Expropiaciones y persecución religiosa, los métodos de Ortega

El inmueble que utilizaba la Organización de Estados Americanos (OEA) en Managua, entidad que Ortega expulsó del país meses después de anunciar su retiro de la organización regional, el régimen la confiscó y la convirtió en la llamada "casa de la soberanía", que lleva el nombre del fallecido excanciller nicaragüense y sacerdote Miguel D'Escoto Broockmann, uno de los incondicionales del dictador Ortega.

La propiedad fue entregada por la Procuraduría General de la República a la estatal Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) Managua, en una ceremonia oficial.

"Este era un lugar donde funcionaba el ministerio de colonia que estaba al servicio del imperio yanqui, del imperio norteamericano", afirmó la rectora de la universidad, Ramona Rodríguez, durante la entrega de las instalaciones.

Mientras que el mismo día que oficializó el robo de la propiedad que ocupaba la OEA, también se oficializó la confiscación del diario La Prensa de Nicaragua, el más antiguo del país y que permanece ocupado por la policía desde hace un año. El medio que opera a través de su página web, denunció el lunes que operadores del gobierno de Daniel Ortega están retirando equipos y maquinarias de sus instalaciones, donde además se realizan “obras de construcción”.

Las confiscaciones de propiedades, una práctica de vieja data del sandinismo, son prohibidas por la Constitución de Nicaragua, de acuerdo con el artículo 44 de la Carta Magna, el Estado garantiza la propiedad privada y no permite las expropiaciones.

“Se prohíbe la confiscación de bienes. Los funcionarios que infrinjan esta disposición, responderán con sus bienes en todo tiempo por los daños inferidos”, dice la disposición constitucional.

Pero Ortega ignora la Constitución y se aprobó una ley de menor rango, a su medida para confiscar. Se trata de la Ley General de Regulación y Control de los Organismos Sin Fines de Lucro que aprobó el pasado 31 de marzo, que legaliza las expropiaciones a las ONG que han sido despojadas de su personería jurídica.

En el caso de La Prensa, el robo no solo es del edificio donde funcionaba el diario y las instalaciones de la editorial, también los dueños han sido despojados de las maquinarias.

Consultado por The Associated Press, el editor jefe de La Prensa, Eduardo Enríquez, dijo que en los últimos días empleados de la dictadura han entrado a las instalaciones del diario y han sacado maquinarias, según observaron testigos que pasaron frente al edificio, situado en el sector norte de la capital, Managua.

Enríquez desconoce cuántos equipos o máquinas han sido sustraídos de la sede del diario, en la que solamente permanecen policías fuertemente armados. También recibieron reportes de supuestas remodelaciones en el plantel que alberga al diario y a la imprenta de La Prensa, la más moderna y mejor equipada del país.

“No nos extraña que concreten este robo de las instalaciones y los equipos”, expresó Enríquez. Dijo que lo mismo ocurrió con otros medios independientes, como la publicación Confidencial y el canal 100% Noticias, cuyos inmuebles fueron ocupados por la policía en 2018 y adjudicados posteriormente a entidades del gobierno.

“Y yo le llamo robo, ni siquiera confiscación, porque la confiscación está prohibida en la Constitución”, agregó el periodista.

Ortega también ha “expropiado” a sus antiguos aliados, que ocupaban valiosas propiedades confiscadas durante el primer régimen sandinista, un robo que los contribuyentes han terminado pagando en concepto de indemnización a los propietarios originales, de acuerdo con una disposición del gobierno de Violeta Barrios de Chamorro.

Los nicaragüenses han pagado más de 1.300 millones de dólares en concepto de indemnización por las propiedades robadas por el sandinismo a través de La Piñata, un proceso que aún no concluye porque decenas de propietarios continúan en espera de su indemnización.

FUENTE: DLA e información de agencias