Vladimir Padrino López, ministro de Defensa del régimen de Venezuela.
Europa Press Las fuerzas de seguridad vigilan la costa donde las autoridades afirman que un grupo de hombres armados desembarcó en la ciudad portuaria de La Guaira, Venezuela, el domingo 3 de mayo de 2020. El régimen de Nicolás Maduro aseguró el domingo haber frustrado un intento de invasión por mar en la que murieron varios de los atacantes y otros fueron detenidos, según las autoridades.
AP/Matías DelacroixTreinta y nueve militares desertores vinculados a la presunta incursión marítima de inicios de mes en Venezuela fueron apresados cuando intentaban ingresar por la frontera por Colombia, informó el jueves el régimen de Nicolás Maduro.
Las capturas fueron anunciadas por el ministro de Defensa del régimen, Vladimir Padrino López, pero no ofreció mayores detalles sobre dónde y cuándo se realizaron los supuestos arrestos. Padrino López dijo, en una transmisión de la televisora estatal, que las autoridades suponen que los militares desertores “venían a cumplir una tarea como parte del esquema general” de la presunta incursión que se realizó el 3 de mayo en la población costera de Macuto, estado La Guaira.
Las autoridades habían confirmado hasta el pasado fin de semana el arresto de al menos 40 personas, entre ellas dos estadounidenses, por el caso de la frustrada incursión marítima.
El jefe militar sostuvo que la operación incluía una incursión por vía marítima y otra por tierra, y agregó que contó con “financiamiento extranjero, con equipamiento suministrado por potencias como Estados Unidos (y) el mismo gobierno de Colombia”.
Maduro reiteró el jueves las acusaciones contra Colombia y afirmó que en el país vecino se están conformando “nuevos grupos mercenarios”. Sin presentar pruebas, también dijo que tienen los datos de quienes integran los grupos, donde están y quienes los protegen, y agregó que “todo apunta” al gobernante Iván Duque.
Los gobiernos de Estados Unidos y Colombia, que son estrechos aliados del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, rechazan las alegaciones del régimen.
El escándalo desatado por el caso también alcanzó a Guaidó, que fue señalado por el exboina verde Jordan Goudreau —quien se adjudicó la responsabilidad de la operación de La Guaira— de haber suscrito, junto con el asesor Juan José Rendón y el congresista opositor Sergio Vergara, el acuerdo para la incursión.
Rendón y Vergara renunciaron esta semana a sus cargos como miembros de la comisión de estrategia y crisis del equipo de Guaidó días después que el partido Primero Justicia, una de las principales fuerzas opositoras, exigió la destitución de los funcionarios que se vincularon a la contratación de Goudreau, director de la firma de seguridad privada SilverCorp con sede en la Florida.
La Fiscalía General, controlada por el gobierno, solicitó la semana pasada la captura Goudreau y los dos asesores de Guaidó, que estarían en Estados Unidos, y dijo que pediría su extradición.
Rendón expresó en declaraciones a la prensa que pagó 50.000 dólares a Goudreau por un acuerdo preliminar, que no hizo efectivo, y que implicaba la exploración de la posible captura y entrega a las autoridades estadounidenses de algunas figuras de la dictadura venezolana. El asesor político negó que el también jefe de la Asamblea Nacional haya firmado el contrato.
Guaidó ratificó esta semana, en su primera conferencia de prensa tras la frustrada incursión, que nunca suscribió un acuerdo con el contratista estadounidense y denunció que la fallida operación fue “infiltrada, manipulada y financiada” por el gobierno de Nicolás Maduro, y que se estaba reuniendo la información y las evidencias para tramitar el caso ante la justicia internacional.
Por la frustrada operación fueron detenidos los estadounidenses Luke Denman y Airan Berry, quienes estaban asociados con el Goudreau. Fueron capturados el 4 de mayo junto con ocho hombres, algunos de ellos militares desertores venezolanos, en el poblado costero de Chuao del estado central de Aragua.
A Denman y Berry les dictaron cargos por los delitos de terrorismo, conspiración, tráfico ilícito de armas de guerra y asociación para delinquir, informó la Fiscalía General.
FUENTE: Con información de AP
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