El Decreto-Ley 108, en vigor desde el 21 de abril, amplía las facultades de control estatal sobre equipajes y paquetes, con efectos directos en la comunidad cubana del sur de Florida
Sala de espera de equipajes en la terminal 3 del aeropuerto José Martí de La Habana, Cuba.
AFP El envío de paquetes a Cuba se ve afectado por demoras o pérdidas de los bultos internacionales por múltiples razones, incluyendo las medidas restrictivas de la propia aduana cubana, la excesiva burocracia y la obsoloscencia del sistema de entrega y el embargo de EEUU.
Radio Martí La ley otorga mayores facultades a la Aduana General de la República para retener, decomisar o declarar en abandono mercancías transportadas por viajeros o enviadas desde el exterior.
(CORTESÍA: www.cubaenmiami.com) El Decreto-Ley 108 entró en vigor el 21 de abril de 2026.
Prensa oficialista
Trabajadores de la Aduana en un primer momento de revisión a los pasajeros a su arribo a la isla.
RADIO HABANA CUBA vía Diario de Cuba MIAMI. – Desde Miami, principal punto de conexión entre la diáspora cubana y Cuba, la entrada en vigor del Decreto-Ley 108 de Aduanas comienza a sentirse más allá de sus fronteras. La normativa, que refuerza el control estatal sobre lo que entra al país, introduce cambios que impactan de forma directa a los miles de cubanos que envían ayuda y viajan con frecuencia a la isla.
El marco legal, publicado en enero de 2026 y aplicado desde el 21 de abril pasado, tras un período de implementación, otorga mayores facultades a la Aduana General de la República para retener, decomisar o declarar en abandono mercancías transportadas por viajeros o enviadas desde el exterior.
En la práctica, el nuevo procedimiento no solo amplía capacidades operativas, sino que consolida un margen casi absoluto de decisión para las autoridades, que pueden determinar qué bienes son admitidos, cuáles se consideran restringidos y en qué casos una carga pasa a ser tratada como actividad comercial, incluso cuando responde a envíos de carácter personal o familiar.
El impacto de estas disposiciones se proyecta con fuerza en el sur de Florida, donde se concentra la mayor comunidad cubana fuera del país y desde donde se origina un flujo constante de paquetes, equipaje acompañado y viajes con artículos destinados a familiares. Ese sistema, sostenido durante años como vía de apoyo ante la escasez interna, enfrenta ahora un entorno más restrictivo y con mayores niveles de incertidumbre.
La normativa también establece límites más estrictos sobre el transporte de mercancías para terceros y refuerza la capacidad de inspección, incluyendo procedimientos que amplían el alcance de las autoridades en la revisión de cargas y pertenencias.
Aunque el gobierno presenta estos cambios como una actualización para ordenar el comercio y combatir irregularidades, el alcance real apunta a un mayor control sobre los flujos de bienes que llegan desde el exterior, en un contexto donde gran parte de la población depende de esos envíos para cubrir necesidades básicas.
El Decreto-Ley 108 se inscribe en una política más amplia de control económico, en la que el Estado concentra decisiones sobre la entrada de productos en medio de una crisis prolongada de abastecimiento.
Para la comunidad en Miami, el cambio representa una nueva barrera en un vínculo que ha funcionado como soporte económico y social. Cada envío y cada viaje quedan ahora expuestos a mayores riesgos, desde retenciones hasta pérdidas definitivas, bajo criterios que dependen de la autoridad en cada caso.
En un escenario marcado por el deterioro sostenido de las condiciones de vida y una escasez cada vez más aguda, el endurecimiento de las normas aduaneras refuerza el control estatal sobre uno de los pocos canales que conectan a las familias dentro y fuera del país, ampliando la incertidumbre y limitando aún más las alternativas de quienes dependen de esa ayuda.
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