El panorama carcelario por razones políticas en Cuba se hace cada vez mas desolador, sobre todo después de las detenciones arbitrarias, secuestros y juicios castristas (entiéndase instrumentos para hacer públicos los castigos preestablecidos por razones políticas) con condenas de mas de 20 años de prisión contra los manifestantes pacíficos del 11 de julio de este año (11-J), cuando a lo largo y ancho de la Isla miles de civiles salieron a las calles a manifestarse, como nunca antes, empujados por las terribles condiciones de subsistencia, el hartazgo ante la vulgar represión comunista, el miedo a morir por coronavirus y otras enfermedades e inspirados por el eco de los gritos de protesta cuyo reflejo en las redes sociales demostró que era, más que una posibilidad, el único camino para derrocar la dictadura, a pesar de la férrea represión.

La brutal respuesta al descontento popular no es nueva. Esta maquinaria represiva ha sido engrasada por los represores cada vez que han necesitado de su poder para desestabilizar y escarmentar cualquier chispa anticomunista, con el único fin de mantener el control totalitario, sacando las garras según las condiciones en la Isla y su interpretación internacional, es decir: el aguante del pueblo y el nivel de aceptación y contubernio por parte de los llamados países democráticos y las organizaciones globales (hoy ya, sin dudas, globalistas).

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No olvidemos los juicios revolucionarios publicitados por Fidel Castro, su hermano Raúl y Ernesto (Che) Guevara (que en Naciones Unidas llegó a ser aplaudido cuando aseguró que seguirían fusilando) desde el mismo 1959, y que no eran más que macabros sainetes para asesinar, en nombre de la Revolución, lo mismo a opositores, católicos que simplemente a escépticos de la doctrina comunista que urgía ser aplaudida o al menos aceptada por la mayor parte de la sociedad.

Así ha sido hasta hoy, pues justamente de ello se trata una Revolución Socialista: imponerse a través del terror en todas sus formas, ya sea la violencia física o el adoctrinamiento, que es otro modo de crueldad. Ahí está la historia del presidio político en la Isla de Pinos (que el castrismo nombró Isla de la Juventud), La Cabaña y otros laboratorios del terror comunista; los campos de concentración conocidos como Unidades de Apoyo a la Producción (UMAP) a donde fueron arrastrados miles de homosexuales; o las condenas a los 75 opositores pacíficos en la Primavera Negra de Cuba en 2003. La lista es tan larga como siniestra.

En los últimos cuatro meses las condenas de más de 20 años de privación de libertad se han disparado. Sobre todo contra los “líderes” de grupos disidentes, rostros que la policía política ha considerado más llamativos o peligrosos, y los casos que pudieran tener un impacto más ejemplarizante, como el de Roberto Pérez Fonseca, uno de los que, durante las masivas manifestaciones del11 de julio (11-J), despedazó una fotografía del fallecido dictador Fidel Castro en señal de protesta, y que terminó condenado a 10 años de cárcel, entre otros casos de similar tratamiento.

Otro ejemplo son los tres hermanos Emiyoslán, Yosney y Mackyanis Román, quienes protestaron en el barrio habanero de La Güinera, en el municipio Arroyo Naranjo, donde quizás ocurrieron los enfrentamientos más firmes entre manifestantes y agentes de la dictadura, en los que terminó asesinado el joven Diuvis Laurencio Tejeda, por disparos del subteniente Yoennis Pelegrín Hernández, premiado por la Fiscalía por matar en nombre de la Revolución Socialista.

Estos 3 hermanos, tan sólo por ejercer su derecho a la protesta, enfrentan sentencias de 15, 20 y 25 años de cárcel respectivamente. Yosney tenía 17 años cuando salió el 12 de julio a manifestarse contra el comunismo y cumplió los 18 en agosto, estando en prisión, acusado del supuesto delito de “sedición”.

“Esto no puede ser. Para nadie. Esto es lo más grande. ¿Cómo les van a pedir toda esa cantidad de años? Mis hijos se me van a volver locos. No puedo creer que esos perros les pidan esa salvajada de años”, expresó el padre, Emilio Roman, cuando se enteró de la sentencia de sus tres hijos el 23 de octubre, citado en un texto publicado en Diario las Américas por la periodista Darcy Borrero, colaboradora de Justicia 11J.

Un comunicado de este «grupo de trabajo sobre detenciones por motivos políticos en Cuba”, surgido a raíz del levantamiento popular del 110-J, advierte que «la sedición está siendo usada como delito político contra personas que exigen derechos elementales y que no tienen formación política. La desobediencia civil no es ni sediciosa ni se debe catalogar como vandalismo. Hacerlo es discriminatorio y elitista. El #11JCuba fue espontáneo».

La Isla ha sido sitiada con la penumbra de una larguísima lista de juicios y condenas arbitrarias, de más de 20 años, por razones políticas y con el propósito de castigar y escarmentar. De ahí que Justicia 11J esta semana haya catalogado a la Isla como el país con más presos políticos de la región. Algo que no es nuevo, pues allí, desde hace seis décadas, el oponerse al régimen es tipificado como delito y casi cualquier cosa puede ser considerada una razón de Estado.

Justicia 11J ha exigido al régimen, sin ninguna respuesta como era de esperar, «información detallada sobre la cantidad de personas que habían sido detenidas en el contexto de la manifestación. Estas detenciones no fueron solamente el día 11, sino que tuvieron lugar el 12 de julio en localidades como La Güinera, en La Habana”, dijo Camila Rodríguez, una de las voceras de este grupo, en entrevista con la periodista Yolanda Huerga de Radio Televisión Marti.

El grupo ha emitido 13 demandas, «bajo la supervisión de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Fondo de las Naciones Unidas para para la Infancia, UNICEF», manifestó Rodríguez, quien explicó han pensado colocar las demandas «una propuesta de ley de Amnistía, a partir de la cual darle curso a la solución de los conflictos generados a raíz de la protesta y para prever otros escenarios futuros de protesta como pudo haber sido el del pasado 15 de noviembre».

En la entrevista la portavoz argumentó que Justicia 11J «considera pertinente la aprobación de los decretos leyes que facilitarían el cumplimiento de ciertos derechos en Cuba, como el derecho a la manifestación pacífica» y que sea respaldaba por «cubanos que viven tanto dentro como fuera del país, como un ejercicio para visibilizar la demanda de justicia no solo por los manifestantes de julio sino también del resto de los presos políticos”. Ojalá fructifique. Mientras tanto, el castigo avanza a ritmo de revolución.

Y nada de esto es nuevo. Esa es la verdadera naturaleza del castrismo, que no en balde, para engañar y sostener su poder, a como dé lugar, ha entendido la importancia de mutar. Eso sí, sin renunciar jamás a su mayor arma: la violencia.

El régimen ha acelerado, con total impunidad, su vieja estrategia de juicios ejemplarizantes, que ahora, como si no fueran una marca de agua del castrismo, el mundo parece descubrir. La libertad de Cuba no solo depende la capacidad de resiliencia del pueblo sino también, inevitablemente, de la permisibilidad de la comunidad internacional, que para desgracia de los cubanos, con intermitentes excepciones, sigue estando en los márgenes que mantienen el triste estatus de la Isla cárcel.

Cortesía/ La Gaceta de la Iberosfera

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