A días de las elecciones generales del 30 de noviembre, Honduras avanza hacia una cita histórica marcada por un nivel de incertidumbre sin precedentes. El escenario electoral en Honduras no es solo una contienda por la Presidencia, es una prueba de fuego para la madurez democrática de la nación centroamericana, donde la tensión, la polarización y las advertencias de fraude se han convertido en protagonistas. En las últimas semanas, el país ha navegado en un frágil equilibrio entre la esperanza de un cambio y el riesgo de repetir episodios de violencia política del pasado.
Transformaciones del mapa partidario
El escenario político hondureño se ha reconfigurado. Atrás quedó el tradicional bipartidismo; hoy, la disputa se concentra en una apretada carrera donde tres figuras se encuentran en un virtual empate técnico según las encuestas más recientes. La oficialista Rixi Moncada representa al Partido LIBRE y busca asegurar la continuidad del proyecto iniciado por la presidenta Xiomara Castro. Su campaña enfatiza la continuidad: consolidar reformas sociales, profundizar el papel del Estado y movilizar a una base de izquierdas que ve en esta candidata una oportunidad para apuntalar transformaciones largamente postergadas.
En la oposición, la contienda es igualmente reñida. Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal, ha logrado posicionarse en primer lugar en varios sondeos. Su estilo comunicativo directo y su insistencia en “cambiar el rumbo” conectan con un electorado desencantado con las élites políticas y golpeado por la inseguridad, la precariedad económica y la falta de oportunidades. Su mensaje interpela a quienes buscan sancionar a los responsables del deterioro institucional y socioeconómico acumulado en la última década.
El tercer actor clave es Nasry Asfura, del Partido Nacional, quien intenta recuperar credibilidad tras los turbulentos años asociados a la administración de Juan Orlando Hernández. Su apuesta pasa por reivindicar su experiencia en gestión municipal y presentarse como un candidato pragmático, capaz de “ordenar la casa” y devolver estabilidad. Aunque su partido arrastra un profundo desgaste, su base sigue siendo relevante en un país donde las lealtades políticas tradicionales aún pesan.
Este empate técnico entre tres figuras con bases de apoyo sólidas y tonos de campaña muy distintos alimenta un ambiente político tenso. La posibilidad de que el resultado final dependa de márgenes mínimos aumenta el riesgo de que cualquiera de los candidatos denuncie irregularidades en caso de derrota. En Honduras, donde los cuestionamientos a procesos electorales pasados derivaron en conflictos abiertos, esta amenaza no es menor. En la recta final de la campaña, el discurso del fraude ha ido en aumento, alimentado por la desconfianza mutua entre partidos, el señalamiento constante al árbitro electoral y un ecosistema digital plagado de desinformación.
Un árbitro cuestionado
Las dificultades del Consejo Nacional Electoral (CNE) están en el centro de estas tensiones. La institución arrastra cuestionamientos por su falta de autonomía, conflictos internos y un presupuesto insuficiente que limita su capacidad técnica. Las elecciones primarias de marzo evidenciaron problemas serios: fallas logísticas, retrasos en la entrega de materiales, errores en los listados y fallos en el sistema biométrico. Este cúmulo de dificultades erosionó aún más la confianza ciudadana y encendió las alarmas en la comunidad internacional.
En medio de este clima, tres de los cinco candidatos presidenciales suscribieron un “Convenio Democrático para la Defensa del Voto”. Nasry Asfura (Partido Nacional), Salvador Nasralla (Partido Liberal) y Mario Rivera (Partido Demócrata Cristiano de Honduras) se comprometieron a proteger las actas en las juntas receptoras, evitar la manipulación de resultados y actuar como “guardianes del voto”. El acuerdo, promovido por la Plataforma Ciudadana Defensores de Honduras, busca asegurar que el escrutinio sea transparente. Más allá de su valor simbólico, refleja la necesidad de que los actores políticos demuestren responsabilidad en un entorno extremadamente frágil.
Las advertencias desde el exterior tampoco han pasado desapercibidas. Expertas de Naciones Unidas publicaron un comunicado a pocas semanas de los comicios solicitando garantizar elecciones “libres, justas y transparentes”. Señalaron, además, su preocupación por el clima de polarización, las agresiones contra la prensa, la reducción del espacio cívico y el uso de discursos hostiles que podrían detonar episodios de violencia. La secretaría general de la OEA, por su parte, instó a celebrar las elecciones “en la fecha establecida y en las mejores condiciones posibles”, una afirmación que deja ver inquietudes sobre eventuales intentos de interferencia en el calendario electoral.
Problemas de fondo: una democracia bajo presión
Mientras tanto, los problemas cotidianos de la población han quedado casi al margen del debate electoral. La inseguridad, el desempleo y el alto costo de vida continúan siendo las principales preocupaciones ciudadanas, pero las campañas han dedicado poco espacio a formular propuestas concretas que atiendan estas urgencias. El predominio de acusaciones cruzadas ha desplazado el contenido programático, reforzando la sensación de que la política hondureña está atrapada en una lógica de confrontación permanente.
El contexto electoral se cruza también con desafíos estructurales: altos niveles de violencia, debilidad del Estado de derecho, un prolongado estado de excepción que habilita detenciones sin orden judicial y un deterioro general de las garantías democráticas. Así, las elecciones se llevarán a cabo en un país que enfrenta simultáneamente una crisis de confianza en las instituciones, un sistema de partidos en transformación y una ciudadanía profundamente desencantada.
Un país ante dos caminos
Honduras llega así a las urnas en un punto de inflexión. Dos caminos posibles parecen perfilarse. El primero, el más deseable, implica una participación masiva, un escrutinio transparente y un resultado ajustado pero aceptado por todos los actores. El segundo camino, en cambio, abre la puerta a una nueva crisis de legitimidad que podría profundizar la inestabilidad política y
económica, comprometiendo aún más la capacidad del Estado para responder a las necesidades más urgentes de la ciudadanía.
La madurez democrática de Honduras será puesta a prueba este 30 de noviembre. Al final, la estabilidad dependerá tanto de la responsabilidad de los líderes políticos como de la presión ciudadana e internacional para que el resultado sea respetado. En un país donde la democracia ha sido históricamente frágil, cada voto contará, pero contará aún más la capacidad colectiva de aceptar el veredicto de las urnas.
Cecilia Graciela Rodríguez Balmaceda/Latinoamérica21
Cecilia Graciela Rodríguez Balmaceda es investigadora del Instituto de Iberoamérica, Universidad de Salamanca. Profesora en el Área de Ciencia Política y de la Administración, Universidad de Burgos.
