El aumento rige desde el 30 de septiembre; al día siguiente entran en vigor 12 leyes sobre delitos, vehículos, animales y gobiernos locales
Comisión de Miami-Dade
CÉSAR MENÉNDEZ - DLA
MIAMI. - Florida cerrará septiembre con un aumento salarial que tendrá efecto directo en el bolsillo de los trabajadores y abrirá octubre con disposiciones que alcanzan a conductores, inquilinos, propietarios, víctimas de delitos y gobiernos locales.
Los cambios se aplicarán en dos fechas consecutivas. El salario mínimo estatal subirá de 14 a 15 dólares por hora el 30 de septiembre de 2026. Un día después, el 1 de octubre, comenzará la vigencia general de 12 leyes aprobadas durante la sesión legislativa de este año.
Entre las medidas figuran sanciones más severas por incumplir órdenes de no contacto, ocupar una vivienda mediante documentos falsos, traficar xilazina o involucrar a menores en actos de crueldad animal. También cambian requisitos de registro vehicular, quedan protegidos determinados correos electrónicos en poder del estado y se exige un estudio antes de autorizar una expansión del vertedero Monarch Hill, en Broward.
El ajuste salarial no forma parte de las 12 leyes que entran en vigor el 1 de octubre. Es la última subida anual de un dólar establecida por la enmienda constitucional que los votantes de Florida aprobaron en 2020.
Desde el 30 de septiembre, el mínimo general pasará de 14 a 15 dólares por hora, un incremento de poco más de 7%. Para una persona que trabaje 40 horas semanales con esa remuneración, el ingreso bruto subirá de 560 a 600 dólares por semana. La diferencia equivale a 40 dólares semanales o 2.080 dólares al año, antes de impuestos, si mantiene ese horario durante 52 semanas.
Quienes reciben propinas tendrán un pago directo mínimo de 11,98 dólares por hora, al que se añadirán las propinas. La cifra resulta de restar el crédito estatal de 3,02 dólares al nuevo piso de 15 dólares. Si ambos conceptos no alcanzan el monto legal, el empleador debe cubrir la diferencia.
Con la tarifa de 15 dólares se completa el calendario escalonado de aumentos. A partir de 2027, el estado volverá a calcular ajustes anuales vinculados con la inflación, conforme a la Constitución de Florida.
La HB 1293 establece el delito de entrada fraudulenta a una residencia. Incurre en esa conducta quien toma posesión de una vivienda mediante declaraciones falsas sobre su identidad, documentos de identificación o comprobantes financieros falsificados, o haciéndose pasar deliberadamente por otra persona.
La infracción será un delito grave de tercer grado. En el ámbito civil, se considerará un incumplimiento del contrato de alquiler que no puede subsanarse. El propietario podrá entregar un aviso de terminación que conceda siete días para desocupar la unidad.
La disposición no convierte cualquier error en una solicitud de arrendamiento en un delito ni autoriza un desalojo físico inmediato. El texto exige intención fraudulenta y mantiene el caso dentro del procedimiento judicial correspondiente si el ocupante no abandona el inmueble después de la notificación.
La SB 488 reúne varios cambios de transporte. Uno de los más visibles eleva de 500 a 2.000 dólares el umbral de daños materiales aparentes que obliga a reportar de inmediato un choque a las autoridades. La modificación se refiere al valor de los desperfectos: los accidentes con lesionados o fallecidos continúan sujetos al deber de aviso inmediato, sin importar el monto de las pérdidas materiales.
Para tramitar registros vehiculares a título individual, el solicitante tendrá que acreditar su dirección y presentar una licencia o identificación REAL ID válida de cualquier estado o un pasaporte estadounidense vigente. Si utiliza uno extranjero, deberá acompañarlo con un formulario I-94 en vigor. Los residentes de Florida en servicio militar activo quedan exceptuados de mantener un domicilio permanente en el estado.
También queda expresamente permitido usar marcos o bordes decorativos alrededor de la matrícula, siempre que no oculten el número ni la calcomanía de validación. La disposición amplía las opciones para veteranos discapacitados y les permite conservar la combinación alfanumérica de su placa “DV” al renovarla, transferirla o reemplazarla.
Cuando el cliente lo autorice, el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV, por sus siglas en inglés) podrá enviar por correo electrónico más notificaciones sobre licencias, identificaciones y registros de vehículos o embarcaciones, incluidos determinados avisos de suspensión, cancelación o revocación. La SB 490 exime esas direcciones electrónicas de divulgación pública. La protección deberá revisarse antes de su derogación automática, prevista para el 2 de octubre de 2031.
La SB 246 autoriza placas especiales para Ultimate Fighting Championship, Miami Northwestern Alumni Association, Christopher Columbus High School, la Academia Naval de Estados Unidos, la Academia Militar de Estados Unidos, Miami Dade College, Florida Film Legacy y St. Petersburg College. A ellas se suma una versión para motocicletas de la placa Endless Summer.
