MADRID.- El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) exigió la liberación inmediata del periodista Henry Constantín Ferreiro, director del medio independiente La Hora de Cuba, quien se encuentra recluido en la prisión Kilo 7, en Camagüey, bajo medida cautelar de prisión provisional tras ser imputado por un presunto delito de desobediencia.
La organización independiente, con sede en Madrid, señaló que el arresto y encarcelamiento del comunicador presentan graves irregularidades procesales y vulneraciones a la propia legislación cubana, lo que cuestiona la proporcionalidad de la medida cautelar impuesta.
Irregularidades procesales y restricciones a la defensa
- Falta de sustento en la imputación: la acusación se fundamenta en una presunta tardanza de 15 minutos a una citación ante la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería, un incumplimiento de carácter administrativo que no configura automáticamente un delito penal de desobediencia.
- Uso desproporcionado de la prisión provisional: Constantín carece de antecedentes penales y el delito imputado contempla sanciones alternativas como multas, por lo que el encarcelamiento preventivo carece de la justificación técnica requerida por la ley.
- Trabas a la defensa técnica: la representación legal del periodista no ha tenido acceso oportuno al expediente ni a los fundamentos documentales de la medida cautelar, lo que limita la posibilidad de ejercer una defensa efectiva.
- Dilación en el recurso de hábeas corpus: la presentación del recurso constitucional de hábeas corpus sufrió retrasos en el Tribunal Provincial Popular de Camagüey debido a justificaciones administrativas del personal de la sede judicial.
- Suministro de información falsa: La defensa del comunicador recibió inicialmente datos erróneos sobre su centro de reclusión, indicando un traslado a la prisión Cerámica Roja que posteriormente fue desmentido por el propio periodista.
Ante esta situación, el OCDH instó a la tramitación efectiva y sin dilaciones del hábeas corpus, al tiempo que solicitó el pronunciamiento de organizaciones internacionales de defensa de la libertad de prensa y de gobiernos democráticos para evitar el uso del proceso penal como mecanismo de restricción a la labor periodística.
