El proceso judicial por la tragedia del Jet Set continúa bajo la presión de los familiares, quienes reclaman justicia por las mas de 200 muertes registradas
Imagen difundida por el Servicio de Prensa 911 que muestra una vista aérea de la discoteca Jet Set tras el derrumbe de su techo, en Santo Domingo, el 8 de abril de 2025.
AFPSANTO DOMINGO.- A pocos días de cumplirse el primer aniversario del derrumbe de la discoteca Jet Set, una de las peores tragedias recientes en República Dominicana, familiares de las víctimas exigieron este lunes justicia durante una audiencia judicial marcada por la tensión y el dolor.
El colapso ocurrió el 8 de abril de 2025, cuando el techo del emblemático local nocturno se desplomó en pleno concierto del popular cantante de merengue Rubby Pérez, quien también perdió la vida junto a otras 235 personas.
A las afueras de la sala, decenas de familiares manifestaron su indignación contra Antonio Espaillat, propietario y gerente del establecimiento, y su hermana Maribel Espaillat, administradora del club.
“¡Son unos criminales, unos asesinos!”, gritaban algunos de los presentes mientras los acusados ingresaban al recinto judicial.
Entre los asistentes se encontraba Juanita Brea, madre de Nelfisis Sánchez Brea, quien falleció en la tragedia junto a su esposo, el exjugador de Grandes Ligas Tony Blanco. La pareja había acudido al club para celebrar un cumpleaños y dejó a un hijo pequeño en la orfandad.
“Lo que necesito es que ellos paguen. Yo he llorado todos los días… ¿qué le voy a decir a ese niño mañana?”, expresó visiblemente afectada.
La mujer también increpó a los acusados al momento de su ingreso a la audiencia: “Ustedes sabían que eso iba a suceder y no hicieron nada”.
Los hermanos Espaillat fueron detenidos inicialmente bajo cargos de homicidio involuntario, pero posteriormente quedaron en libertad condicional tras el pago de una fianza cercana a los 842,500 dólares.
La decisión ha generado rechazo entre los familiares de las víctimas, quienes cuestionan que los acusados enfrenten el proceso fuera de prisión.
El Ministerio Público presentó en noviembre una acusación formal y solicitó la apertura de juicio. Según el expediente, los responsables habrían agravado su conducta al sobrecargar la estructura del techo con equipos de climatización de gran tamaño y tanques de agua, sin realizar los estudios técnicos necesarios para garantizar la seguridad del local.
Asimismo, la Fiscalía sostiene que los acusados ignoraron advertencias internas sobre el deterioro de la infraestructura, priorizando el ahorro de costos pese a los riesgos evidentes.
El delito de homicidio involuntario contempla penas que van desde tres meses hasta dos años de prisión, lo que también ha sido motivo de cuestionamiento por parte de los familiares.
El tribunal fijó la próxima audiencia para el 20 de abril, en un proceso que continúa generando atención pública en el país, mientras las familias de las víctimas insisten en que se establezcan responsabilidades claras por lo ocurrido.
FUENTE: Con información de AFP
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