Su aprobación legal no significa que todas puedan comprarse desde el 1 de octubre. Las organizaciones sujetas al proceso ordinario de preventa deben cumplir requisitos de diseño y financiamiento y reunir al menos 3.000 vales en 24 meses antes de que comience la fabricación. Asimismo, tendrán que presentar una proyección financiera a cinco años dentro de los 60 días posteriores a la autorización; el incumplimiento puede provocar que la placa quede sin efecto.
El proyecto amplía igualmente quién puede adquirir la placa de la Fraternal Order of Police y restringe la distribución de los ingresos e intereses generados a determinadas entidades sin fines de lucro.
La HB 397, denominada Ley de Seguridad de las Víctimas en la Libertad Previa al Juicio, tipifica el incumplimiento deliberado de una orden de no contacto impuesta como condición de libertad provisional después de un arresto por un delito violento.
La primera violación será un delito menor de primer grado; una reincidencia podrá procesarse como delito grave de tercer grado. Los casos cubiertos comprenden, entre otros, asesinato, homicidio involuntario, agresión, acecho, secuestro, encarcelamiento ilegal, agresión sexual, robo, amenazas de muerte o lesiones y otros crímenes que impliquen fuerza o violencia.
Con causa probable, la policía podrá efectuar un arresto sin orden judicial. El acusado permanecerá detenido hasta su primera comparecencia, donde el juez deberá priorizar la seguridad de la víctima y del público al decidir entre la detención preventiva y nuevas condiciones de libertad.
La HB 429 modifica los criterios utilizados en investigaciones, acusaciones y sentencias relacionadas con pandillas criminales. La clasificación seguirá requiriendo al menos dos indicadores; una sola publicación o relación no bastará por sí misma.
Podrán tomarse en cuenta la admisión de afiliación en persona o mediante una plataforma digital; la identificación como integrante por parte de la propia organización, un padre, tutor o cónyuge conviviente; haber sido observado dos o más veces con miembros conocidos, o redactar comunicaciones que indiquen pertenencia, actividad o responsabilidad por un crimen cometido por la pandilla.
El texto también incorpora el uso de lenguaje, códigos, símbolos o terminología de pandillas en internet cuando se empleen para promover una actividad delictiva vinculada con esos grupos. En cárceles u otros centros de detención, la asociación observada deberá ser voluntaria para que cuente como criterio.
La SB 1332 refuerza las obligaciones de quienes están clasificados legalmente como delincuentes habituales y las aproxima a las que rigen para ofensores sexuales. La inscripción inicial deberá realizarse personalmente en la oficina del alguacil dentro de las 48 horas posteriores a la liberación o al establecimiento de una residencia.
El expediente incorporará más datos, entre ellos empleo, vehículos, licencias profesionales y estatus migratorio. Cualquier modificación de domicilio, teléfonos, trabajo o vehículos deberá comunicarse dentro del plazo establecido, y las autoridades locales verificarán las direcciones al menos una vez al año.
Sus licencias de conducir o tarjetas de identificación deberán llevar en el frente la anotación “775.261, F.S.”. Cada omisión de un deber de registro podrá constituir un delito grave separado de tercer grado. Ayudar a alguien a evadir esas obligaciones también pasa de delito menor de primer grado a delito grave de tercer grado.
Transcurridos al menos 20 años desde la liberación, supervisión o sanción más reciente, la persona podrá solicitar judicialmente su retiro del registro si no ha sido arrestada durante ese periodo. La eliminación no será automática.
La SB 432 endurece el tratamiento penal de la xilazina, un tranquilizante no opioide empleado legítimamente en medicina veterinaria, pero detectado también en mezclas ilícitas. Los productos veterinarios aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos conservan una excepción; esa protección no se extiende a la fabricación, distribución o venta para consumo humano.
Vender, fabricar, entregar o poseer con intención de distribuir determinadas formas de esta sustancia será un delito grave de primer grado, con una pena obligatoria de tres años de prisión. El tráfico de 28 a menos de 100 gramos conllevará un mínimo de tres años y una multa de 100.000 dólares; de 100 a menos de 200 gramos, siete años y 100.000 dólares; y desde 200 gramos, 25 años y 500.000 dólares.
Asimismo, los comercios con licencia para vender productos de nicotina y sus empleados no podrán poseer, vender, entregar ni regalar óxido nitroso dentro o desde esos establecimientos. La infracción será un delito grave de tercer grado. Existen excepciones para supermercados y tiendas de alimentos, pero no para tiendas de conveniencia. Tampoco quedan prohibidos los productos alimenticios terminados que utilicen el gas únicamente como propulsor.
