LIMA.- Expertos peruanos coincidieron este martes en que la solicitada deportación del expresidente peruano Alejandro Toledo desde Estados Unidos es "inviable", por lo que estimaron que lo más seguro es proceder a la extradición para que el acusado responda por los delitos de corrupción que se le atribuyen.
"La deportación es una acción que toma libremente un Estado respecto a una persona que tiene irregularidad migratoria o que cometió determinado delito en su país. Eso no ha sucedido aparentemente en Estados Unidos con Toledo. Por ende, no habría fundamento alguno para la deportación", dijo el penalista Julio Rodríguez en la radio RPP.
El también penalista Luis Lamas Puccio coincidió con Rodríguez y dijo que es difícil que el exmandatario, un economista de 70 años, sea deportado de Estados Unidos debido a su condición de residente.
En ese sentido, los juristas, dos de los más respetados de su ramo en el país, se apartaron de la posición del presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien el domingo, en una conversación telefónica con su homólogo Donald Trump, le pidió buscar dentro de las normas migratorias estadounidenses una figura que permita la deportación o expulsión de Toledo.
Si Toledo es atrapado en cualquier país, lo que procede es que se le pregunte si desea regresar voluntariamente a Lima. Si la respuesta fuera negativa, el Perú puede solicitar a ese país la expulsión del exmandatario, pero esa otra nación tendrá plena potestad para hacerlo o no. Asimismo, ese tercer país involucrado podrá decidir si lo envía a Lima o con otro rumbo.
En el caso de Estados Unidos, hay sin embargo una variable, pues Toledo tiene residencia legal y para que sea expulsado se necesita de la participación de un juez federal. Generalmente, esa figura procede cuando el acusado ha cometido actos indebidos en el país en el que vive, lo cual no es el caso de Toledo.
Si Toledo no regresa voluntariamente ni el país que lo captura concede la expulsión, el Perú tendrá que iniciar un proceso de extradición, mediante documentación en la que la Corte Suprema de Justicia detalle los cargos que se le imputan. Dicho informe tendrá que ser aprobado por el Consejo de Ministros, que, a través de la Cancillería, le entregará el material al país en referencia.
Eso implica el nacimiento de un proceso judicial en el país en que esté el potencial extraditado. Solo si los jueces de ese país consideran que hay indicios razonables para el juzgamiento y que no existen motivaciones alternas como la persecución política, se procederá a la extradición.
Como no todos los tratados de extradición son iguales, hay variables respecto a la manera cómo se lleva el tema. En la mayoría de los casos por ejemplo es imprescindible que la figura delictiva que se le atribuye al acusado también esté contemplada en la legislación local y tenga penas similares. Asimismo, queda establecido que un extraditado solo podría ser procesado en su país por aquellas figuras delictivas por las que se le entregó.
Según sea el país y las decisiones que tomen sus jueces, mientras se resuelve el pedido de extradición, Toledo podría estar preso en un penal, bajo arresto domiciliario o simplemente bajo comparecencia y con ciertas restricciones en las libertades.
Toledo, quien supuestamente recibió 20 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht, para entregarle a esa empresa la construcción de dos tramos de la vía Interoceánica, es acusado hasta el momento por la Fiscalía de tráfico de influencias y lavado de activos.
Para expertos aún existe la posibilidad de que al exmandatario se le atribuyan otras figuras como cohecho privado propio (soborno), asociación para delinquir o enriquecimiento ilícito, pero todo esto debe ya estar claro cuando se envíen los cuadernillos de extradición, pues esa va a ser la materia desde la cual tomarán la decisión los jueces locales.
Aunque Toledo no ha sido visto desde que el jueves el juez Richard Concepción le dictara los 18 meses de prisión preventiva, el Gobierno peruano a partir de fuentes que no ha revelado tiene la casi certeza de que sigue en San Francisco, la ciudad en la que ha residido gran parte de su vida como académico.
Según especulaciones, Toledo podría estar buscando un país más seguro, pero no hay ningun indicio oficial de que eso sea así. Por lo pronto, Israel, país en el que viven muchos de los amigos del exmandatario, incluidos algunos investigados como presuntos cómplices del soborno, ya aclaró en forma explícita que no lo recibirá hasta que resuelva sus problemas con la Justicia.
Toledo, un economista centrista de 70 años que gobernó entre 2001 y 2006, insiste en la versión de que es un perseguido, pero lo aparentemente fuerte de los indicios en su contra han hecho que ni siquiera quienes fueron sus seguidores repitan esa tesis.
FUENTE: dpa
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