Venezuela, en medio de una crisis política y económica sin precedentes, con creciente aislamiento internacional, está a punto de sufrir una costosa derrota en su litigio por el territorio del Esequibo actualmente bajo control de Guyana.

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El gobierno guyanés espera la visita en la segunda semana de abril del noruego Dag Halvor Nylander, quien fue designado el 27FEB17 como representante personal del Secretario General de la ONU, António Guterres, para actuar como mediador entre Venezuela y Guyana en procura de una solución a la “controversia limítrofe”.

El saliente Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, con la aceptación de su sucesor António Guterres, decidió el 16DIC16 mantener el esquema de “buenos oficios” entre Venezuela y Guyana, mecanismo vigente desde 1989 y que a juicio de los guyaneses ha resultado infructuoso. Ban y ahora Guterres han decidido que “si hacia fines de 2017, el Secretario General concluyera que no se ha logrado un avance significativo hacia un acuerdo completo para la solución de la controversia, elegirá la Corte Internacional de Justicia como el próximo medio de solución, a menos que los Gobiernos de Guyana y Venezuela, en forma conjunta, solicitaran que se abstenga de hacerlo”. Esa decisión que afecta la posición histórica venezolana de rechazar una instancia internacional para el caso del Esequibo, fue recibida por la cancillería de Nicolás Maduro como una "victoria de la Diplomacia Bolivariana".

Dado que la posición de Guyana es justamente llevar el contencioso a una instancia judicial internacional, es muy probable que el tema del Esequibo finalmente salga de manos del Secretario de la ONU, deje de ser un asunto de solución bilateral y pase a manos de la Corte Internacional. La visita de Nylander a Georgetown, que deberá ser seguida de un viaje a Caracas, es el inicio formal de los escasos nueve meses que le fueron otorgados para lograr un improbable “avance significativo”. Si bien existen opiniones de experto juristas venezolanos quienes sostienen la imposibilidad de que la CIJ se aboque al caso sin el consentimiento de Venezuela, el gobierno Maduro no ha mostrado ninguna iniciativa más allá de tender al congelamiento del tema lo cual juega a favor de Guyana, país que aspira convertirse en una potencia petrolera a expensas del territorio bajo disputa con Venezuela.

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La canciller de Colombia, María Angela Holguín, y el ministro de la Defensa Luís Carlos Villegas, comparecieron el 05ABR17 en una sesión de la Comisión Segunda del Senado colombiano solicitada por senadores uribistas con respaldo de senadores oficialistas. El tema de la sesión fue la presencia de tropas militares venezolanas en territorio del departamento colombiano de Arauca a finales del mes de marzo. Holguín asistió a la sesión acompañada del Embajador de Colombia en Venezuela, Ricardo Lozano, quien permanece en Bogotá desde el 31MAR17 cuando fue llamado a consultas tras la decisión del Tribunal Supremo de Justicia TSJ venezolano de anular las facultades de la Asamblea Nacional. El presidente colombiano Juan Manuel Santos rompió su usual silencio sobre la crisis venezolana, cuando censuró como “inaceptable” la decisión del TSJ y se refirió a la necesidad de una “transición pacífica” en Venezuela, dando por sentado la necesidad de un cambio de gobierno. La presencia del embajador Lozano en la sesión de la comisión senatorial colombiana del 05ABR17 era, en sí misma, una señal del estado de rápido deterioro de las relaciones entre los dos gobiernos.

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Para el gobierno de Colombia, la instalación de un campamento con decenas de militares venezolanos en el margen derecho del rio Arauca no fue una “confusión de dónde es el límite”. Ante los senadores que la habían convocado, la canciller Holguín afirmó que “es una provocación que desafortunadamente estamos seguros que se va a dar cada día más, por la misma situación en la que está el Gobierno venezolano”. De esta manera Holguín expresó públicamente la hipótesis que en privado manejó el alto gobierno colombiano durante la crisis del Arauca: la acción militar en la frontera había sido planificada desde altas instancias políticas y militares del régimen chavista en procura de una crisis externa. Tanto Holguín como el ministro de Defensa colombiano informaron al comité senatorial que Colombia permanece en “alerta” militar y diplomática aunque aseguraron que se manejan con “precaución” y “prudencia” para evitar un choque armado con el país vecino. Holguín emitió una frase lapidaria sobre el gobierno Maduro: “no estamos frente a un país con el cual se pueda tener una relación normal, por la misma situación interna que tiene Venezuela". El gobierno Maduro mantiene rotos, desde hace más de un año, los canales de trabajo bilateral con Colombia sobre temas críticos como límites, comercio, seguridad fronteriza, mientras la frontera terrestre pronto cumplirá dos años de permanecer total o parcialmente cerrada.

