MANAOS.- El director de la cárcel brasileña donde ocurrió la masacre con 56 muertos en Año Nuevo fue destituido este martes por denuncias de que permitió la entrada de armas al penal, según comunicaron las autoridades del estado de Amazonas.
La destitución de José Carvalho da Silva se debe a las acusaciones hechas en dos cartas por dos reclusos del propio escenario de la matanza, el Complejo Penitenciario Anísio Jobim (Compaj) de Manaos, explicó el secretario de Seguridad Pública de Amazonas, Sérgio Fontes, en una conferencia de prensa.
Las misivas, escritas casi tres semanas antes de la masacre, habían sido difundidas antes por medios de Amazonas. Los presos piden en ellas protección y acusan a Carvalho da Silva de haber recibido sobornos de la banda Familia del Norte (FDN) para para permitir a ésta meter armas, teléfonos celulares y drogas al penal.
"Están recibiendo dinero de la facción FDN", señala una de las cartas citada por el portal "Acritica".
Ambos reclusos fueron asesinados finalmente en la revuelta del Compaj, atribuida a un ataque del FDN contra presos de otra banda criminal, el Primer Comando de la Capital (PCC).
La masacre ocurrida entre el día de Año Nuevo y el 2 de enero fue el detonante de una serie de reyertas carcelarias que han dejado un centenar de muertos en al menos tres estados de Brasil.
Los motines han sumido al país en una grave crisis a comienzos de 2017. Los violentos enfrentamientos, saldados con varias víctimas decapitadas y descuartizadas, son atribuidos a una disputa externa entre varios grupos criminales por el control de las rutas del narcotráfico en el país sudamericano.
Las autoridades temen ahora más ajustes de cuentas en las cárceles. El Gobierno de Michel Temer envió hoy por ello a 200 efectivos de la Fuerza Nacional federal a Amazonas y Roraima. En este último estado, vecino a Amazonas, tuvo lugar el viernes otra matanza con al menos 33 muertos en una cárcel.
Otros cinco estados del norte, oeste y centro de Brasil (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondonia, Acre y Tocantins) recibirán también apoyo del Gobierno en forma de agentes penitenciarios o fondos públicos.
Organizaciones humanitarias denuncian desde hace años que las prisiones brasileñas están bajo control del crimen organizado. El país sudamericano, que tiene la cuarta mayor población carcelaria del mundo, tiene además fuertes problemas de hacinamiento en su sistema penitenciario.
FUENTE: EFE
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