Un miembro de la Fiscalía General de Guatemala allana la sede de la autoridad electoral del país horas después de que certificara los resultados de las elecciones del 25 de junio en la Ciudad de Guatemala, el jueves 13 de julio de 2023.
APCIUDAD DE GUATEMALA.- La Fiscalía General de Guatemala investiga los resultados de las elecciones del 25 de junio que llevan a enfrentarse en la segunda vuelta electoral -el 20 de agosto- a Bernardo Arévalo, candidato del Movimiento Semilla, al cual la justicia trató de cancelar, y a la exprimera dama Sandra Torres, candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza,
Dirigentes del Movimiento Semilla denunciaron que la justicia penal tiene el propósito de anular todo el proceso electoral. Y es que la Fiscalía lleva a cabo 13 investigaciones penales en torno a las elecciones del 25 de junio, entre ellas, a las juntas electorales, integradas por voluntarios, y a los digitadores, que son los encargados de trasladar los datos de las actas de escrutinio al sistema informático.
También se ha denunciado que la Fiscalía, como parte de las pesquisas, extrajo una copia digital de todas las actas de votación que estaban bajo el resguardo del Tribunal Supremo Electoral.
En este sentido, varias organizaciones internacionales denunciaron la "insistencia del Ministerio Público (guatemalteco) en obstruir el proceso electoral y socavar la democracia", después de que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, haya viajado al país centroamericano para analizar la situación tras las elecciones presidenciales del 25 de junio.
"Solicitamos al secretario general de la OEA que tome nota de las actuaciones arbitrarias del Ministerio Público y la fiscal general, Consuelo Porras, y que informe al Consejo Permanente de la OEA que persisten riesgos al proceso electoral debido al uso indebido del sistema penal", reza un comunicado firmado por diez organizaciones.
Los firmantes señalaron que la Fiscalía guatemalteca ha "secuestrado" en varias ocasiones documentos que se encontraban en dependencias del Tribunal Supremo Electoral (TSE) con el objetivo de "recolectar información sobre la forma en que fueron digitalizadas las actas que acreditan los resultados", mientras que anteriormente había registrado varias sedes de la máxima autoridad electoral y había solicitado órdenes de captura contra sus representantes.
"Esto muestra un patrón sistemático de hostigamiento y abuso del derecho penal por parte del Ministerio Público para interferir en el proceso electoral y sembrar duda sobre la imparcialidad del TSE y los resultados electorales del 25 de junio", criticaron en el comunicado.
Asimismo, sostienen que la Fiscalía "busca alegar un supuesto 'fraude electoral', que no existe, como lo han confirmado los informes de las misiones de observación electoral" tanto nacionales como internacionales.
En este contexto, solicitaron a la OEA que extienda el mandato de su misión electoral hasta el 14 de enero de 2024, fecha en la que se realizará el cambio de poderes, ya que prevén que continúen los "actos de hostigamiento y criminalización en contra del TSE" después de la segunda vuelta electoral, y vaticinan que podrían intentar "anular" los resultados de dichos comicios.
El comunicado incluye a la Fundación para el debido Proceso (DPLF), la Plataforma Internacional contra la Impunidad, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.
FUENTE: REDACCIÓN / Con información de Europa Press
Descarga LA APP