La diputada conocida como la “Fosforito” tiene sobre sus hombros sanciones de EEUU, Canadá, Panamá y el TIAR por socavar la democracia en Venezuela
A Iris Varela en 2022, Argentina le negó el ingreso a su territorio debido a las sanciones. -AFP
CARACAS. En la memoria de los venezolanos quedó grabada una imagen que recorrió el mundo, el 23 de febrero de 2019: la quema de un camión cargado de ayuda humanitaria que no pudo ingresar a Venezuela procedente de Colombia.
Los pasos fronterizos con el vecino país, de los puentes Simón Bolívar, (San Antonio del Táchira), y Francisco de Paula Santander (Ureña), ambos en el estado Táchira al occidente de Venezuela, eran un hervidero con las protestas que dejaron un saldo de, aproximadamente, 25 personas heridas.
Fue al día siguiente, el 24 de febrero, cuando otra imagen recorrió el planeta y también quedó plasmada como con tinta indeleble: la ministra de Asuntos Penitenciarios de Venezuela, Iris Varela, se presentó en el puente Santander con un grupo de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y civiles armados, presuntamente, miembros de los colectivos, grupos de choque del chavismo.
Según la ONG Control Ciudadano, la presencia de Varela junto con civiles armados constituyó una violación de las leyes venezolanas, ya que no tenía competencia en materia de orden público ni en defensa de la nación. Tampoco para el uso de armas letales.La ONG destacó que los civiles armados no fueron identificados como funcionarios de las fuerzas de seguridad del Estado.
Esta ha sido una de las tantas acciones controversiales de María Iris Varela Rangel, quien comenzó su militancia, en su Táchira natal, en el Partido Comunista de Venezuela y luego ingresó a las filas del MBR-200, génesis del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Esta abogada, graduada en la Universidad Católica del Táchira, formó parte de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de 1999, que redactó la Constitución vigente y, de la ANC de 2017.
Tuvo su curul de forma consecutiva en el Parlamento desde 2000 hasta 2013 y fue ministra del Servicio Penitenciario dos veces, en los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.Hoy está de regreso en la Asamblea Nacional (AN) en la que ha vuelto a tener un poco del auditorio perdido.
Iris Varela dentro del PSUV no tiene peso especificó. Es de los cuadros medios, que a veces ha sido un utility. Su gran mentor fue Hugo Chávez.
En 2016, Maduro la mandó al Táchira a reorganizar el partido en la zona. Del trabajo, nada relevante se supo. Tras este rechazo de la otrora cúpula gobernante, fue recogida por Diosdado Cabello.
La nueva diputación la ha sacado del foso del olvido. Se ha visibilizado últimamente. Con motivo de la sanción de la Ley de Amnistía en la Asamblea Nacional, el pasado mes de febrero, manifestó su desacuerdo con el mandato de los hermanos Rodríguez.
En una de las sesiones en las que se debatía la Ley de Amnistía, el 12 de febrero, Varela protestó por el tono de reconciliación del presidente de la AN, Jorge Rodríguez. Este le solicitó de inmediato que concluyera su intervención.Las discrepancias abarcan también a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, igualmente por la amnistía “propuesta” por el Ejecutivo.
Pese a las críticas, afirmó que sigue apoyando al régimen chavista. Estas fricciones internas dentro del PSUV pueden apagar su llama.
El cabello ensortijado ha sido su marca. Iris Varela asumió como titular del Ministerio de Asuntos Penitenciarios el 26 de julio de 2011 hasta el 16 de junio de 2017, por primera vez. Luego, asume el cargo por segunda vez, entre 2018 y 2019.
El 13 de julio de 2018, en entrevista concedida a la reportera de la ONG Ventana a la Libertad, Varela afirmó: “Me puse bien las faldas para ser ministra de Servicio Penitenciario”.
