BOGOTÁ - El gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) acordaron extender el cese del fuego bilateral y mantener la suspensión de los secuestros extorsivos. Este acuerdo, firmado en la medianoche del lunes tras una prolongada deliberación sobre las condiciones y los protocolos a seguir para la desmovilización del grupo terrorista.
El nuevo alto el fuego, se prolongará durante seis meses, según lo estipulado en el documento rubricado por ambas partes. Además, la suspensión "unilateral y temporal" de los secuestros de carácter económico, denominados así por el ELN, será objeto de supervisión por parte del mecanismo de monitoreo y verificación, que cuenta con la participación activa de la misión de las Naciones Unidas en Colombia.
Si bien el acuerdo no especifica de manera explícita si el ELN liberará a los secuestrados que tiene en su poder ni en qué condiciones se encuentran, la sociedad colombiana expresó con firmeza la necesidad de conocer el destino de estas personas.
Este clamor se manifestó con fuerza durante la protesta llevada a cabo por el congresista José Jaime Uscátegui, del opositor Centro Democrático, quien se ató a las rejas de la embajada de Colombia en Cuba, portando fotografías de los secuestrados y demandando su liberación.
ELN justifica secuestros
La importancia de la suspensión de los secuestros se pone de relieve tras el incidente ocurrido en octubre pasado, cuando los padres del destacado futbolista Luis Díaz, miembro del seleccionado colombiano y del club inglés Liverpool, fueron secuestrados por miembros del ELN. Aunque la madre fue liberada el mismo día, el padre permaneció en cautiverio durante 12 días, generando una condena generalizada tanto a nivel nacional como internacional.
El cabecilla del ELN, conocido como alias Antonio García, justificó en ese momento los secuestros como una fuente de 'financiamiento' para la organización, argumentando que el ELN es "tan pobre como la mayoría de los colombianos". Sin embargo, Otty Patiño, Alto Comisionado de Paz, dejó claro que la comunidad internacional no puede financiar a una organización que continúe con acciones armadas, y que cualquier posibilidad de apoyo está directamente ligada al fin del conflicto.
Aunque la extensión del cese al fuego es un paso positivo hacia la paz, expertos como Elizabeth Dickinson, analista senior para Colombia del International Crisis Group, señalan que aún persisten desafíos significativos en las áreas más afectadas por la violencia, donde las extorsiones, el reclutamiento de menores y el control social continúan siendo una realidad preocupante.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo advierte que, a pesar de los ceses al fuego acordados en el último año por el gobierno con varios grupos armados, incluido el ELN, aún no se han evidenciado gestos genuinos de paz. Según su informe, durante 2023 se registraron 236 acciones violentas por parte de grupos armados, incluso en medio del cese al fuego, lo que subraya la urgencia de avanzar en la construcción de una paz duradera y sostenible en el país.
FUENTE: Con información de AP