El ICLEP documentó 1.188 violaciones durante 2025, un incremento de 54,7% que refleja el endurecimiento de la persecución del régimen cubano
Imagen referencial.
CANVA Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa.
ICLEPMIAMI_ La represión contra quienes expresan opiniones críticas en Cuba se intensificó durante 2025. Así lo refleja el más reciente informe del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), que registró 1.188 violaciones a la libertad de expresión y de prensa, la cifra más alta documentada por la organización en los últimos años.
El reporte, muestra un incremento de 54,7% respecto a 2024 y describe un escenario en el que el régimen cubano amplió los mecanismos de control y castigo contra periodistas independientes, opositores, activistas y ciudadanos comunes.
Para el ICLEP, las cifras confirman que la represión dejó de estar dirigida exclusivamente a la disidencia organizada y alcanzó a cualquier persona que denuncie los problemas cotidianos que enfrentan los cubanos.
El informe señala que las detenciones arbitrarias se convirtieron en una de las principales herramientas represivas utilizadas por las autoridades.
Durante 2025 se documentaron 386 arrestos arbitrarios, más del doble de los registrados el año anterior. A ello se suman cientos de casos de amenazas, vigilancia, interrogatorios, citaciones policiales e intimidación contra familiares de quienes mantienen una postura crítica frente al régimen.
"La dictadura no reforma sus prácticas represivas; las perfecciona", afirmó Normando Hernández, director general del ICLEP, al presentar el balance.
Según el documento, el régimen recurre cada vez más a procesos judiciales, sanciones administrativas y condenas penales para castigar la disidencia y reducir el costo político de las acciones represivas ante la comunidad internacional.
Uno de los hallazgos más preocupantes del informe es la ampliación del perfil de las víctimas.
Además de activistas y periodistas, numerosos ciudadanos sin afiliación política fueron objeto de represalias por publicar comentarios en redes sociales, denunciar apagones, grabar largas filas para adquirir alimentos o participar en protestas relacionadas con la crisis económica.
El ICLEP documentó un aumento significativo de las acciones represivas vinculadas a manifestaciones ciudadanas, así como numerosos incidentes contra personas que participaron en actividades religiosas.
La organización sostiene que el miedo, la vigilancia y la autocensura continúan expandiéndose en una sociedad golpeada por la escasez, los apagones y el deterioro de las condiciones de vida.
El informe también expone las dificultades que enfrentan los medios independientes para continuar operando dentro de Cuba.
Las agresiones, citaciones, campañas de descrédito y amenazas contra comunicadores se mantuvieron durante todo el año, en un contexto en el que cada vez más periodistas se ven obligados a abandonar el país para continuar ejerciendo su profesión.
Entre los casos destacados figuran el hostigamiento contra las periodistas Camila Acosta y Yunia Figueredo, así como acciones contra otros reporteros y medios que informan al margen de la narrativa oficial.
Asimismo, el documento recoge denuncias sobre las condiciones de encarcelamiento del líder opositor José Daniel Ferrer y otras figuras críticas del régimen.
La capital cubana concentró cerca del 40% de las violaciones documentadas, seguida por las provincias de Matanzas y Villa Clara.
Sin embargo, el ICLEP advierte que las cifras reales podrían ser mucho mayores debido al temor de las víctimas a denunciar y a las dificultades para documentar los abusos en varias regiones del país.
"Las cifras que presentamos son el piso, no el techo, de lo que realmente ocurre en Cuba", señala el informe.
La organización considera que la situación podría empeorar durante el próximo año si persisten la crisis económica y los actuales patrones represivos.
El informe proyecta que las violaciones a la libertad de expresión y de prensa podrían superar las 1.500 en 2026, con una mayor utilización de los tribunales para criminalizar la disidencia y un control más sofisticado sobre los espacios digitales.
Ante este escenario, el ICLEP pidió a los organismos internacionales de derechos humanos y a los gobiernos democráticos mantener la atención sobre Cuba y exigir el cese de la persecución contra periodistas, activistas y ciudadanos que ejercen derechos fundamentales.
FUENTE: Con información de El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP)
Descarga LA APP