Con el impedimento policial para que productores de Río San Juan y Nueva Guinea, sur del país, distribuyeran unos 800 quintales de granos básicos, a más de 1,000 familias afectadas por la sequía en cinco municipios fronterizos con Honduras, el Gobierno de Daniel Ortega oficializó el control de cada donación de alimentos para casos de emergencia en Nicaragua.
Usando el poder policial y otras instituciones, el Gobierno confiscó los 800 quintales de granos básicos que los productores de El Tule, quienes marcharán la próxima semana en contra del canal interoceánico, trataban de enviar a los campesinos afectados por la sequía del corredor seco.
Con ellos el gubernamental Sistema Nacional de Prevención, Atención y Mitigación de Desastres (SINAPRED), estableció que “toda ayuda que se quiera hacer llegar a las personas y familias afectadas por alguna situación, debe ser canalizada a través del SINAPRED”, sin que la disposición haya sido sustentada con alguna ley o reglamento.
Campesinos reclaman sus derechos laborales y protestan contra el canal interocéanico. (Cortesía)
El lema sandinista de ser cristiano, socialista y solidario queda roto con disposiciones como esta, que para el sociólogo Cirilo Otero, director del Centro de Iniciativas de Políticas Ambientales, “está en contra de los principios humanitarios de los que Nicaragua ha sido signatario en términos de las necesidades y emergencias durante crisis”.
“Esto viene a actualizar y formalizar el procedimiento (sobre las donaciones), pero está basado en un cambio inexplicable en la política de cooperación y viene a centralizar el tema de las donaciones”, prosiguió el sociólogo a la prensa local.
La confiscación recordó a los nicaragüenses a la década de 1980 cuando, en plena revolución sandinista, el Ministerio de Comercio Interior (Micoin) impedía a los ciudadanos el comercio de sus granos.
Militarización
Está más que demostrado que Ortega y su Gobierno harán lo necesario para sostenerse en el poder, debido a los últimos brotes de protesta en diferentes partes del país. Desde el pasado fin de semana, cientos de antimotines de la Policía Nacional mantiene sitiada una comunidad minera en el occidente del país.
Según la prensa local, la policía atacó a pobladores de la comunidad Mina El Limón, en León, lanzando morteros y balas de goma, sacaron de las casas tanto a hombres como a mujeres y solo los niños lograron escapar de la “cacería”.
La tensión en esta comunidad inició desde hace semanas cuando trabajadores de la empresa minera B2Gold reclamaran derechos laborales e hicieron huelga.
Luego la policía capturó a tres sindicalistas que impedían el funcionamiento de la empresa, hasta que se dieron los enfrentamientos en el que salió muerto un oficial, así como varios pobladores y policías heridos.
El cardenal Leopoldo José Brenes dijo que “la Policía Nacional debería de pedir disculpas” por “asaltar y tirar las puertas” de la parroquia Santa Bárbara, ubicada en la misma comunidad.
Por su parte, el propio gobierno ha llamado a la paz y el sector empresarial ha condenado la resistencia de los pobladores.
Por hechos policiales como los anteriores es que el sandinismo disidente y la oposición llaman dictadura al Gobierno de Ortega y su familia.
Ley antiprotesta
Gonzalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), grafica lo que se vive en Mina El Limón como una antelación de lo que se sufriría en Nicaragua de aprobarse la iniciativa de Ley de Seguridad Soberana de la República de Nicaragua, que en la práctica sancionaría futuras protestas, marchas cívicas o huelgas contra empresas o el gobierno.
Este proyecto de ley en el Congreso es considerado por expertos de seguridad y juristas como un retroceso a los tiempos de la seguridad del Estado, durante la revolución de la década de 1980, al reforzar el estado policial por los extremos poderes concedidos a la Policía, el Ejército y a la Dirección de Investigación para la Defensa (DID).
Parte del documento determina que puede considerarse riesgos a la seguridad soberana cualquier factor que “genere peligro a la seguridad de las personas, de la vida, la familia y la comunidad, así como de los intereses supremos de la nación nicaragüense”.
Las Amenazas a la Seguridad Soberana según parte del proyecto de ley, son el espionaje, sabotaje, rebelión, traición a la patria, “cualquier acto ilegal que atente contra la existencia del Estado nicaragüense y sus instituciones”, además de “actos de injerencia extranjera en los asuntos nacionales”.
En ese sentido, el movimiento que protesta contra el proyecto del canal interoceánico teme que con esta legislación puedan ser declarado traidores de la patria y con ello, la represaría policial y legal correspondiente, al oponerse los campesinos a la concesión a un empresario chino que es considerado como una entrega de la soberanía nicaragüense.
“Eso significa un riesgo para las libertades y los derechos de los nicaragüenses… Podría ser una puerta para todo porque le deja al presidente una gran discrecionalidad: interpretar, por ejemplo, cuáles son los intereses soberanos e interponer su interpretación encima de los derechos de los ciudadanos”, resaltó al diario La Prensa el jurista José Pallais.
Por ello es que en Nicaragua especulan que el estado de sitio, aplicado por la policía sandinista en Mina El Limón, es una prueba para lo que sería a mayor escala “represión” para los ciudadanos que protestan contra su gobierno y el resto de poderes que Ortega mantiene bajo su control.
“Eso significa un riesgo para las libertades y los derechos de los nicaragüenses… Podría ser una puerta para todo porque le deja al presidente una gran discrecionalidad: interpretar, por ejemplo, cuáles son los intereses soberanos e interponer su interpretación encima de los derechos de los ciudadanos”, cuestionó Pallais.
El sandinista Francisco Bautista, exsubdirector general de la Policía Nacional, opinó a la prensa local que la iniciativa de Ley de Seguridad Soberana de la República de Nicaragua, no se debe de ver en un contexto de corto plazo, ni considerar que es alusiva a las protestas actuales.
“Una ley es un instrumento de vigencia de mediano y largo plazo, y responde a las necesidades del país, frente a una situación real del país, frente a un problema global, de amenaza del crimen organizado, transnacional. (Es) la responsabilidad del Estado de crear los mecanismos internos para preservar el orden del país, eso es totalmente válido”, manifestó Bautista.
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