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Al día siguiente de su comparecencia al Senado de su país, la canciller colombiana viajó a Montevideo para cumplir una visita oficial de trabajo con su colega Nin Novoa. La rueda de prensa dada por Holguín y Novoa en la sede de la cancillería uruguaya el 06ABR17, fue una nueva ocasión para comprobar el aislamiento y la confrontación que la diplomacia de Maduro ha creado incluso con gobiernos como el de Tabaré Vásquez que hasta hace poco le ofrecían comprensión y hasta respaldo político internacional. Novoa dejó saber que incluso el Embajador de Maduro en Montevideo, Julio Chirinos, violando las usuales prácticas y responsabilidades diplomáticas, suele ignorar las convocatorias que la cancillería uruguaya le ha hecho.

Luego que Uruguay se sumara a Argentina, Brasil y Paraguay para aplicar la cláusula democrática al gobierno venezolano el 01ABR17, y que la representación uruguaya apoyara en la OEA la convocatoria de una sesión extraordinaria sobre Venezuela, el gobierno chavista inició su usual rutina de ataque y descalificación, esta vez contra el canciller uruguayo intentando mostrarlo como si actuara de espaldas al presidente Vázquez. Novoa “agrede a Venezuela, coordina con el Departamento de Estado las posiciones contra Venezuela, coordina con la embajadora de Estados Unidos en Montevideo la agresión contra Venezuela, y guarda silencio de las masacres en otros países” afirmó Maduro en uno de sus casi diarios show televisivos el 02ABR17. En una poco frecuente comunicación escrita firmada por el propio presidente uruguayo, ese país exigió a Maduro ofrecer disculpas a Novoa a la vez que calificó como “dañadas” el estado de las relaciones entre Uruguay y Venezuela. Vázquez no ha aceptado recibir llamadas telefónicas de Maduro. El ataque contra Novoa hizo que incluso sectores prochavistas de la alianza gobernante optaran por defender al canciller de su país.

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Actualmente los embajadores de Chile y Colombia ante el gobierno de Venezuela permanecen en sus respectivas capitales, sin fecha prevista para su regreso a Caracas. Tanto Juan Manuel Santos como Michel Bachelett han querido dejar constancia de su malestar ante el régimen chavista. Paraguay (al igual que Costa Rica) decidió anteriormente retirar definitivamente su Embajador en Caracas y la misión está en manos de un encargado de negocios con menor rango diplomático. Salvo con Ecuador, Bolivia y Surinam, el gobierno Maduro está de pleitos con todos los gobiernos de Suramérica. Los cuatro miembros fundadores de Mercosur ya no convocan a la canciller de Maduro a las reuniones del grupo. La exclusión de Venezuela quedó especialmente patente en el encuentro celebrado el 07ABR17 en Buenos Aires en el cual participaron los cancilleres de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay con sus colegas de Colombia, Chile, Perú y México, en una aproximación entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico que reuniría las principales economías al sur de EEUU.

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Tal como adelantara el Informe Otálvora del 18MAR17, la llegada el 01ABR17 del representante boliviano, Diego Pary, a la presidencia rotatoria trimestral del Consejo Permanente de la OEA, conllevaría un intento para impedir la celebración de un debate sobre Venezuela en el organismo panamericano. A solicitud de 21 gobiernos del total de 34 miembros, el 31MAR17 fue convocada una sesión extraordinaria del Consejo Permanente para conocer y aprobar una resolución sobre la crisis en Venezuela, acentuada por la decisión del TSJ contra la Asamblea Nacional. El lunes 03ABR17, en su primer día laboral como Presidente del Consejo Permanente, el representante boliviano decidió suspender la sesión que debía tener lugar en pocas horas y en la cual incluso participaría la canciller de Argentina, Susana Malcorra, quien era portadora de un pronunciamiento colectivo del Mercosur. La maniobra de la “diplomacia” chavista fue capitaneada por un funcionario novato, lenguaraz y notoriamente desconocedor de los vericuetos reglamentarios, el historiador Samuel Moncada, recientemente enviado por Maduro a Washington para enfrentar al Secretario de la OEA Luis Almagro. La cancillería chavista creyó que con la connivencia de Bolivia y Haití podría frustrar la reunión. Pero, apelando a la letra de los reglamentos de la OEA, un grupo mayoritario de países, ante la ausencia del boliviano y del vicepresidente haitiano, decidieron sesionar bajo la presidencia del representante de Honduras, el embajador Leonidas Rosa Bautista. El documento aprobado afirma que en Venezuela se vive una “alteración inconstitucional del orden democrático”, por lo cual se aprueban diversas acciones diplomáticas contempladas en la Carta Interamericana Democrática. La OEA urgió al gobierno Maduro a “actuar para garantizar la separación e independencia de los poderes constitucionales y restaurar la plena autoridad de la Asamblea Nacional” en Venezuela. Maduro y su canciller anunciaron que no reconocían el contenido del acuerdo de la OEA.

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