Katherine Haringhton Padrón. Esa es la abogada que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia escogió para sustituir a Luisa Ortega Díaz al frente de la Fiscalía, sin tomar en cuenta que ella reconoce no puede ocupar ese cargo porque su objetividad “está comprometida”.
La abogada, de 45 años, fue una de las funcionarias de confianza de Ortega Díaz y por ello tuvo varios casos emblemáticos, entre los cuales destacan el que se le sigue al alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, por supuestamente conspirar contra el Gobierno; y contra la exdiputada María Corina Machado, a quien consiguió que se le prohibiera salir del país.
Por las actuaciones anteriores el Gobierno de Estados Unidos la puso en su mira y fue incluida en la primera lista de funcionarios venezolanos sancionados por ser sospechosos de violar los Derechos Humanos y atentar contra la democracia, por lo cual le anularon su visa y anunciaron que le congelarían los bienes que pudiera tener en ese país.
En su momento Ortega Díaz cuestionó la decisión contra su entonces subalterna, por considerar que la misma buscaba intimidar a la Fiscalía; y acto seguido el presidente Nicolás Maduro la condecoró y la nombró Viceministra del Sistema Integrado de Investigación Penal, colocándola a las órdenes del general Gustavo González López (director del Servicio de Inteligencia), quien también fue sancionado y del que se asegura es pareja.
Precisamente por su paso por el Gobierno, Haringhton cree que estaba inhabilitada para volver a desempeñarse como fiscal y así se lo dejó en claro a Ortega Díaz en una misiva donde le pidió que la jubilara.
"Durante el año y medio que me desempeñé en el aludido cargo (Viceministra) lo hice con un evidente activismo político, propio de la misión que me fue encomendada por nuestro Presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, para el servicio y defensa de nuestra amada patria venezolana, sin duda mi actuar determinado compromete flagrantemente la debida objetividad que debe presentar un Fiscal del Ministerio Público en el desempeño de sus funciones”, escribió la funcionaria en la carta que el 29 de septiembre de 2016 le dirigió a Ortega Díaz para pedirle que le concediera el beneficio de la jubilación.
Descarga LA APP