Exvicepresidente Sergio Ramírez declara por caso de "lavado de dinero"

El laureado novelista de 78 años dijo a periodistas que fue citado como representante legal de la Fundación Luisa Mercado, una ONG dedicada a la promoción cultural y que tiene su sede en Masatepe, ciudad natal de Ramírez, a unos 33 kilómetros al sur de la capital. Indicó que el fiscal que lo interrogó quiso saber los nexos de esa ONG con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), a la que el régimen de Daniel Ortega investiga desde el mes pasado por supuesto lavado de dinero.

Ramírez dijo que la ONG cultural que él dirige ha trabajado “con absoluta transparencia y dentro del marco de la ley” y que sus estados contables están debidamente certificados por el Ministerio de Gobernación.

La FVBCH, que estuvo dirigida por Cristiana Chamorro hasta enero, cerró operaciones en febrero pasado. La periodista asegura que el régimen busca ahora “fabricarle un caso” para impedirle participar contra Ortega en las elecciones del 7 de noviembre.

“Nicaragua vive tiempos políticos muy turbulentos en el marco electoral, y me parece que (el caso de Chamorro) está relacionado a eso”, comentó Sergio Ramírez.

El autor de “Castigo Divino” gobernó con Daniel Ortega durante la primera dictadura sandinista, fue vicepresidente de Nicaragua (1985-1990), y promulgó las leyes de Amnistía y de La Piñata, el robo de propiedades confiscadas.

A mediados de la década de 1990 abandonó el partido Frente Sandinista por disentir del liderazgo de Ortega, que ha sido el único candidato presidencial por ese partido. Ramírez Mercado fue fundador del Movimiento Renovador Sandinista (MRS) llamado Unamos desde enero pasado, fue candidato presidencial de ese movimiento disidente y posteriormente se alejó de la política para dedicarse a escribir.

Ortega, quien retornó al poder en 2007, busca a sus 75 años de edad su tercera reelección para un cuarto mandato consecutivo en medio de una grave crisis que se inició con el estallido de una revuelta social en 2018, que dejó un saldo de 328 muertos, más de dos mil heridos, centenares de presos políticos y miles de exiliados por causa de la represión del régimen sandinista que ha instaurado una nueva dictadura.

Por el mismo caso de la Fundación Chamorro han sido citados hasta ahora una veintena de periodistas y dueños de medios de comunicación a los que la FVBCH habría apoyado con capacitación técnica o recursos financieros. Según la Fiscalía, la investigación abarca el período 2015-2019.

Más temprano, Cristiana Chamorro llegó a la sede de la alianza opositora Ciudadanos por la Libertad (CxL) a solicitar inscribirse como precandidata a la Presidencia por esa agrupación, con la que hace algunas semanas no había llegado a acuerdos de cara al proceso electoral.

Al salir del local, que fue rodeado por agentes policiales que tomaron fotos y filmaron a los periodistas, Chamorro dijo que le presentó a CxL una “carta de intenciones” en la que además propuso que la selección del aspirante presidencial se realice en base a encuestas y debates “para escuchar la voz del pueblo, que sea la población la que decida quién va a ser el candidato único”.

Pero ese mecanismo ya había sido anunciado por la Alianza Ciudadanos por la Libertad que abrió el proceso de inscripción de candidatos para darle espacios a la Coalición Nacional integrada por sandinistas que gobernaron con Ortega en los 80, y movimientos de izquierda en su mayoría.

Agregó que, pese a la investigación en su contra, que ha calificado de “monstruosidad”, sigue interesada en postularse a la Presidencia. Lamentó que el régimen de Ortega haya hecho “contrarreformas” electorales y designado a magistrados del tribunal electoral “totalmente afines a la dictadura”, mientras “incrementa la represión” contra los opositores.

FUENTE: Con información de AP