La vicepresidenta argentina Cristina Fernández.
APBUENOS AIRES.- La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández Kirchner, anunció que no se presentará a ningún cargo en las elecciones generales de 2023, tras ser condenada a 6 años de prisión al ser hallada culpable de fraude al Estado, con inhabilitación perpetua para ejercer funciones públicas.
"No voy a ser candidata a nada, ni a senadora, ni a diputados ni a presidenta de la nación", dijo Kirchner en un mensaje por las redes sociales, pese a que podría postularse porque las penas no están firmes debido a sus fueros y porque puede apelar ante instancias superiores.
Un tribunal federal integrado por tres jueces condenó a Fernández y la inhabilitó de por vida para ejercer cargos públicos tras hallarla culpable del delito de administración fraudulenta -defraudación al Estado- por unos 1.000 millones de dólares al adjudicar de forma irregular durante sus dos mandatos consecutivos unas 51 obras a Lázaro Báez, un empresario allegado.
La condena tiene un fuerte impacto en Argentina porque Fernández, de 69 años, es la figura política más importante de los últimos 20 años. Fue legisladora, presidenta durante dos mandatos consecutivos y ahora vicepresidenta, además de líder de un sector centroizquierdista dentro del peronismo con gran capacidad de movilización en las calles. Es además la primera condena para un vicepresidente en ejercicio del poder y viene precedida por el supuesto atentado que sufrió el 1 de septiembre por el cual tres jóvenes están detenidos y procesados. Se prevé que la sentencia genere una profundización de la grieta que divide a la sociedad entre kirchneristas y antikirchneristas.
Este es el primer juicio a Fernández y el primer pedido de condena en su contra. Otras investigaciones judiciales han sido cerradas y varias por distintos delitos siguen abiertas. En la actualidad, un tribunal superior analiza si reabre una causa en la que la vicepresidenta y sus hijos fueron sobreseídos sin que se llevara a cabo un juicio oral y público por la acusación de lavado de dinero.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola sostuvieron que la empresa de Báez fue una estructura creada para extraer fondos del Estado mediante el direccionamiento de licitaciones de obras públicas y que cuando concluyó el mandato de Fernández desapareció. También afirmaron que varios proyectos viales registraron sobrecostos y muchos nunca se terminaron. En una de las audiencias del juicio Luciani sostuvo que “estamos ante la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país” y que estuvo vigente durante los dos mandatos de Fernández y la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007), su marido y antecesor, quien falleció tres años después de dejar el poder.
Fernández negó las imputaciones y acusó al tribunal de tener la condena escrita desde el inicio del juicio y de actuar como un “pelotón de fusilamiento”, según su opinión. Afirmó que las imputaciones no tenían sustento jurídico y se basaban en mentiras. La dirigente centroizquierdista se consideró una "perseguida" de sectores judiciales confabulados con su sucesor en el poder, el expresidente Mauricio Macri (2015-2019), para socavar, según ella, su popularidad, apartarla de la escena política y proscribir al kirchnerismo.
El tribunal juzgó a 13 acusados, incluidos Fernández , Báez, el exministro de Planificación Julio de Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López y otras personas que ocuparon cargos durante su gobierno y el de su Néstor Kirchner.
El mandatario ha defendido la "inocencia" de la vicepresidenta, uno de los pocos puntos de coincidencia con su compañera en el poder con la que mantiene una fría relación por discrepancias sobre la gestión gubernamental. Fernández ha dicho que la justicia ha "perseguido" sistemáticamente a la exmandataria.
No, porque puede apelar la sentencia ante distintas instancias judiciales en un proceso que llegaría hasta la Corte Suprema, que tiene la última palabra, y que podría demorarse años. Por otro lado, como vicepresidenta -cargo para el cual fue elegida hasta diciembre de 2023- Fernández tiene fueros que le otorgan inmunidad de arresto.
Pese a la condena la ley le permite competir por la presidencia o cualquier otro cargo electivo, como por ejemplo un escaño en el Congreso, a cualquier condenado siempre y cuando la Corte Suprema no haya confirmado la sentencia.
Sin embargo, Fernández adelantó el martes que “no voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senadora. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta”.
Si el máximo tribunal ratifica la condena habrá que ver si para entonces la dirigente peronista goza de fueros por algún cargo electivo que le aseguren la inmunidad de arresto. En ese caso, la constitución contempla el juicio político para desaforar al condenado, para lo que se requiere una mayoría especial de votos en el Congreso.
El kirchnerismo se ha declarado en estado de alerta y movilización desde que los fiscales solicitaron la condena. Dentro de ese movimiento no existe unanimidad acerca de si es pertinente una movilización masiva en respaldo a la vicepresidenta debido a que fue víctima de un atentado fallido hace tres meses en las inmediaciones de su domicilio durante una muestra de respaldo de sus simpatizantes. Algunos sindicatos afines al gobierno han manifestado su intención de volcarse a las calles y hacer huelgas por tiempo indefinido.
FUENTE: Con información de AFP/AP
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