Un Boeing 747 de propiedad venezolana rueda en la pista después de aterrizar en el aeropuerto Ambrosio Taravella de Córdoba, Argentina, el lunes 6 de junio de 2022.
AP / Sebastian Borsero La policía de Argentina durante un allanamiento judicial en el Hotel Plaza Central.
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Policías confiscan una caja de documentos durante un allanamiento judicial en el Hotel Plaza Central donde se aloja la tripulación de un avión de carga Boeing 747 de propiedad venezolana, en Buenos Aires, Argentina, el martes 14 de junio de 2022.
AP/Gustavo GarelloWASHINGTON - Estados Unidos pidió el martes a las autoridades argentinas la incautación de un avión de carga que permanece retenido en las afueras de Buenos Aires, poco después de que un juez que investiga una supuesta conexión terrorista mantuviera una prohibición de salir de la nación sudamericana a siete tripulantes iraníes y venezolanos.
El departamento de Justicia estadounidense formuló la solicitud después que un tribunal de Washington hiciera pública una orden de confiscación de la aeronave, el 19 de julio.
“El departamento de Justicia no va a tolerar transacciones que violen nuestras sanciones y nuestras leyes de exportación”, dijo Matthew Olsen, un fiscal del área de seguridad nacional.
En su pedido de confiscación, la corte federal de Washington alega que el Boing 747-300M ha violado las leyes de control de las exportaciones relacionadas con la transferencia no autorizada del avión de Mahan Air -una línea aérea iraní afiliada con un grupo que aparece entre las organizaciones a las que Estados Unidos considera terrorista-, y Emtrasur que es una aerolínea venezolana de carga y subsidiaria del estatal Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa).
Desde 2008, el departamento de Comercio de EEUU ha emitido una orden temporal que prohíbe a Mahan Air realizar cualquier tipo de transacción desde EEUU que esté relacionada con bienes o materias primas sujetos a regulaciones estipuladas en la ley de administración de exportaciones.
La orden judicial alega que alrededor de octubre de 2021, Mahan Air violó esas leyes cuando transfirió la custodia del avión a Emtrasur, sin autorización del gobierno estadounidense. Posteriormente habría también transgredido las normativas al volver a exportar la aeronave a Caracas, Teherán y Moscú, sin autorización de Washington.
Asimismo, Conviasa está en una lista de compañías sancionadas por EEUU desde 2020, y su flota fue bloqueada en 2019.
En una resolución firmada el lunes por la noche, el juez federal Federico Villena dispuso que quedarán retenidos los documentos de los iraníes Gholamreza Ghasemi -piloto de la aeronave-, Abdolbaset Mohammadim, Mohammad Khosraviaragh y Saeid Vali Zadeh y de los venezolanos Mario Arraga, Víctor Pérez Gómez y José García Contreras, tripulantes del Boeing de la estatal venezolana Emtrasur que arribó el 6 de junio a Buenos Aires despertando sospechas.
La justicia argentina busca determinar si los ocupantes del vuelo -que están en libertad y alojados en las afueras de la capital- arribaron al país con fines comerciales o por su presunta conexión con el terrorismo internacional.
“Lo que se investiga es si bajo apariencia de realizar una actividad lícita están financiando operaciones de terrorismo (concretamente con Hezbollah) o bien sean parte de un plan vinculado a la organización terrorista mencionada”, dijo el magistrado al respecto.
Acotó que el régimen de Venezuela no está bajo investigación y tampoco la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y su fuerza de élite Quds, dado que Argentina no las considera terroristas.
Villena también indicó que hay que determinar el verdadero motivo del viaje de Ghasemi, a quien identificó como exadministrador de la aerolínea Qeshm Fars Air, que-según apuntó- vendió la aeronave a la empresa venezolana Conviasa, cuya filial es Emtrasur.
El magistrado destacó que el Tesoro de EEUU identificó a esa aerolínea iraní “por su participación directa en la actividad terrorista" y por proporcionar asistencia a la aerolínea iraní Mahan Air, “designada como entidad terrorista”.
Los 12 tripulantes que recuperaron sus pasaportes -la mayoría de ellos venezolanos- deberán fijar un domicilio, no obstaculizar la investigación y presentarse periódicamente en las embajadas argentinas en Irán o en Venezuela.
El juez dijo que aunque los tripulantes siguen siendo sospechosos, por el momento no hay mérito suficiente para convocarlos a prestar declaración indagatoria. El gobierno argentino ha confirmado a su vez que no hay pedido de captura internacional contra ninguno de ellos.
La aeronave permanece estacionada en un hangar del aeropuerto internacional de Ezeiza -en las afueras de Buenos Aires- y su carga de autopartes fue revisada tras su llegada.
Las sospechas sobre el avión obedecen en parte a que Argentina fue blanco de dos atentados en la década de 1990 -uno contra la embajada israelí en Buenos Aires y otro contra un centro comunitario judío- por los cuales la justicia local acusó al régimen iraní. Teherán siempre ha negado las acusaciones.
Semanas atrás Pérez Gómez- gerente general de operaciones de Emtrasur y a quien el juez denegó la devolución de su pasaporte- negó cualquier vínculo con el terrorismo en declaraciones a la prensa y sostuvo que, además del transporte de carga, el vuelo cumplía la función de adiestramiento de los pilotos venezolanos.
Sobre ese punto, el juez manifestó sus dudas al señalar que podría tratarse de una "pantalla” y apuntó que parte de la tripulación podría haber realizado maniobras ilegales que afectan a la seguridad nacional y regional.
La justicia inició la pesquisa por impulso de un diputado opositor y de la comunidad judía en Argentina. Mientras, Israel y EEUU expresaron que siguen con especial atención el caso.
La aeronave recogió la carga en México para varias compañías argentinas de autopartes e hizo escala en Caracas antes de arribar al país sudamericano.
Sus tripulantes también son investigados en Paraguay, donde el avión aterrizó en mayo en Ciudad del Este y luego partió para transportar cigarrillos a Aruba.
El juez consideró que ese vuelo es “llamativo” y consideró que hay que profundizar la investigación sobre el mismo, como solicitaron la fiscal de la causa y la querella.
El régimen de Venezuela reclama por su parte la devolución de la aeronave.
FUENTE: Con información de AP
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