La última renuncia fue la del Ministro de Gobernación y uno de sus hombres de confianza, Mauricio López Bonilla, como el jefe de una red de sobornos en el sistema penitenciario.
López Bonilla, un teniente coronel del Ejército, era conocido como el hombre fuerte del presidente. Llegó junto a Pérez Molina en Ministerio el primer día de gobierno el 14 de enero de 2012. Fue su jefe de campaña y es actualmente el secretario general adjunto del oficialista Partido Patriota.
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Su amistad con el excapitán Byron Lima Oliva, que cumple una pena de 20 años de prisión por la muerte del obispo Juan José Gerardi -ocurrida el 26 de abril de 1998-, lo dejó en la mira. "Tiene bóvedas en su casa para guardar dinero del narco", afirmó Lima.
También se le señala de un supuesto favoritismo en la licitación de una reconstrucción de cárceles que luego fue anulado. Bonilla colaborará, si es el caso, con las investigaciones que la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (CIGIG), según el mandatario.
Los escándalos de corrupción en Guatemala aparecen como efecto dominó, después de dos semanas de la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti, al ser señalada de integrar una red de corrupción aduanera, el mayor escándalo de corrupción.
El exsecretario privado del mandatario y presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Juan de Dios Rodríguez, así como el jefe del Banco Central, Julio Suárez; fueron detenido junto a 15 personas más esta semana por adjudicar de manera fraudulenta el servicio de diálisis del seguro social.
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El presunto fraude contra el IGSS, según la CIGIG, sería por una trama al adjudicar en forma anómala un contrato por $14,5 millones a una empresa farmacéutica que debía proveer atención a pacientes con insuficiencia renal. Rodríguez y Suárez habrían cobrado una comisión entre el 14% y 15% para seleccionar a la firma adjudicataria.
Además del fraude son denunciados por la Procuraduría de los Derechos Humanos por la posible muerte de siete pacientes que requerían diálisis.
La presión social en las calles contra Pérez Molina ocurrió antes de que Baldetti renunciara a su cargo, al ser parte aparentemente de una red que realizaba cobros ilegales a empresarios y usuarios de los servicios aduaneros. Por este escándalo ya hay 21 detenidos, entre ellos el jefe del órgano recaudador de impuestos, Omar Franco, y su predecesor, Carlos Enríquez Muñoz.
Miles de guatemaltecos han incrementado las protestas en las calles contra la corrupción, pidiendo la cabeza del mandatario, quien ha dicho que no renunciará.
“Yo tengo un mandato constitucional y estoy dispuesto a cumplirlo", declaró Pérez Molina. “La solución" a la crisis institucional que vive el país no es cambiar a una persona", añadió.
“Fuera todos los políticos y empresarios corruptos”, “Renuncia, Tito (Pérez), la cárcel te espera”, “Cese a la corrupción” y “La vida y los derechos no son una mercancía”, son parte de las leyendas en carteles que la gente porta en las protestas.
Pérez molina ha tenido que sacudir su gabinete para satisfacer las presiones sociales. Destituyó a dos de sus ministros, aunque algunos analistas estiman que las presiones seguirán en los próximos días.
Tras la salida del ministro de Gobernación, destituyó al de Medio Ambiente, Michelle Martínez, de Energía y Minas, Edwin Rodas, así como el del jefe del servicio de Inteligencia del Estado, el exministro de Defensa Ulises Anzueto.
El mandatario se debilitó desde que respaldó a Baldetti antes de dimitir. El mandatario no quería renovar otro periodo de la CIGIG, un organismo adscrito a Naciones Unidas, y muchos calificaron la idea como un intento de evitar los escándalos que siguen saliendo a luz pública, que a juicio de manifestantes, podrían salpicarlo a él.
El organismo Acción Ciudadana, considera que Pérez debe dimitir, según el miembro de esta organización, David Gaitán, no solo por el clamor popular, sino por la relación directa que mantiene con Rodríguez, a quien nombró como presidente del IGSS y por lo tanto estaría al tanto de las anomalías.
Pérez ha dicho que la seguridad social del país se administra con autonomía, en un intento por desvincularse del caso, y reafirmó su disposición de terminar su mandato en 2016.
La corrupción escandalizó sobre todo a la clase media guatemalteca, que aunque es solo el 10% de la población, es influyente.
Harta de la impunidad, inseguridad ciudadana y falta de oportunidades económicas, la clase media empezó a protestar desde que en abril la CIGIG destapó el escándalo de defraudación aduanero que dejó fuera del Gobierno a la vicepresidenta Baldetti.
A esta clase se han sumado estudiantes, campesinos, patronales y sindicatos; quienes además claman por empleos; vigorizados por la renuncia de la vicepresidenta. Sin duda Guatemala vive su primavera árabe, donde las redes sociales son el vehículo para transportar a la gente a las calles, apoyados con iniciativas como la de Estados Unidos, de apoyar cualquier iniciativa contra la corrupción en los países que conforman el llamado triángulo norte centroamericano, como son Guatemala, El Salvador y Honduras; según el analista Marcelo Colussi.
Todo este movimiento encontró un escenario perfecto, el inicio de la contienda electoral que tiene al partido de gobierno Partido Patriota por el suelo, luego de que Alejandro Sinibaldi, candidato a la presidencia, al inicio de esta cadena de escándalos.
Los guatemaltecos ven el momento preciso para impulsar un cambio, no solo de Gobierno, sino constitucionales que le den otro rumbo al país.
