La presidenta interina negó una reacción tardía del Ejecutivo y defendió la actuación oficial, mientras persisten las denuncias por la atención a las comunidades afectadas
Miembros del equipo de búsqueda y rescate USAR de Chile permanecen sobre los escombros de edificios dañados en Catia La Mar, La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026, tras los devastadores terremotos.
FEDERICO PARRA / AFP
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante una conferencia de prensa sobre la catástrofe que afecta a Venezuela tras los terremotos.
EFE MIAMI.– La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, salió este jueves al paso de las crecientes críticas contra el Ejecutivo por el manejo de los terremotos del pasado 24 de junio, una tragedia que dejó miles de muertos, decenas de miles de afectados y reavivó el debate sobre la capacidad del Estado para responder a una emergencia de gran magnitud.
Durante una rueda de prensa con medios internacionales, la primera desde el desastre, respondió a preguntas sobre el tiempo de reacción de las autoridades, la escasez de maquinaria pesada en las zonas más devastadas, las denuncias de sobrevivientes y voluntarios, el manejo de las víctimas mortales y la capacidad institucional para atender una de las peores catástrofes naturales registradas en el país en las últimas décadas.
La funcionaria rechazó que el Gobierno hubiera actuado con demora y aseguró que los protocolos de atención fueron activados inmediatamente después de los sismos.
“No esperamos uno, dos o tres días. Actuamos de inmediato”, afirmó al defender la gestión de su administración.
Según explicó, el operativo comenzó con unos 4.000 funcionarios desplegados y posteriormente se amplió hasta reunir cerca de 19.000 efectivos entre integrantes de las Fuerzas Armadas, Protección Civil y otros organismos dedicados a las tareas de búsqueda, rescate y asistencia.
También respondió a las denuncias sobre la aparente ausencia de personal oficial durante las primeras jornadas y sostuvo que las demoras registradas en algunos sectores obedecieron a carreteras bloqueadas por los escombros y no a una falta de reacción del Estado.
En otro de los momentos más tensos de la comparecencia, atribuyó parte de los cuestionamientos a lo que calificó como “laboratorios mediáticos”, a los que responsabilizó de difundir información destinada a generar caos y desacreditar la gestión oficial mientras se desarrollaban las operaciones de rescate.
Asimismo, defendió el despliegue militar en las áreas afectadas y aseguró que la presencia de las Fuerzas Armadas fue indispensable para garantizar la seguridad, coordinar la distribución de ayuda humanitaria y respaldar los trabajos de recuperación.
El discurso oficial contrasta con los testimonios de familias que relataron haber buscado a sus seres queridos entre los escombros con herramientas improvisadas y con las denuncias de voluntarios y organizaciones humanitarias sobre retrasos en la llegada de equipos especializados, escasez de suministros médicos y dificultades para acceder a varias de las comunidades más golpeadas por el desastre.
La emergencia también volvió a poner bajo la lupa el deterioro de la infraestructura pública y la limitada capacidad de respuesta de las instituciones venezolanas tras años de crisis económica. Diversos especialistas y organizaciones humanitarias sostienen que esas condiciones agravaron el impacto de los terremotos y dificultaron las labores de rescate durante los primeros días.
Consultada sobre las denuncias relacionadas con el manejo de los fallecidos, Rodríguez negó que se hayan realizado entierros en fosas comunes y aseguró que todas las víctimas están siendo identificadas conforme a los protocolos forenses establecidos.
De acuerdo con el balance oficial presentado por el Ejecutivo, los terremotos dejan hasta el momento 2.595 fallecidos, más de 12.400 heridos y miles de personas desplazadas.
Mientras continúan las tareas de recuperación, miles de venezolanos permanecen fuera de sus hogares o intentan reconstruir sus vidas entre los escombros. En ese escenario, el debate sobre la rapidez y eficacia de la respuesta oficial sigue abierto, al igual que las exigencias de mayor transparencia sobre la magnitud de la tragedia y la asistencia brindada a las comunidades afectadas.
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