En esa entrevista no desmintió que se había tomado fotos con presos como Carlos Enrique Gómez Rodríguez, alias “El Conejo” que fue uno de los delincuentes más buscados del país. Lideraba una banda criminal en Las Tejerías, estado Aragua en el centro de Venezuela, vinculada a delitos de terrorismo, extorsión, secuestro y homicidio. Por él, el régimen venezolano ofreció una recompensa de un millón de dólares. “El Conejo” murió en 2023.
También, reconoció su amistad con Wilmer Brizuela, alias “Wilmito”, otro famoso delincuente venezolano que murió asesinado a tiros el 1 de abril de 2017 en el Centro Penitenciario de Tocorón en Aragua. “Wilmito” tenía un régimen de confianza tutelado que le fue otorgado por el Ministerio de Asuntos Penitenciarios.
Se le responsabiliza de crear ejércitos de grupos armados para defender la revolución y los integrantes fueron presos que consiguieron beneficios. Este fue su papel estelar: utilizar a los presos para reprimir las protestas antigubernamentales de 2019.
En una carta abierta al pueblo de Venezuela, el 25 de julio de 2019, el exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) Manuel Ricardo Christopher Figuera, la acusa de haberle solicitado al ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, 30,000 fusiles para armar su propio ejército. Esta misiva circuló en varios medios de comunicación de Venezuela.
Christopher Figuera está exiliado en EEUU desde ese mismo año.
El modelo penitenciario de Iris Varela que, de acuerdo con su opinión, velaría por los derechos humanos de los detenidos y acabaría con las mafias carcelarias, fracasó.
Si no, que lo diga el general Remigio Ceballos Ichaso, quien fue ministro de Relaciones Interiores. Encabezó en 2023, la intervención de las cárceles más peligrosas de Venezuela, sobre todo aquellas dominadas por la mal famosa banda Tren de Aragua.
Ceballos lanzó la Operación de Seguridad Penitenciaria Gran Cacique Guaicaipuro con miles de militares y policías para tomar el control de las cárceles. El resultado informado fue: desmantelamiento de ocho mafias carcelarias, incautación de cientos de miles de municiones, armas blancas, de fuego y decenas de miles de kilos de drogas.
En 2017, Estados Unidos y Canadá sancionaron a Iris Varela como parte de los funcionarios acusados de socavar la democracia en Venezuela y cometer o facilitar violaciones de los derechos humanos.
Las de EEUU fueron sanciones individuales a través de la OFAC y se impuso el congelamiento de los bienes y la prohibición a todos los estadounidenses de realizar transacciones directas o indirectas con ella.En 2019, los países del TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca) la incluyeron en una lista de personas asociadas al régimen de Nicolás Maduro sujetas a sanciones regionales, entre ellas restricciones financieras y migratorias.
Como consecuencia de estas sanciones, en mayo de 2022 Argentina le negó el ingreso a su territorio.
Panamá, en 2018, se unió al coro de naciones que impusieron sanciones, a la “Fosforito”. Por su cargo como ministra de Asuntos Penitenciarios, la incluyeron en la lista de funcionarios de alto nivel, considerados de “alto riesgo”, por su presunta participación en actividades ilícitas, por supuesto blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
Varela desestimó las sanciones panameñas y se atrevió a señalar que eran informaciones falsas.
Existe una posibilidad de que las decisiones y declaraciones de Varela en materia penitenciaria puedan enmarcarse en una política de Estado en cuanto a la represión.
Se trata de individualizar sus actuaciones en el expediente que cursa en la Corte Penal Internacional (CPI), contra el Estado venezolano.Así lo consideran abogados y organismos que litigan en la CPI, aunque aún no hay fecha para esa actuación.
Desde 2021, Tamara Sujú, directora ejecutiva del Instituto CASLA, señaló que una vez que se inicie la investigación, la consecuencia directa será una orden de aprehensión para la “Fosforito” venezolana.
FUENTE: Redacción
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