La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC) incluyó al fiscal Edward Roberts Campbell y de la jueza Paula Joaquina Rodríguez Sánchez en su lista de represores. Ambos funcionarios participaron directamente en el proceso judicial contra el exministro de Economía Alejandro Gil Fernández, condenado a cadena perpetua en Cuba.
La inclusión se debe a su función dentro del sistema judicial del régimen cubano, convertido en un instrumento de represión política y de castigo.
La FHRC documenta la responsabilidad individual de jueces, fiscales y otros funcionarios que contribuyen a la represión estatal. La incorporación de Roberts Campbell y Rodríguez Sánchez busca establecer constancia pública de su actuación y facilitar procesos de rendición de cuentas a nivel internacional.
Perfiles de los represores
Fiscal Campbell: Funcionario de carrera desde la década de 1980 y responsable del área de Enfrentamiento a la Corrupción e Ilegalidades, Roberts Campbell fue el encargado de sustentar la acusación que llevó a la condena de Gil. Su historial incluye cargos en fiscalías municipales, provinciales y militares. El fiscal también solicitó una pena de diez años de cárcel para la ciudadana Sulmira Martínez Pérez. A pesar de su historial, el fiscal ha participado en foros y seminarios internacionales.
Jueza Rodríguez Sánchez: Magistrada de la Sala de los Delitos de la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo Popular, Rodríguez Sánchez impuso la sanción de cadena perpetua al exministro. Su nombre se vinculó previamente a la revisión en casación de sentencias contra manifestantes del 11 de julio de 2021 en La Habana. Rodríguez Sánchez también integró delegaciones oficiales del régimen cubano ante organismos de Naciones Unidas para defender el sistema penal de la Isla.
La FHRC documenta la responsabilidad individual de jueces, fiscales y otros funcionarios que contribuyen a la represión estatal. La incorporación de Roberts Campbell y Rodríguez Sánchez busca establecer constancia pública de su actuación y facilitar procesos de rendición de cuentas a nivel internacional.
El exministro de Economía de Cuba Alejandro Gil fue condenado en primera instancia a cadena perpetua por espionaje y otros delitos económicos, informó este lunes el Tribunal Supremo Popular.
"El Tribunal le impuso la sanción conjunta a cumplir de privación perpetua de libertad", al "considerarlo responsable de los delitos de espionaje" y de "actos en perjuicio de la actividad económica", señaló el máximo órgano judicial de la isla en un comunicado publicado en su página de internet.
Al igual que sucedió cuando Gil fue imputado a comienzos de noviembre, la Corte Suprema no precisa en su comunicado en qué país o entidad se llevaron a cabo los actos de "espionaje" ni ofreció detalles de los delitos económicos.
Durante el proceso, Gil fue encontrado culpable de "cohecho, sustracción y daño de documentos u otros objetos en custodia oficial y violación de los sellos oficiales e infracción de las normas de protección de documentos clasificados, estos últimos de carácter continuado", se limitó a agregar el Tribunal Supremo.
FUENTE: Redacción