La corrupción sirve como herramienta institucional de financiación encubierta para violar derechos humanos, determinó el cuerpo de investigación internacional
Esta imagen distribuida por el medio de comunicación oficial El 19 Digital el 25 de septiembre de 2025 muestra a Daniel Ortega y a Rosario Murillo junto a su consuegro y jefe de la policía (centro) Francisco Díaz, asistiendo al desfile que conmemora el 46.º aniversario de la Policía Nacional de Nicaragua en Managua.
AFPGINEBRA.- El Grupo de Expertos de la ONU para Nicaragua denunció ante el Consejo de Derechos Humanos que la represión del régimen contra la población se ha intensificado y diversificado más allá de sus fronteras, y se financia con la corrupción de los recursos estatales destinados a servicios sociales.
El cuerpo de investigación internacional destacado en el país centroamericano presentó este lunes su informe oral ante la máxima instancia de derechos humanos de Naciones Unidas.
"Hemos documentado la conexión funcional entre la estructura paralela del partido Sandinista en el Estado, el desvío de fondos públicos, su encubrimiento contable y las graves violaciones de los derechos humanos en Nicaragua", afirmó el presidente del Grupo de Expertos, Jan-Michael Simon, en la presentación.
Nicaragua ha tenido por años, como Venezuela y Cuba, un régimen autoritario a cargo de Daniel Ortega y Rosario Murillo que desconoce los derechos de su población y las leyes internacionales en medio de una severa crisis económica, para aferrarse al poder, lo que ha contribuido al aumento de tensiones en la región.
La documentación recabada por el Grupo de Expertos en su monitoreo en Nicaragua apuntaría a que la corrupción del régimen de Daniel Ortega y Morillo es más que una muestra de codicia.
“Es mucho más que eso, es una herramienta institucional de financiación encubierta para cometer violaciones graves de los derechos humanos contra una parte considerable de la población", aseguró el experto.
Detalló que entre esas pruebas figuran "registros presupuestarios, comprobantes de pago y correos electrónicos".
En su presentación, Simon señaló el "aumento y diversificación de los perfiles de las víctimas, lo que refleja el alcance de la persecución estatal".
Entre la larga lista de esas víctimas se encuentran estudiantes, defensores de derechos humanos, feministas, periodistas, abogados, líderes y activistas políticos, pero también campesinos e indígenas, afrodescendientes y miembros de la Iglesia Católica y de otras iglesias cristianas, se informó.
Subrayó que uno de los principales objetivos de las violaciones del régimen ha sido "disuadir, castigar y silenciar a nicaragüenses en el extranjero e impedir la oposición política organizada".
A los parientes que permanecen en Nicaragua se les detiene arbitrariamente, se les confiscan sus bienes y se les prohíbe salir del país, entre otros abusos, todo lo cual tiene como objetivo central generar "autocensura y aislamiento social", aseguró el presidente del Grupo de Expertos con base a elementos documentados.
En la sesión, Simon pidió al poder nicaragüense que desmantele este aparato de represión y permita el acceso al país sin restricciones de los mecanismos internacionales de derechos humanos.
La delegación diplomática acreditada ante la ONU en Ginebra no estuvo en la sala durante esta presentación y, por lo tanto, no expuso su posición ante estas acusaciones, tal como es la pauta en el Consejo de Derechos Humanos.
En la fase de comentarios, un delegado de la Unión Interparlamentaria ( UIP) con sede en Ginebra expuso la situación del congresista y líder indígena Brooklyn Rivera Bryan, y de su suplente Nancy Henríquez James.
Sobre Rivera, "la falta de información oficial sobre su paradero, su estado de físico y situación jurídica es sumamente alarmante", indicó la UIP.
Acerca del caso de Henríquez, dijo que también su privación de libertad, las condiciones de la misma y la falta de garantías legales, así como su frágil salud, son motivo de gran preocupación en esa instancia.
Al comentar estas situaciones, el integrante del Grupo de Expertos, Reed Brody, sostuvo que las detenciones arbitrarias son una "herramienta de control central" del régimen y que las víctimas son puestas en aislamiento, están incomunicadas y carecen de atención médica e incluso se aplica tortura en muchos casos.
El Grupo de Expertos recalcó que su deber "es dar voz a quienes han sido y siguen siendo silenciados" en Nicaragua.
FUENTE: Con información de EFE,un.org
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