La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, saluda desde una ventana de la cárcel de mujeres de Miraflores.
AP/Juan KaritaLA PAZ.- La expresidenta de Bolivia Jeanine Añez, quien inicio una huelga de hambre en la prisión donde espera juicio, agradeció a los exjefes de Estado y de Gobierno, reunidos en el Grupo IDEA, su apoyo en defensa de los valores democráticos.
En un post de su cuenta en Twitter, Añez aseguró que "agradezco a los expresidentes de Iberoamérica su pronunciamiento en defensa de los valores democráticos ante el linchamiento fiscal y judicial del que soy víctima por instrucciones del MAS. Invito al Dr. García Sayan a conocer de primera mano este #JuicioILEGAL @UNIndepJudges".
Añez se refiere al documento publicado el pasado 8 de febrero donde los exjefes de Estado y de gobierno del grupo IDEA exhortaron al Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, quien anunció una próxima visita a Bolivia, que conozca de cerca el caso de la expresidenta Añez, para que así pueda informar sobre los abusos de poder cometidos en su contra.
En el documento firmado por más de una veintena de exmandatarios, abogan por el respeto de los Derechos Humanos de Añez, quien será sujeta a juicio oral por un "supuesto" golpe de Estado ocurrido en 2019.
"En una democracia representativa es necesario que el ejercicio del poder se encuentre sometido a reglas, fijadas de antemano y conocidas previamente por todos los ciudadanos, con el fin de evitar la arbitrariedad. Este es precisamente el sentido del concepto Estado de Derecho”, expresaron en un comunicado, citando palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Los exjefes de Estado, que conforman la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), recordaron que en una pasada declaración de marzo de 2021, manifestaron que la detención de Añez bajo los cargos de terrorismo, sedición y conspiración "resultaba arbitraria y contraria a los principios fundamentales de un Estado de Derecho" y que posteriormente expresaron preocupación por una constante en la región de «la judicialización de la política o guerra jurídica" que, aseguraron, vienen implementando desde el poder algunos gobiernos «al objeto de criminalizar a las oposiciones comprometidas con los valores de la democracia y la libertad".
En 2019 Áñez fungía como senadora y fue presidenta interina después de la crisis que detonó un estallido social con 37 muertos y precipitó la renuncia del entonces mandatario Evo Morales (2006-2019) tras unos comicios denunciados como fraudulentos.
Once meses después, se llamó a elecciones y éstas fueron ganadas por el heredero político de Morales, Luis Arce, cuyo gobierno impulsa juicios contra opositores a los que acusan de haber llevado a cabo un “golpe de Estado”. Analistas políticos han denunciado que Arce funciona como un títere de Morales, por lo que la aplicación de la justicia en el país se ha visto desdibujada por los interés del expresidente, quien intentó perpetuarse en el poder a pesar de que el pueblo de Bolivia le había negado esa posibilidad en una consulta popular.
Este jueves un tribunal en La Paz decidió aplazar el inicio del juicio a la expresidenta "por resoluciones contrarias a la constitución y a las leyes tras asumir el poder después de la renuncia de Evo Morales a la presidencia en 2019".
Por la mañana se instaló una audiencia virtual en la que el presidente del Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción, Germán Ramos, dijo que se había resuelto “dejar sin efecto el auto de apertura de juicio″, lo que implica la solicitud de una nueva fecha para el comienzo del proceso, la cual no se dio a conocer.
Áñez, de 54 años, se declaró en huelga de hambre en su celda en una cárcel en el centro de La Paz alegando que no debe ser sometida a un juicio ordinario sino a un proceso de responsabilidades que sea aprobado por dos tercios de la Asamblea Legislativa.
FUENTE: REDACCIÓN
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