LA HABANA.- La dictadura de Cuba, a través de la Fiscalía pidió entre 20 y 30 años de cárcel para tres ciudadanos cubanos sometidos a juicio público, acusados de lanzar cocteles molotov y colocar carteles con consignas contra el régimen de Miguel Díaz-Canel.
Según un reporte del Noticiero Estelar de la televisión, replicado por el portal oficial Cubadebate y reseñado en el portal Diario de Cuba, el juicio se desarrolló en el Tribunal Municipal Popular de Diez de Octubre y "la petición fiscal para cada uno los acusados" estuvo "en correspondencia con el grado de responsabilidad y las circunstancias agravantes".
A los acusados por la dictadura se les acusa de ser "autores por la comisión de hechos constitutivos de delitos por actos cometidos con artefacto explosivo o mortífero, agentes químicos o biológicos y otras sustancias, así como de propaganda enemiga".
Se trata de un hombre y dos mujeres que presuntamente durante el año 2022 habrían lanzado dos cocteles molotov a la sala donde se resguardaban los archivos del Tribunal Municipal Popular de Centro Habana y luego accionaron sobre la sede nacional de los CDR, donde resultó lesionada una persona.
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En Miami piden libertad para los presos políticos en Cuba en apoyo a la marcha del #15NCuba.
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El régimen de Cuba aumenta la represión
Yuseidi Pérez Lobaina, presidenta del Tribunal Municipal Popular de Centro Habana, dijo que uno de los hechos condenados "conmovió al sistema de tribunales".
"No estamos acostumbrados en nuestro país, donde los jueves caminamos por las calles, donde nos montamos en una guagua, somo parte del pueblo, de una cola, a recibir este tipo de tratamiento", dijo Pérez Lobaina.
La dictadura de Cuba ha recrudecido la censura contra la población que adversa las políticas implementadas en la isla.
El número de presos políticos ha ido creciendo en los últimos seis meses con 91 nuevos casos, un promedio de 15 cada mes, destacó la organización defensora de los derechos humanos.
Los presos políticos en Cuba sufren condenas judiciales o disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías "sin supervisión judicial alguna ni defensa jurídica, en flagrante violación de la ley internacional que ampara el debido proceso y la defensa efectiva", señala el informe.
FUENTE: REDACCIÓN