protegiendo la identidad de las víctimas) de los escritos que han presentado tanto la dictadura como la Fiscalía. Especialmente importante es el que consignó la Fiscalía el 15 de junio de 2021, que versa sobre la admisibilidad.
El régimen de Maduro es acusado de someter a los opositores a abusos que incluyeron desde golpizas brutales hasta torturas con descargas eléctricas, asfixia, colgarlos en posiciones incómodas y forzadas; Privación del sueño, y Abuso sexual, que en algunos casos incluyó violación.
Esos crímenes cometidos contra la oposición ocurrieron en el contexto de las protestas de abril de 2017, como en las cárceles.
"Miembros de las fuerzas de seguridad y pandillas armadas partidarias del gobierno (llamadas “colectivos” en Venezuela) atacaron a manifestantes en las calles, empleando fuerza extrema y en ocasiones letal, provocando decenas de muertes y cientos de heridos. Las autoridades detuvieron a miles de manifestantes y transeúntes, muchos de los cuales fueron luego procesados por tribunales militares", revela un informe del organismo de derechos humanos HUman Rights Watch.
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), informó en agosto de 2017 sobre la “existencia de una política destinada a reprimir el disenso político e infundir temor en la población a fin de frenar las manifestaciones” en Venezuela.
El ACNUDH manifestó en su informe que identificó “un uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva y detenciones arbitrarias contra los manifestantes”, así como “un esquema de otras violaciones de derechos humanos, que abarcan violentos allanamientos de viviendas, torturas y malos tratos a los detenidos en relación con las protestas”.
Las denuncias documentadas forman parte de las evidencias sobre los abusos a los derechos humanos por el régimen de Venezuela.
FUENTE: Red Digital Noticias