Antes de la muerte del agente, la delegación de la Policía Nacional en la zona fue incendiada por pobladores. Un grupo de 15 antimotines fueron retenidos por la población tras las protestas en la mina, administrada por la transnacional B2Gold.
Los pobladores instalaron barricadas en algunas calles de la comunidad, exigiendo el reintegro de tres sindicalistas que fueron despedidos de la minería.
Sangriento enfrentamiento
Un día después, otro sangriento enfrentamiento ocurrió en Chichigalpa, Chinandega, también occidente de Nicaragua; cuando más 400 extrabajadores cañeros protestaban frente al Ingenio San Antonio para exigir la liberación del líder de la asociación Nueva Esperanza, Roberto Nicoya.
Según la policía, éste fue capturado cuando trasladaba morteros desde León hacia el lugar de la protesta. El enfrentamiento dejó cinco policías lesionados, decenas de heridos y desaparecidos entre los ex cañeros.
Una protesta contra el canal interoceánico. (ARCHIVO)
Miles de extrabajadores de la zafra azucarera enfermos de Insuficiencia Renal Crónica (IRC) piden una indemnización laboral al Ingenio San Antonio, propiedad de la familia Pellas, uno de los grandes capitales de Nicaragua. Cientos o miles más han fallecido a la espera de una buena gestión del Ministerio de Salud que le permita solventar esta epidemia de la salud pública.
Durante el mes de septiembre, la costa del Caribe norte de Nicaragua entró erupción por los enfrentamientos mortales entre indios miskitos y colonos, procedentes de la parte occidental del país.
Reclamo de tierras
Al menos nueve personas murieron y más de 20 resultaron heridas en septiembre, mientras que cientos de miskitos huyeron de sus tierras ancestrales y en algunos casos, cruzaron la frontera hacia la vecina Honduras.
El conflicto estalló cuando los miskitos tomaron las armas para tratar de expulsar a una reciente ola de mestizos atraídos en parte por los ricos bosques de madera dura tropical de la zona para explotarlos comercialmente. Algunos de los nuevos pobladores talan áreas del bosque tropical para dedicar el terreno a la cría de ganado.
Los líderes miskitos les llaman los “colonos” y los acusan de apoderarse por la fuerza de las tierras consideradas tradicionalmente como propiedad comunal, de robar las reservas de alimentos y de abusar de la gente del lugar.
En víspera de la Navidad de 2014, al menos 21 heridos y 33 detenidos dejó un violento desalojo policial de los manifestantes que protestaban por las expropiaciones de tierra para la construcción del millonario canal interoceánico en Nicaragua.
La policía actuó con violencia porque un grupo de 100 manifestantes quemaron la estación policial de El Tule, a 260 kilómetros al sureste de Managua, y amenazaron “con quemar una cisterna con 1,000 galones de combustible, poniendo en riesgo la vida de la población”, según dijo en ese momento la jefa de la Policía Nacional, Aminta Granera.
Brotes de violencias como los anteriores ya no son comunes en Nicaragua y no precisamente es una lucha directa entre la población y la policía, aunque la institución castrense sea considerada por opositores como el brazo represor del Gobierno de Daniel Ortega.
“Lo que está pasando en Nicaragua es que está entrando en una crisis profunda el modelo económico social que ha estado impulsando el Gobierno de Ortega durante 9 años”, explica el diputado del Movimiento Renovador Sandinista, Víctor Hugo Tinoco.
“Este modelo se fundó en básicamente con el gran capital nacional y con los capitales extranjeros en un acuerdo económico y político de mutuo apoyo”, añade el disidente del Frente Sandinista de Liberación Nacional, partido de gobierno.
Según Tinoco, los afectados de este acuerdo que privilegia el interés del gran capital nacional y transnacional han sido los sectores laborales; quienes 9 años después de haber vuelto al poder Ortega, abren los ojos y se enteran que los bajos salarios no alcanza para comprar lo mismo que hace diez años, el empleo sigue escaso y la única opción sigue siendo emigrar a países como Costa Rica y Panamá.
