El tema volvió a la atención pública tras la destitución de la ministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega, por el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo
Imagen referencial sobre la trata de personas.
PixabayCIUDAD DE GUATEMALA.- Autoridades guatemaltecas están llevando a cabo una investigación sobre una presunta red de trata de personas que habría operado dentro del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi) en los últimos años. La comisión anticorrupción del gobierno, encabezada por Santiago Palomo, expresó su preocupación por la gravedad del asunto y la necesidad de abordarlo con diligencia y responsabilidad.
El titular de la comisión describió al Micivi como un entorno crítico, marcado por la impunidad, donde la dignidad del personal ha sido socavada. Destacó la importancia de restaurar la integridad dentro del ministerio como un desafío fundamental.
A pesar de que la existencia de esta red fue mencionada en medios locales en 2018 durante la administración del expresidente Jimmy Morales, no se presentaron denuncias formales ante la Fiscalía en ese momento. Sin embargo, el tema volvió a la atención pública después de que la ministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega, fuera destituida por el presidente Bernardo Arévalo debido a problemas con el pago a contratistas.
De la Vega lamentó que su denuncia ante el presidente en enero no fuera tomada en cuenta. Arévalo, por su parte, aseguró que el asunto está siendo investigado por la recién creada Comisión Nacional Contra la Corrupción, cumpliendo así una de sus promesas de campaña.
Según declaraciones de la exfuncionaria, las personas involucradas en la red estaban vinculadas a una dependencia del Micivi, aunque no estaba claro cuáles eran sus funciones específicas. Se mencionó la existencia de un catálogo distribuido entre los implicados, lo que sugiere una operación organizada y sistemática.
La comisión anticorrupción solicitó un informe detallado al Ministerio de Comunicaciones para esclarecer las acciones tomadas contra esta presunta mafia, que se habría establecido durante administraciones anteriores. Se subrayó la gravedad de las acusaciones, que, de confirmarse, constituirían una violación flagrante de los derechos humanos y un trágico ejemplo más de la corrupción arraigada en el Estado guatemalteco.
El comunicado emitido por la entidad exige explicaciones concretas sobre cómo se descubrió la red, quiénes fueron afectados y quiénes podrían ser responsables de beneficiarse de ella. Además, se condenó enérgicamente la presunta actividad delictiva, describiéndola como un acto despreciable e inhumano que debe ser abordado con la mayor seriedad y determinación.
FUENTE: Con información de AFP
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