El régimen se niega a ceder en cualquier aspecto que implique la apertura económica o que ponga en riesgo su hegemonía sobre la población civil
El dictador Raúl Castro (izq.) junto al designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel, asistiendo a una sesión del Parlamento cubano en La Habana el 16 de julio de 2025.
AFP/ArchivoEl Gobierno de Estados Unidos desmintió de forma tajante las recientes declaraciones de la representación diplomática del régimen cubano en Washington y confirmó que los canales de diálogo entre ambos países permanecen abiertos.
A través de un portavoz del Departamento de Estado, la administración de Donald Trump acusó a La Habana de manipular la información con fines propagandísticos y reveló que ha ofrecido asistencia humanitaria y envíos de combustible a la isla, bajo la estricta condición de que la cúpula comunista privatice la industria energética.
La postura oficial de Washington surge como respuesta directa a las afirmaciones de la encargada de negocios de la dictadura en EEUU, Lianys Torres Rivera, quien aseguró ante la cadena Bloomberg que las negociaciones se encontraban en un "punto muerto".
Desde el Departamento de Estado se enfatizó que las conversaciones continúan, pero que el régimen se niega a ceder en cualquier aspecto que implique la apertura económica o que ponga en riesgo su hegemonía sobre la población civil.
El pronunciamiento del Ejecutivo estadounidense fijó una postura contundente frente al colapso socioeconómico y energético que atraviesa la isla:
Pila de opciones y presión sobre el régimen: Washington remarcó que la Administración Trump evalúa diversas alternativas políticas y económicas para forzar transformaciones estructurales profundas en Cuba. La meta central es incentivar el desarrollo del sector privado independiente y restablecer las libertades civiles.
Propuesta de combustible por apertura privada: ante los severos apagones que paralizan al país, EEUU ofreció vías directas para el suministro de combustible e insumos, siempre que la administración del sistema eléctrico nacional deje de estar bajo el monopolio estatal y pase a manos privadas.
Incompetencia estatal y enriquecimiento de la élite: el portavoz del Departamento de Estado rechazó que la crisis sea consecuencia del embargo, calificando la situación como el resultado de una "evidente cleptocracia". Denunció que la cúpula militar priorizó el almacenamiento de hidrocarburos para la cúpula gobernante y la reventa de recursos en mercados asiáticos, mientras oculta miles de millones de dólares en cuentas bancarias extranjeras en lugar de invertir en la infraestructura del país.
Canales independientes para la ayuda humanitaria: se ratificó el compromiso de continuar enviando asistencia, como los suministros no perecederos y equipos de carga solar, gestionados junto a Catholic Relief Services, únicamente a través de organizaciones no gubernamentales independientes, impidiendo que el aparato de seguridad del régimen interceda en la distribución.
Mientras La Habana insiste en culpar a las sanciones externas por el desabastecimiento generalizado, Washington reafirmó su política de restricciones financieras hacia las entidades controladas por el estamento militar cubano para evitar que el flujo de capital siga financiado la represión interna.
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