MANAGUA.-JOSUÉ BRAVO
Especial

El Gobierno de Estados Unidos levantó las restricciones legales relativas a la asistencia bilateral y apoyo para la concesión de préstamos internacionales a Nicaragua, impuestas hace 20 años para obligar al país centroamericano a resolver los casos de propiedades confiscadas a estadounidenses durante la revolución sandinista en los años 1980.

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La embajada estadounidense en Managua indicó que levantar las limitaciones legales significa que el otorgamiento de una dispensa de cooperación anual, conocida como "waiver de la propiedad", ya no será necesario.

Con base en la Sección 527 de la Ley de Autorización de las Relaciones Internacionales de los años fiscales 1994 y 1995, Estados Unidos prohibió la asistencia y apoyo a los países que no brinden a los ciudadanos estadounidenses un mecanismo adecuado para resolver sus reclamaciones pendientes sobre propiedades confiscadas. 

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"Reconocemos y apreciamos la determinación mostrada por el Gobierno de Nicaragua en los últimos meses para resolver los reclamos pendientes (de propiedades) de una manera expedita y satisfactoria para todas las partes", indicó la misión diplomática de Washington en Managua.

Los  litigios de propiedad entre estadounidenses y el Estado nicaragüense se originaron en los años 1980, cuando Daniel Ortega, durante su primer mandato, confiscó los bienes inmuebles de miles de ciudadanos de EEUU; alegando pertenecer a la familia Somoza y sus allegados, el líder de la dictadura a la cual derrocaron por las armas en 1979.

Según la Procuraduría General de la República y el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), el Estado con sus diferentes gobiernos había resuelto casi 5,000 casos de propiedad a más de 1,900 ciudadanos estadounidenses hasta 2014.

No obstante, previo al1de agosto de 2005 se registraron en la Embajada un total de 3,166 reclamaciones. Entre julio de 2014 y julio de 2015, se resolvieron 30 disputas de propiedad pertenecientes a 16 ciudadanos estadounidenses.

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Entre 1993 y 2012 Nicaragua, pagó cerca de 1,300 millones de dólares del erario público en indemnizaciones, por propiedades confiscadas por los sandinistas.

Estados Unidos otorgaba a Nicaragua dos tipos de waiver, uno por asuntos de propiedad y otro por transparencia fiscal, pero el segundo fue denegado hace dos años porque la administración Obama consideró que el país centroamericano incumplía con las normas mínimas establecidas en los requisitos para el otorgamiento de la dispensa; como imprecisiones en el uso de la cooperación recibida, por ejemplo la venezolana, manejada a discreción del presidente Ortega.

Gracias a la dispensa de la propiedad, anualmente Estados Unidos respaldaba los préstamos que solicitaba Nicaragua a los organismos financieros internacionales.

Sobre las reacciones del exembajador de Nicaragua en Washington, La Prensa publicó el siguiente video.

 

 

Esperan que el Gobierno sandinista mantenga su compromiso de proteger la propiedad privada

“Esperamos que el Gobierno de Nicaragua realice mayores esfuerzos para resolver los reclamos que no caben dentro de la Sección 527. Asimismo, que mantenga su compromiso para proteger los derechos de propiedad privada de todos los ciudadanos estadounidenses en Nicaragua. En aras de fortalecer la confianza de todos los inversionistas en Nicaragua, es importante que se garanticen los derechos de propiedad”, agregó la embajada.

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La Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham), organismo que promueve el comercio y la inversión entre los dos países, expresó su complacencia y felicitó al Gobierno nicaragüense y la Procuraduría por cumplir sus compromisos sobre el conflicto de las confiscaciones que ha dejado millonarias indemnizaciones a costa del erario público.

"La Cámara de Comercio Americana, ante la comunicación oficial del Gobierno de EEUU de eliminar de forma definitiva lo que significaba el waiver de la propiedad desde hace más de 20 años para Nicaragua, saluda dicha decisión", indicó AmCham.

AmCham hizo votos porque “nunca más nuestro país se vea consignado por dichas acciones”, a la vez que confía en que el respeto a la propiedad privada sea efectivo y definitivo.

Para el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, con el anuncio de Washington “se cierra un capítulo de prácticamente 20 años. El Gobierno de Estados Unidos decide ya no otorgar el ‘waiver’ y esto es un apoyo para lo que tiene que ver con préstamos internacionales. Es una señal positiva”, según la prensa nicaragüense.

Desde la empresa privada, según Aguerri, “estábamos esperando (el anuncio), la expectativa que teníamos era que se cerrara este año el capítulo del waiver”, al punto que reconocía el trabajo de todos los gobiernos que han trabajado por resolver el problema.

Juan Sebastián Chamorro, presidente de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), explicó al rotativo El Nuevo Diario que la liberación del waiver “no debe verse como una condición para que la cooperación estadounidense, que ha disminuido significativamente, vaya a incrementarse”.

No obstante, es un reconocimiento de que el gobierno actual, al igual que los pasados, atendieron como prioridad estos reclamos, procurando solucionar un número significativo cada año y cumpliendo las metas de resolución. Esto no significa que todos los casos ya estén resueltos, pero sí que los faltantes van encaminados a una solución con el Estado”, agregó Chamorro.

 

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