La jefa de Estado peruana logró reducir las protestas ocurridas en el interior del país, sobre todo en el sur, echando mano de un decreto de Estado de Emergencia que suspendió algunas garantías constitucionales y puso en vigencia un toque de queda, como respuesta a acciones vandálicas ocurridas en las manifestaciones, como tomas de aeropuertos de Arequipa, que es la segunda ciudad de Perú, Andahuaylas, Cusco y Juliaca, y cierres en la vía Panamericana que une el sur con Lima.
El control del orden público, gracias al respaldo que han dado la Policía Nacional de Perú y las Fuerzas Armadas, también ha sido alcanzado con la llegada de las fiestas navideñas y de fin de año, que se han traducido en una especie de tregua no anunciada en las protestas, y con el anuncio en el Congreso de aprobar en primera discusión una reforma constitucional que recortaría el período del Ejecutivo y Legislativo, fijando para 2024 las elecciones generales.
Este último punto es clave para que se sostenga una mínima paz social de la que no ha disfrutado Boluarte en su singular mandato.
“Si no se aprueba el adelanto de elecciones en el Congreso, sí puede haber una reacción popular muy fuerte. Creo que ya hay una advertencia”, consideró Luis Benavente, director de la firma Vox Populi Consultoría, consultado por DIARIO LAS AMÉRICAS.
“El tema es que en ese adelanto tienen que incluirse también las elecciones de renovación del Congreso y eso será difícil para ellos, pero es una prueba que tendrán que enfrentar y entender que el adelanto de elecciones debe ser para todos, porque es un Congreso que está muy muy desprestigiado”, explicó Benavente.
Voces
El congresista Jorge Montoya, vocero de la bancada de Renovación Popular, de derecha conservadora, rechaza el adelanto de elecciones por considerar que ello no supondría una forma de resolver la crisis política peruana, y más bien alega que significaría obedecer la agenda de la izquierda radical que propone desde hace años una Asamblea Constituyente.
“Toda la revuelta que ha habido es para que se haga el adelanto de elecciones y se implante la Constituyente”, declaró Montoya al Canal N de televisión.
Según un estudio de la encuestadora Ipsos, elaborado a mediados de diciembre, 69% de los peruanos rechaza la actuación de José Williams como presidente del Congreso. El jefe del Parlamento, en el cargo desde septiembre pasado, tuvo la desaprobación de 50 y 55% de los peruanos en octubre y noviembre, respectivamente.
Y en cuanto al Congreso en general, elegido para el período 2021-2026, el rechazo llegó en diciembre a 82% igualando el récord logrado en mayo pasado.
“Hay bastante consenso en el país de que debe haber una renovación completa del Congreso y la Presidencia”, afirmó el director de Vox Populi.
Resistir hasta 2024
En el Congreso peruano debe confirmarse el adelanto del llamado a elecciones generales para abril de 2024 (dos años antes de lo previsto), pese a que la presidenta Boluarte había mencionado, bajo presión por el clima social de protestas, que pudieran realizarse en diciembre de 2023.
“Lo que tiene que hacer Boluarte es sobrevivir hasta 2024, y tal y como van las cosas, quienes se le oponen en el Congreso nunca lograrían los votos para destituirla”, aseguró Benavente.
Y en efecto, la jefa de Estado peruana ha maniobrado para atajar las protestas y reformar su gabinete ministerial tras apenas pocos días en el cargo, buscando un presidente de Consejo de Ministros, Alberto Otárola, con más contactos y jerarquía política, que fue ministro durante el gobierno de Ollanta Humala, que el reemplazado Pedro Angulo.
Además, la cancillería peruana se ha movilizado para recabar apoyos de gobiernos de países como Estados Unidos, España, Reino Unido, Canadá, Australia, Corea del Sur y Japón, y anunció una invitación formal a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que visiten el país en enero a fin de que “en base al trabajo realizado en la visita técnica del 20 al 22 de diciembre, culmine sus labores, con la plena colaboración de las autoridades peruanas”.
Y al mismo tiempo, en una respuesta poco frecuente pero firme por parte de Lima, se decidió la expulsión del embajador mexicano Pablo Monroy, tras haber sido declarado persona non grata por el gobierno de Boluarte, en medio de las constantes declaraciones del presidente mexicano Andres López Obrador calificando la remoción de Castillo como un golpe de estado de las élites e insistiendo en la liberación del exmandatario peruano, detenido por 18 meses acusado de rebelión y conspiración.
Benavente señaló que “a pesar de que Perú ha sido un país siempre con mucha debilidad institucional, las instituciones están actuando para preservar el sistema democrático, porque el día del golpe durante unas horas Perú fue como Cuba, como Venezuela, con un control total de todos los poderes del Estado” por parte de Castillo, quien anunció en un decreto la disolución del Congreso y la intervención de los poderes públicos judicial y electoral.
A juicio del analista, el respaldo institucional y parlamentario de centro y derecha solo podría perderlo Boluarte “con un quiebre político”.
Se espera que a inicios de enero de 2023 el Parlamento peruano otorgue el voto de confianza, que por ley debe solicitar el gabinete ministerial liderado por Alberto Otárola, y que permita al gobierno de Boluarte seguir navegando la crisis, de la que se espera que una vez dejadas atrás las fiestas navideñas recrudezcan las protestas.
“Con la actual correlación de fuerzas, Boluarte llegará a 2024, la cosa es que lo haga cumpliendo un buen rol, garantizando un proceso democrático competitivo y apoyando las reformas políticas que se requieren”, subrayó el director de Vox Populi.
