QUITO — El presidente Guillermo Lasso decretó el viernes el estado de excepción en las tres provincias del centro-norte andino de Ecuador y anunció medidas de atención social y económica tras una semana de paralización decretada por indígenas.

En un discurso en cadena nacional, el mandatario dijo que, ante un llamado al diálogo, “la respuesta fue más violencia. No hay intención de buscar soluciones. Dicen que luchan por el costo de la vida, pero cierran carreteras que provocan escasez, alza de precios y especulación; dicen que quieren mejorar los servicios de salud, pero impiden el paso de ambulancias”.

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“Me comprometo a defender nuestra capital y defender el país”, expresó al anunciar el estado de excepción vigente desde la medianoche del viernes, lo que implica que se suspenden algunos derechos constitucionales. No se precisó cuáles.

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Anunció que, para aliviar la difícil situación económica de los ecuatorianos, se aumentará de 50 a 55 dólares un bono para los pobres, se subsidiará el 50% del precio de la urea para pequeños y medianos productores, se condonarán los créditos vencidos de hasta 3.000 dólares del banco estatal Banecuador, se concederá un crédito agrícola de hasta 5.000 dólares al 1% y 30 años de plazo, y se congelarán los precios de los combustibles. También se duplicará el presupuesto para la educación intercultural, se declarará el estado de emergencia en el sistema de salud pública y no se privatizarán las empresas estatales.

El estado de excepción estará vigente en las provincias de Pichincha, Cotopaxi e Imbabura, donde en las protestas se han bloqueado carreteras, especialmente la Panamericana.

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Estos anuncios recogen algunos de los pedidos formulados por la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas, la mayor de su tipo, que desde el lunes encabeza un paro nacional que ha afectado principalmente la región centro-norte del país. Los manifestantes exigen la reducción del precio de la gasolina de 2,55 dólares el galón a 2,10 dólares. Además piden la fijación por decreto de precios de productos agrícolas y la suspensión de la extensión de la frontera minera y petrolífera.

El máximo dirigente de los indígenas, Leonidas Iza, quien se ha negado tajantemente a dialogar con el gobierno, fue detenido el martes por instigar las actuales protestas. Al día siguiente se le puso en libertad, pero en julio deberá enfrentar un proceso por el presunto delito de paralización de servicio público.

En redes sociales, Iza declaró: “nuestras demandas son públicas y necesitamos respuestas públicas”, y precisó que en el plazo de 48 horas se coordinarían las condiciones logísticas para una eventual movilización a Quito. Añadió que se mantendrá la lucha a nivel nacional por tiempo indefinido “hasta que el gobierno extienda las respuestas a las demandas del movimiento indígena”.

En 2019, la amenaza de llegar con manifestantes hasta la capital implicó el inicio de dos semanas de violentas protestas que pusieron al filo del derrocamiento al gobierno del entonces presidente Lenín Moreno (2017-2021), quien había decretado la eliminación de parte del subsidio estatal a los combustibles. Tras las protestas dio marcha atrás.

Las manifestaciones recientes se han caracterizado por actos de vandalismo, saqueos de pequeños negocios y camiones de alimentos, ataques a vehículos particulares y ambulancias, agresiones a comerciantes minoristas y a vehículos particulares, además de extorsiones monetarias a productores de flores y otros productos de exportación del centro-norte del país.

Durante la noche, cientos de personas se concentraron en el norte de Quito para rechazar las protestas y ataques de los indígenas, ante lo cual el alcalde capitalino, Santiago Guarderas, pidió al gobierno el aumento de policías en la ciudad para evitar agresiones a bienes patrimoniales. El palacio de Gobierno, en el centro histórico, está rodeado de vallas con un fuerte contingente policial.

Poco antes, Lasso dijo que el país “ve cómo la violencia, el caos, la barbarie quieren gobernar, y creo que los demócratas tenemos tres herramientas: primero la Constitución y la ley, luego la fuerza pública ... y tercero nuestra capacidad de escuchar”. Advirtió también que “para impedir que las movilizaciones se vuelvan más violentas (está dispuesto) a utilizar, dentro del marco de la ley, el uso progresivo de la fuerza para defender a todos los que queremos trabajar”.

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