La HB 559 tipifica como delito grave de tercer grado la conducta de una persona de 18 años o más que induzca a un menor a cometer actos de crueldad animal agravada, peleas o hostigamiento de animales, o actividades sexuales con ellos. La sanción también se aplicará si el adulto realiza alguna de esas acciones en presencia del menor.
Cuando un menor incurra en crueldad animal, el tribunal juvenil deberá ordenar una evaluación psicológica y, si el profesional lo recomienda, tratamiento o consejería. El costo corresponderá a los padres o tutores, salvo que el tribunal determine indigencia o una dificultad financiera significativa; si el menor está bajo tutela estatal, pagará el estado.
El Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE, según sus siglas en inglés) deberá mantener una base pública y consultable con nombres, alias, fecha de nacimiento, condado donde se dictó la sentencia, cargos, número del caso, señas particulares y fotografía de quienes hayan sido condenados, se hayan declarado culpables o hayan presentado una declaración de nolo contendere por crueldad animal. Los datos permanecerán tres años tras una primera condena por delito menor, cinco después de una primera condena por delito grave y 10 cuando exista reincidencia. El FDLE tendrá hasta el 1 de enero de 2027 para publicar el sistema.
Los gobiernos locales también podrán imponer multas civiles máximas de 2.500 dólares por una primera infracción de sus ordenanzas de control o crueldad animal, 5.000 por la segunda y 7.500 por una tercera o posterior.
La HB 1525 tipifica como delito grave de tercer grado que una persona, con el propósito de obtener excitación o gratificación sexual, exponga intencionalmente sus órganos sexuales o realice un acto sexual sin contacto físico mientras observa a un menor de 16 años.
No será necesario demostrar que el menor vio la conducta o supo lo que ocurría. Quedan excluidas la lactancia materna y la mera desnudez en lugares reservados para ese propósito. El proyecto también deroga una disposición antigua sobre los llamados actos lascivos “antinaturales”.
En Broward, la HB 4039 obliga al condado a encargar un estudio de viabilidad antes de aprobar cualquier solicitud, cambio de zonificación, permiso u orden de desarrollo que permita ampliar físicamente el vertedero Monarch Hill. La evaluación estará a cargo de una entidad independiente con experiencia en ingeniería ambiental, manejo de residuos y salud pública.
El estudio tendrá que examinar los efectos ambientales y sanitarios, las alternativas, incluidas las tecnologías de conversión de residuos en energía, y el posible impacto del olor, el tránsito, el ruido y la contaminación de aguas subterráneas en las comunidades vecinas.
Las autoridades locales también deberán celebrar una audiencia pública a no más de cinco millas del vertedero, anunciarla con al menos 30 días de anticipación y notificar directamente a los propietarios situados dentro de un radio de dos millas. Allí se presentarán los resultados y el público podrá formular comentarios escritos u orales.
El análisis legislativo estimó un costo único de 700.000 dólares para Broward. La medida no prohíbe una futura expansión; establece condiciones de estudio, divulgación y participación pública antes de que pueda autorizarse.
La HB 4093 reduce el Fellsmere Water Control District de 34.441 a 14.090 acres y lo convierte en un distrito dependiente del condado de Indian River. La Comisión del condado asumirá su gobierno.
El proyecto distribuye responsabilidades de mantenimiento de canales entre Fellsmere y el nuevo Headwaters Water Control District. Ambos deberán elaborar antes del 1 de octubre de 2027 un plan conjunto para utilizarlos durante emergencias. El análisis fiscal proyecta que los ingresos de Fellsmere disminuirán en 412.548 dólares debido a la reducción del territorio atendido.
El recuento oficial de 12 corresponde a las leyes cuya vigencia general comienza el 1 de octubre. Sin embargo, al menos dos apartados relevantes pertenecientes a normas que empezaron a regir parcialmente meses antes también se activan ese día.
La HB 757, sobre seguridad escolar, tipifica como delito grave de segundo grado disparar un arma dentro de un radio de 1.000 pies de una escuela durante el horario lectivo o una actividad autorizada. Contempla excepciones para la legítima defensa, otros propósitos lícitos y ciertos disparos efectuados en propiedad privada por el dueño o una persona autorizada. El arrestado deberá permanecer bajo custodia hasta comparecer ante un juez para la consideración de la fianza.
Por otra parte, la HB 175 activa el marco estatal para emisores de monedas estables de pago. A partir de esa fecha, quienes operen en Florida deberán contar con licencia o acogerse a una exención válida, cumplir reglas contra el lavado de dinero y mantener reservas identificables que respalden las monedas emitidas en una proporción de al menos uno a uno. La supervisión corresponderá a la Oficina de Regulación Financiera de Florida (OFR, por sus siglas en inglés) y el cambio afectará principalmente a esas empresas.
El alcance va mucho más allá de una sola reforma: combina ajustes laborales, penales, administrativos y locales, con efectos distintos para trabajadores, empresas, conductores, propietarios y gobiernos.
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