El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
AP/ArchivoCARACAS.- Mientras el régimen de Nicolás Maduro celebra la reciente liberación de 1.500 millones de dólares de fondos venezolanos bloqueados en Portugal debido a una sentencia judicial, expertos y críticos temen que este dinero pueda ser canalizado para fortalecer una dictadura que ha sido blanco de acusaciones de corrupción y abusos de derechos humanos.
Se trata de fondos que se encontraban en cuentas del banco portugués Novo Banco, a nombre de instituciones y empresas estatales venezolanas, entre las que se incluyen el Banco de Desarrollo Económico y Social (BANDES), la petrolera PDVSA y sus subsidiarias. Estos detalles fueron presentados en capturas de pantalla compartidas por el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, las cuales mostraban la sentencia emitida por el sistema judicial portugués.
La liberación de los fondos también ha revivido el debate sobre la eficacia de las sanciones internacionales como herramienta para presionar a los regímenes autoritarios. Mientras que algunos argumentan que el acceso a estos recursos podría permitir que el régimen de Maduro se mantenga en el poder, otros sostienen que es necesario establecer salvaguardias para garantizar que los fondos se utilicen de manera transparente y en beneficio del pueblo.
Tal es el caso, del dirigente opositor y precandidato presidencial, Henrique Capriles, quien exigió que el dinero de Portugal sea utilizado para pagar un bono a los trabajadores venezolanos, aumentar el salario mínimo, mejorar la salud y la educación, y para crear nuevos empleos. “Que se exija que este dinero no termine en los bolsillos de la corrupción de los que están en el poder”, dijo.
Maduro ha sido blanco de sanciones internacionales después de que su reelección en 2018 fuera cuestionada por la oposición y la comunidad internacional. Durante su mandato, el país ha enfrentado una crisis humanitaria, una economía devastada y una grave escasez de alimentos y medicinas.
La comunidad internacional sigue de cerca cómo se desarrolla esta situación y si el régimen de Maduro demuestra un compromiso genuino con la transparencia y el bienestar del país. Mientras tanto, la incertidumbre persiste sobre el destino final de los $1.500 millones y cómo podrían influir en la dinámica política y económica de Venezuela en los próximos meses.
FUENTE: Con información de AFP
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