QUITO.- Ecuador se encuentra en estado de alerta después de una serie de ataques violentos y el secuestro de 57 guardias penitenciarios y policías en seis cárceles del país. Estos eventos se produjeron en medio de dos días consecutivos de disturbios y explosiones en varias ciudades ecuatorianas.
El Servicio de Atención a Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI), encargado de las cárceles del país, confirmó la liberación de los funcionarios el viernes en un comunicado oficial. Estos empleados habían sido retenidos desde la víspera y, tras su liberación, fueron sometidos a evaluaciones médicas para garantizar su estado de salud, aunque no se han proporcionado detalles específicos al respecto.
El SNAI atribuyó tanto el secuestro de los guardias como los ataques con explosivos y coches bombas a "una respuesta de grupos criminales ante las intervenciones de la fuerza pública en los centros penitenciarios". Las autoridades de seguridad del gobierno también relacionaron estos incidentes con los intentos de la policía de despojar a las cárceles de armas, explosivos y otros objetos prohibidos.
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Ataques con explosivos
Además de la liberación de los funcionarios, se registraron nuevos ataques con explosivos en las últimas horas. Uno de estos ataques ocurrió en un puente que conecta las ciudades de Machala y El Guabo, en la provincia costera de El Oro. Aunque no hubo heridos ni víctimas, el paso permanece cerrado mientras se evalúa la estructura. Otro incidente involucró la detonación de un tanque de gas doméstico al que se le adhirieron tacos de dinamita, debajo de un puente que une las ciudades de Archidona y Tena, en la provincia de Napo. Afortunadamente, la policía pudo desactivar el artefacto explosivo.
El analista en seguridad Hugo Acero señaló que estos actos violentos parecen seguir un patrón utilizado por narcotraficantes en el pasado, con el propósito de intimidar, crear terror y mostrar poder. Acero también sugirió que estas acciones podrían estar relacionadas con la presión que ejerce el gobierno al trasladar a líderes de estructuras criminales a otras cárceles.
Estos incidentes se suman a una serie de explosiones de coches bomba que tuvieron lugar en Quito y la provincia costera de El Oro en días anteriores. Como resultado de los primeros eventos, un juez ordenó la prisión preventiva de 10 detenidos acusados de terrorismo, delito que conlleva penas de 10 a 13 años de prisión según la ley penal ecuatoriana.
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Policías inspeccionan los restos de un auto quemado frente a la sede del organismo encargado de la gestión penitenciaria (SNAI) el 31 de agosto de 2023 en Quito.
AFP
El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, declaró que el Estado está comprometido en su lucha contra el crimen organizado y que llevarán la investigación hasta las últimas consecuencias. Wagner Bravo, secretario de Seguridad, subrayó que estos actos violentos buscan amedrentar al Estado y obstaculizar los esfuerzos de las Fuerzas Armadas y la policía para controlar los centros penitenciarios.
La ola de violencia en Ecuador ha sido atribuida por las autoridades a disputas de poder y al afán de controlar territorios y rutas del narcotráfico. Las cárceles ecuatorianas se han convertido en centros de operación para bandas de delincuencia organizada, lo que ha resultado en enfrentamientos mortales entre reclusos y un aumento generalizado de la violencia en el país.
FUENTE: Con información de AP