lunes 17  de  febrero 2025
Venezuela

El TSJ se convierte en el sepulturero de la democracia en Venezuela

Los siete magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) respaldaron todos los argumentos esgrimidos por Nicolás Maduro para justificar que su iniciativa de Constituyente no sea sometida a un referendo consultivo
Por EUGENIO G. MARTÍNEZ

@puzkas

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Nicolás Maduro podrá modificar la Constitución Nacional sin que los venezolanos sean consultados sobre la necesidad de cambiar la Carta Magna, e incluso sin que puedan votar para aprobar las modificaciones que se realicen.

Los siete magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) actuaron como estaba previsto (no han fallado en contra del Ejecutivo Nacional en más de una década) y respaldaron todos los argumentos esgrimidos por el Jefe del Estado para justificar que su iniciativa de Constituyente no sea sometida a un referendo consultivo, dejando en manos de las 545 personas que sean electas entre julio y agosto la reforma de la división político-territorial del país, la modificación del sistema económico o transferir las competencias de los funcionarios de elección como alcaldes y gobernadores a delegados de los consejos comunales y comunas.

“La Sala considera que no es necesario ni constitucionalmente obligante un referendo consultivo previo para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, porque ello no está expresamente contemplado en ninguna de las disposiciones del Capítulo III del Título IX” de la Constitución, establece la sentencia 378 de la Sala Constitucional, avalada por sus siete integrantes (recientemente sancionados por el Departamento del Tesoro de EEUU por estar incursos en violaciones a los Derechos Humanos).

Para el rector del Consejo Nacional Electoral (CNE) Luis Emilio Rondón la sentencia constituye un “duro golpe a la Democracia”. Rondón es la única voz dentro de la autoridad electoral que ha reclamado que se realice una consulta previa en donde los venezolanos puedan votar y expresar su apoyo o rechazo a la iniciativa constituyente de Maduro.

No obstante, la tesis de Rondón no es respaldada por las rectoras Tibisay Lucena, Sandra Oblitas, Socorro Hernández y Tania D´Amelio. Todas designadas en sus cargos por los siete magistrados de la Sala Constitucional que rechazan la convocatoria de un referendo.

Según Rondón, a pesar de la sentencia del máximo tribunal el CNE debe garantizar el ejercicio pleno de la Soberanía Popular establecido en el artículo 5 de la Constitución aún vigente y consultar al pueblo para convocar a la ANC, garantizando la universalidad del sufragio”.

Además, Rondón exige que se realice un referendo posterior para que los venezolanos voten para aprobar o rechazar los cambios que la Constituyente de Maduro realice a la Carta Magna. Sobre este referendo aprobatorio el sector del chavismo en el poder insiste en que tampoco es obligante su realización.

Para el abogado constitucionalista Pedro Alfonso del Pino la sentencia del TSJ debe interpretarse como el intento de “otorgar barniz jurídico a las decisiones de Maduro”. Del Pino advierte que con esta sentencia se acelera el momento en que los elegidos para la constituyente de Maduro (la oposición no participará en este proceso) asuman la conducción del estado, y destituyan a todos los poderes del Estado, especialmente a la Fiscal General de la República.

La preocupación por el futuro de la democracia del país no es exclusiva de la oposición. Quienes aún se consideran chavistas, pero se distancian del proyecto de Maduro, cuestionan abiertamente la decisión del tribunal. El exministro de Interior Justicia y Paz Miguel Rodríguez Torres sostiene que “se está retrocediendo a un modelo más atrasado que la democracia representativa”.

Según el exministro “los venezolanos exigimos, pacíficamente, en orden, con la voz de grupos organizados, a través de los medios, como podamos, que se llame a un referendo popular, a un referendo consultivo, que sea el pueblo que decida el rumbo de este país y que se respete la Constitución”.

Para el abogado José Ignacio Hernández la sentencia de la Sala Constitucional, “al avalar una constituyente sin consulta popular, deja un solo camino: la desobediencia civil (…). No puede participarse en lo que no existe. No hay elecciones pues la Constituyente no ha sido convocada, así que solo cabe desconocer ese proceso”.

Subordinación

24 horas antes de emitirse la sentencia que permitirá a los adeptos de la revolución bolivariana modificar la Constitución sin consultar al resto de los venezolanos, la rectora del CNE Socorro Hernández describió a Venezuela de la siguiente manera: “Es como una familia, en donde Nicolás Maduro es el padre, y la Sala Constitucional la Madre, mientras el resto de los poderes somos los hijos”.

Para el exrector del CNE Vicente Díaz los magistrados del máximo tribunal, “en consonancia con su subordinación manifiesta a las instrucciones e intereses del Gobierno de Maduro, oficializan la usurpación de la soberanía popular”.

Según Díaz la sentencia del TSJ “desaparece el protagonismo popular, aporte creativo e inédito de la Constitución vigente, quien por la vía entre otras del referendo podía establecer de lineamientos vinculantes para el poder constituido e incluso para eventuales constituyentes”.

El exrector advierte que los magistrados del TSJ “posibilitan en lo sucesivo que el Poder Ejecutivo vía decreto deje sin efecto los resultados electorales (…). La Constitución fue aprobada soberanamente por los ciudadanos en elecciones universales, directas y secretas. Esos resultados ahora están siendo anulados por el decreto presidencial que deroga la Constitución”.

Para Díaz es evidente que “al atribuirle como representante del pueblo al Presidente las competencia exclusivas, excluyentes e intransferibles que tiene el pueblo en su conjunto, el TSJ está cancelando de hecho la esencia de la democracia y oficializando un Golpe de Estado (…). Son los sepultureros de la democracia”.

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