“Esa es la verdad de fondo (de las protestas). Ese modelo que funcionó durante varios años ayudado por una determinada bonanza de los buenos precios de los productos básicos y por campaña masiva de propaganda a través de sus medios de comunicación, propició que eso funcionara sin que hubieran grandes protestas y rebeliones de sectores de base (como ahora)”, sostiene el legislador.
Un proyecto de ley de tercerización en la que grupos sindicales del país han mantenido esperanzas para proteger los derechos de los trabajadores subcontratados por las empresas, tampoco ha sido aprobado por el parlamento, pese a que el sandinismo orteguista tiene el control de este poder del Estado.
“Lo más grave para Ortega es que (quienes protestan) son sectores de base sandinistas organizados y sindicalizados, a quienes ya se les cayó la venda y se da cuenta que si no luchan y si no pelean se van a morir de hambre, eso es lo que está entrando en crisis y si vos te da cuenta en la mina El Limón, básicamente son trabajadores de origen sandinistas, los cañeros de Chichigalpa la mitad de trabajadores son de origen sandinista”, sostiene el diputado.
Hace dos años, entre sonrisas y halagos, los grandes empresarios del país y Daniel Ortega sellaron el miércoles su interés de establecer en Nicaragua una plutocracia, es decir, un gobierno de los ricos, donde las decisiones se toman entre la oligarquía y el poder político en detrimento de las instituciones, el sistema electoral y el Estado de Derecho.
Así lo apreció en aquel momento el periodista Danilo Aguirre este encuentro, según el semanario Confidencial, medio crítico al gobierno que sostiene que representantes del gran capital que acompañaron al Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), a la cuarta cita de trabajo con Daniel Ortega, aprovecharon la ocasión para ‘bendecir’ su estilo de gobierno, aún cuando los fraudes electorales han alejado la ayuda internacional, y el estado de Derecho ha quedado reducido a su mínima expresión bajo un esquema personalista y partidario de concentración de los poderes de parte del mandatario.
“Por eso ves esos brotes (de violencia) por todos lados y entonces los enfrentamiento con la policía que es el recurso que usa el gobierno para tratar de sofocar las protestas, ya no está funcionando. Lo que va pasar es que el gobierno se deteriora cada día más. El gobierno solo tiene dos opciones: o corrige y busca como dar respuesta a los problemas de los sectores trabajadores o se queda en la misma política tratando de mantener la calma mediante la propaganda y el uso de la represión”, añade Tinoco.
Para Ortega no es fácil, dado que no solo se trata de cogobernar con los empresarios en aras de mostrar estabilidad económica del país. Sino que el mismo sandinismo es parte de esa oligarquía nacional, máxime que ahora la cooperación petrolera venezolana les ha permitido a Ortega, su familia y colaboradores cercanos, ampliar su abanico de empresas en detrimento de las condiciones económicas de las mayorías.
Marcha contra el canal interoceánico
Es probable que Ortega decida corregir lo mal hecho hasta el momento como aprobar la ley de tercerización o impulsar la mejora de salarios. De lo contrario habrá más violencia en el país y los votantes de su propio partido podrían castigarlo en las urnas o en las calles. Los opositores al canal interoceánico, un proyecto que parece esfumarse con el paso del tiempo, anuncian una marcha nacional el 28 de octubre y vislumbran un panorama político económico complejo para el país.
No obstante, el país aún sigue distante de emular a países como Guatemala, donde la corrupción y la impunidad destapada por la justicia, lanzó a la ciudadanía en las calles que presionó por la caída del presidente Otto Pérez Molina.
“Es que ese es uno de los problemas que en la cultura política nuestra, como hemos tenido una cultura de autoritarismo, el tema de la importancia de la democracia, de la transparencia, ese tipo de temas no son tan importantes (para la ciudadanía) porque no tienen que ver con la comida cotidiana de la gente; por eso ha sido difícil movilizar a la gente en temas de gobernabilidad, de democracia y de principio de convivencia democrática, la gente solo se moviliza solo en cosas concreta”, concluyó Tinoco.
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