CARACAS.- Un grupo de 72 privados de libertad que se encontraban detenidos en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) de Venezuela, fueron trasladados este jueves a otros centros de reclusión, según publica EFE.

Reportes de algunos reclusos en las redes sociales habían denunciado este jueves que los funcionarios de seguridad del régimen de Nicolás Maduro estaban entrando al edificio donde se había producido un motín el miércoles tras una presunta revuelta entre presos políticos y comunes.

El traslado de los detenidos fue confirmado en su cuenta de Twitter por el fiscal general designado por la ilegítima Constituyente, Tarek William Saab, quien no precisó los nombres de esos reclusos ni los lugares a los que serán enviados.

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La información había sido difundida anteriormente por el concejal y preso político José Vicente García, quien llamó la atención sobre el hecho de que la mayoría de los presos comunes de El Helicoide eran desalojados del centro penitenciario.

Un total de 72 presos comunes fueron sacados del lugar para ser trasladados a otros centros de reclusión, informó García.

Horas antes, el estudiante y preso político Villca Fernández confirmó el traslado y denunció que cuerpos armados querían ingresar por la fuerzas a las celdas y pidió “auxilio” por las vidas de los detenidos.

"Intentan meterse a la fuerza y asesinarnos. Son responsables Wilmer Aponte, Tareck El Aissami y Nicolás Maduro y el Fiscal General. No tenemos miedo y vamos a resistir", expresó Fernández en una nota de voz.

La medida de traslado se habría concretado, según publicó el fiscal Saab en Twitter, "luego de instalarse ayer (miércoles) una mesa de trabajo interinstitucional entre el Ministerio Público y el sistema penitenciario, con apoyo del Tribunal Supremo de Justicia".

"En este momento los reclusos objeto de los respectivos traslados están siendo revisados por el equipo medico de nuestra institución en presencia de fiscales de #DDHH para su debida llegada a los nuevos penales que se concretará en las próximas horas", agregó sin más detalles.

Los familiares de los presos aseguraron más temprano que no se les había dado información sobre ninguna mesa de trabajo y que no se habían atendido los reclamos de los internos, que han pedido ayuda a la Iglesia católica y a organismos internacionales, así como atención médica y ser separados de los presos comunes, según el reporte de EFE.

Abogados de los presos también han denunciado que al menos cuatro menores de edad están entre los reclusos del SEBIN, una aseveración negada por el fiscal general y contrastada por familiares que piden información a las puertas de los calabozos.

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En las redes sociales circula una lista de 16 personas que supuestamente se encuentran en el Sebin y que tendrían boletas de excarcelación que, según organizaciones de derechos humanos, no respetan los directivos de estos calabozos.

Los presos, que han pedido ayuda a la iglesia católica y a organismos internacionales, solicitan también atención médica y ser separados de los reos comunes.

Entre los reclusos también figura el ciudadano estadounidense Joshua Holt, que se trasladó a Venezuela a mediados de 2016 para casarse con una venezolana a la que había conocido por internet.

La Embajada de EEUU en Venezuela ha manifestado su preocupación por los sucedido y el encargado de negocios, Todd Robinson, acudió a la sede de la Cancillería en el país para pedir información sin tener éxito.

"Hasta ahora no hemos recibido nada, ninguna comunicación ni escrita ni verbal, vamos a tratar de comunicarnos con la Cancillería (...) es la responsabilidad del Gobierno asegurar la seguridad de ellos, el Gobierno no está tomando su responsabilidad", dijo hoy Robinson a periodistas.

El diplomático estadounidense insistió en que no se trata de un "show", como ha dicho el dirigente chavista Diosdado Cabello, sino que son "seres humanos en peligro en una cárcel venezolana", algo, subrayó, "muy serio".

La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se solidarizó con los manifestantes y trasladó hasta la sede policial a un grupo de sus dirigentes pues consideran que la integridad física de los reclusos "está en peligro".

La diputada opositora Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Política Interior del Parlamento, reiteró desde las cercanías del Sebin que las exigencias de los manifestantes son la "libertad, el respeto al debido proceso, que se traslade a tribunales aquellos que tienen órdenes para hacerlo y a hospitales" a quienes tienen problemas de salud.

FUENTE: REDACCION / EFE

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